Manuel Bedregal Salas
Presidente del Instituto de Economía de Arequipa, IPE Arequipa
El daño causado a la economía de Arequipa por el pésimo manejo del proyecto Majes-Siguas es inmenso e irreparable. Ahora, los políticos de turno anuncian que se ejecutará Majes III, cuando lo que realmente existe es una infraestructura de riego sin mantenimiento, que requiere 4 mil millones de soles –unos 1100 millones de dólares– para su rehabilitación, además de un arbitraje en curso que podría costarnos 1400 millones de dólares y mantiene paralizada la segunda etapa.
Si sumamos lo ya invertido en Majes I al costo estimado de su reparación, obtenemos las tierras irrigadas más caras que en cualquier otra parte del mundo: 180 000 dólares por hectárea. Este dinero jamás será recuperado.
No perdamos de vista que existe Autodema, una autoridad dedicada al proyecto que, a pesar de contar con 700 trabajadores, ha fracasado. Si el proyecto pasa a la administración del Gobierno central, este organismo inútil debería ser desactivado.
El proyecto se inició en 1973, hace ya 52 años. Quienes peinamos canas somos testigos del impacto económico que generó la construcción de la primera etapa. Se avanzó dentro de los plazos y costos previstos, con la tecnología más avanzada de ese momento. Había decisión política y autoridad. La adjudicación por sorteo de minifundios de 5 hectáreas fue otra falla, pero merece una discusión aparte.
Los problemas comenzaron en 2003, cuando el proyecto pasó a manos del Gobierno Regional de Arequipa. Pese al deficiente diseño, a la falta de previsión ante la reacción de Espinar –que generó una demanda constitucional–, a los daños ocasionados por las filtraciones en las pampas de Siguas y a la falta de expropiaciones necesarias, se firmó un contrato de concesión para viabilizar la segunda etapa con 13 adendas. Su inejecución es responsabilidad compartida con el concesionario, que –contratos aparte– conocía bien los riesgos.
Los expresidentes Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski e, incluso, Martín Vizcarra, posaron para la foto “destrabando” y “reactivando” el proyecto, pero sin resultados tangibles. Los gobernadores regionales, muy fotogénicos también, fueron igualmente incapaces de sacarlo adelante.
A pesar de los trágicos fracasos de la inversión pública –tanto en proyectos por administración directa como en las mal llamadas “alianzas” público-privadas–, no se ha hecho nada por cambiar el sistema: no se reforma el Estado, no se establecen normas que prioricen la meritocracia ni se sanciona el nepotismo. Todo sigue igual.
¿Cuánto más debemos pagar para aprender? Tal vez los ciudadanos no somos capaces de dimensionar el daño causado por la ineficiencia estatal porque no nos afecta directamente, o quizás estamos demasiado ocupados intentando sobrevivir. Sin embargo, tampoco la sociedad civil, los colegios profesionales ni la academia, se han pronunciado.
Estoy convencido de que el control ciudadano sobre la acción del Estado es fundamental para garantizar que nuestro dinero se utilice correctamente. Mientras nos mantengamos ajenos o al margen, seguiremos siendo parte del problema. Unamos esfuerzos para actuar, hagamos propuestas concretas. Exhibamos los problemas sin hipocresía y seremos parte de la solución.
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