Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo.
Si revisamos la Enaho del Inei y observamos la evolución de la incidencia de la pobreza monetaria, sobre el total de la población, encontraremos que en 2022 alcanzamos un 27,5 %, llegando a la misma proporción que teníamos en 2011. Es decir, que podríamos hablar del retroceso de una década de lucha contra la pobreza, debido en gran medida a la pandemia.
Lo que permitió llegar a tener una incidencia de pobreza de 20.2 % en 2019, la más baja en la historia reciente del país, fue el fuerte y constante crecimiento económico que promedió el 4.5 % desde el año 2000, para ello la inversión extranjera fue determinante, inversión que hoy se muestra esquiva por la inestabilidad política de nuestro país.
La ausencia de seguridad jurídica para los inversionistas está haciendo que la inversión abandone el país, causando los mayores estragos en materia de empleo. Por más que nos ufanemos de la fortaleza del sol frente a las otras monedas de la región, gracias a una sana política monetaria y macroeconómica, no es el único punto en la agenda y deberíamos tener una agresiva política de atracción de la inversión, de la que actualmente carecemos.
Sencillamente, no hay proyectos de gran calado que promuevan la inversión. Todo parece indicar que Majes – Siguas II obtuvo una estocada final la semana que pasó, cuando el Grupo Cobra anunció que buscará un arbitraje internacional con el Estado peruano. Entre tanto, el Gobierno Regional de Arequipa inició la nulidad del contrato de usufructo a la Compañía Zafranal sobre los terrenos del proyecto minero; así las cosas, nadie parece ser responsable de atender esta difícil coyuntura, que podría dejarnos como resultado indicadores sociales más deteriorados el próximo año.
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