El escenario de volver a plasmar nuestro voto, en esta segunda vuelta, está a punto de concretarse. Vivimos los últimos días de un controvertido proceso electoral que definirá al próximo presidente de la república y a sus vicepresidentes para el siguiente quinquenio. Por ello, conviene recordar que nuestras decisiones democráticas, aunque inevitablemente mediadas por afinidades y simpatías, deben sustentarse principalmente en razones que justifiquen nuestra elección.
La democracia no consiste únicamente en elegir personas, sino también proyectos políticos. Por ello, para madurar una elección razonable es indispensable configurar nuestro juicio como votantes a partir del conocimiento de las propuestas y los argumentos que los candidatos han ido presentando a lo largo de este proceso electoral.
Por ello, votar con criterio implica, necesariamente, votar informados.
Sin embargo, la abundancia de información propia de una campaña electoral puede dificultar la identificación de aquello que resulta verdaderamente relevante para la decisión ciudadana. Más aún, si hemos postergado esta tarea durante gran parte del proceso.
En ese sentido, una referencia objetiva para tomar una decisión informada es la revisión de los planes de gobierno de los candidatos. Este documento, elaborado y presentado por las organizaciones políticas, propone —sobre la base de un diagnóstico y una visión de desarrollo— objetivos, lineamientos, acciones, estrategias y metas para el ámbito nacional.
El plan de gobierno constituye la promesa pública que una organización política formula ante la ciudadanía. En él se expresa no solo la visión de país que impulsa una candidatura, sino también los compromisos concretos con los que posteriormente podrá evaluarse el desempeño de quienes resulten elegidos. Conocer este documento permite comprender cómo cada candidato interpreta los problemas nacionales y cuáles son las soluciones que propone para enfrentarlos.
Elegir con base en un proceso de información adecuado sobre programas políticos suele denominarse voto programático. Votar según un programa supone valorar las distintas alternativas políticas a partir de sus propuestas, evaluando qué programa de gobierno ofrece mejores condiciones para promover el desarrollo del país y afrontar sus principales desafíos.
Votar programáticamente implica, además, comprometerse con una determinada visión de país. Ello configura una actitud ciudadana activa que no concluye el día de la elección, sino que se proyecta durante el ejercicio del gobierno. Quien vota programáticamente adquiere también la legitimidad para exigir una representación programática, es decir, para demandar que las autoridades elegidas procuren cumplir, dentro de los márgenes de la prudencia política y las circunstancias cambiantes de la realidad, las promesas que motivaron el respaldo ciudadano.
De esta forma, el plan de gobierno cumple una función fundamental como promesa pública y hoja de ruta. Nos permite saber, al menos preliminarmente, a qué atenernos frente a una candidatura u otra. Precisamente por razones de previsibilidad y seguridad democrática, nuestra legislación establece que, una vez presentado oficialmente, este documento no puede ser modificado.
Este punto resulta especialmente relevante en nuestro contexto político debido a que hace unos pocos días, una de las fuerzas políticas que sigue en carrera, ha decidido, al parecer desde la improvisación, cambiar de buenas a primeras su plan de gobierno, con la finalidad de reorientar la decisión de los indecisos, pero esto acarrea graves consecuencias.
Cuando una fuerza política modifica sustancialmente los compromisos con los que solicitó el voto ciudadano, se debilita la capacidad de los electores para evaluar propuestas y exigir después el cumplimiento de aquello que justificó su elección. Se erosiona, en definitiva, el vínculo de confianza que debe existir entre representantes y representados.
Basar nuestra decisión electoral en propuestas políticas previsibles y públicamente conocidas permite que los ciudadanos actuemos con mayor responsabilidad y conciencia. Supone tomarnos en serio la democracia, fortalecer la rendición de cuentas y promover una cultura política sustentada en la planificación y el compromiso, en lugar de la improvisación y el oportunismo. Porque una ciudadanía que vota a partir de programas de gobierno no solo elige mejor, sino que también contribuye a construir una democracia más sólida y exigente.