“¿Y si postulo a la alcaldía?”

Fernando Mendoza Banda
Abogado, especialista en gobiernos municipales y regionales

Sí, quisiera ser alcalde y mi lema de campaña sería: “Orden y autoridad”. En un Estado de derecho –condición que se pretende pero que no se logra hasta ahora– hay valores superiores que deben prevalecer. Es necesario contar con una autoridad revestida de poder, pero este poder debe ser ejercido dentro de los límites que impone la ley.

Por el criterio de subsidiaridad, establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, son las municipalidades el tipo de gobierno más cercano a la población. Esta norma establece que el municipio es el encargado de “promover la prestación de servicios públicos”, es decir, no se obliga a que los brinde de manera directa, y eso debería ser la regla: terceros privados de manera indirecta pueden, muy bien, prestar los servicios públicos.

La propuesta para el gobierno municipal de una ciudad sería pragmática, con una fuerte priorización del bien común y no de los intereses particulares o de grupos. En primer lugar, se suprimiría todo tipo de celebración que signifique gasto de recursos públicos. Ya no habría celebraciones ni agasajos por Fiestas Patrias, Día de la Madre, Día de la Mujer, Día del Padre, Día del Trabajador Municipal, Día del Niño o Navidad; nada. Cualquier agasajo correría por cuenta de los privados.

¿Qué espera un vecino, un ciudadano noble y leal de su municipalidad? Una ciudad limpia, ordenada, buenas pistas, parques, lugares bien definidos de recreación activa y pasiva, un servicio de transporte público eficiente, tránsito ordenado y, hoy más que nunca, seguridad. No quiere regalos ni dádivas.

Es difícil sectorizar la labor de una municipalidad en ornato, limpieza, tránsito, transporte, seguridad, recreación pasiva y activa o servicios administrativos rápidos. Una cosa lleva a la otra, la deficiencia en uno de estos aspectos afecta a los demás, es como un efecto dominó.

La autoridad municipal, en uso del poder que le otorga la ley, debería poner orden para que no se ocupe la vía pública con fines particulares, por ejemplo, como espacio improvisado de talleres clandestinos de mecánica automotriz. También debe imponer su autoridad en las tiendas de abarrotes que fomentan el consumo de bebidas alcohólicas en la calle y en los parques, lugares que no cuentan con servicios higiénicos y que muchas veces son testigos de escenas obscenas y bochornosas.

Por otro lado, se debería fomentar la existencia de lugares de recreación activa, con camerinos, baños y un tópico de salud, para que los ciudadanos puedan hacer deporte.

Es evidente la priorización de los intereses particulares en el caso del transporte público. Se admite el uso de unidades vehiculares inapropiadas y sucias, con choferes impresentables y también sucios, además de malcriados, que no respetan a los usuarios.

Se debería implementar semáforos con cámaras para emitir fotopapeletas, el Reglamento Nacional de Tránsito lo permite, y la sanción para quien no respete el semáforo de manera reiterada ya no debería ser la multa, sino que se debe destruir el vehículo y castigar al infractor con la inhabilitación perpetua para prestar algún servicio público.

Debe implementarse una aplicación tecnológica donde cada ciudadano que inicia un trámite administrativo reciba, dentro del plazo previsto, una respuesta a través de un mensaje a su celular. De este modo, el ciudadano sabrá si el pronunciamiento de la municipalidad es positivo o negativo o persiste el silencio administrativo a su solicitud.

Hay muchas cosas que se pueden hacer en una municipalidad con las leyes existentes, lo único que hace falta es ejercer la autoridad en beneficio del bien común. Ahora bien, seguro muchos se preguntarán por qué no postulo a una alcaldía; la respuesta es simple: no tengo dinero para gastar en propaganda para la campaña electoral. Ojo, es un gasto y no una inversión que se debe recuperar. Además, la remuneración de un alcalde es baja y, cuando termina su gestión debe regresar a sus labores anteriores pero, con las limitaciones que le impone la ley para volver a trabajar, le resultará difícil hacerlo.

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