Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
La semana pasada fue horrible para la presidenta Dina Boluarte. El Congreso le impidió acudir a la 79.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, cita obligatoria para los jefes de Estado del mundo, donde deben dar cuenta de la situación de sus respectivos países y la aplicación de la agenda 2030. La mayoría de los congresistas justificó su decisión aludiendo la poca atención que tuvo el Ejecutivo en detener los peores incendios forestales que sufre la selva amazónica, que pasa por su peor sequía en décadas.
Este tipo de vetos se van a seguir presentando más a menudo debido a que, entre más pronto llegue el 28 de julio de 2025, los congresistas no van a necesitar a Dina para mantenerse en el cargo –por ley, el presidente no puede cerrar el Congreso un año antes del próximo periodo–, Dina lo sabe y por eso está nerviosa. Como los congresistas están en campaña de reelección, van a tratar de limpiarse la cara sumándose al cargamontón que ya existe en la opinión pública contra la gestión de Dina.
Con las investigaciones abiertas en el Ministerio Público, la idea de dejar el poder antes de 2026 no le suena mucho a la presidenta, por ello, con cierta astucia, decidió invitar a Alejandro Narváez, líder de izquierda, para que presida Petroperú, lo que generó la renuncia en pleno del directorio de la compañía, porque con ese nombramiento la presidenta habría optado por un rescate con recursos provenientes del Gobierno, sin muchos compromisos de fondo de por medio, lo que alargaría su crisis.
Así las cosas, todo parece indicar que, por defenderse, Dina está hipotecando la política energética del país y los platos rotos los pagaremos los contribuyentes.
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