Rafael Santa María D’Angelo
Decano de la Facultad de Derecho – UCSP
El coronavirus llegó al Perú y nos cogió a todos desprevenidos. El Gobierno peruano, a los pocos días de la alerta internacional de pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), decretó el Estado de Emergencia, sumando al aislamiento social, la inmovilización social obligatoria, también conocida como toque de queda.
Con unas medidas más preventivas que terapéuticas, las políticas estatales tendían a evitar el contagio y la propagación del virus, en el entendido que, con los pocos recursos y precariedad del sistema sanitario peruano, resultaría imposible una atención a un número mayor de infectados del COVID19.
Una mirada actual a las atenciones terapéuticas nos muestra ya la realidad avizorada: no se tienen las pruebas suficientes para las personas con síntomas de infección, la realidad de los infectados crece exponencialmente y también el número de fallecidos. El personal médico es insuficiente y el que se tiene en servicio permanente no cuenta con el equipamiento básico.
Ciertamente esta lectura no reduce los esfuerzos de lograr consensos nacionales, regionales y locales, promovidos por el Gobierno con los denominados Comandos COVID19, para sumar todos los esfuerzos en atenciones médicas para quienes más lo necesiten.
Ahora bien, en esta situación de emergencia: ¿cuál es la justificación del Gobierno para aprobar una Resolución Ministerial que busca “finalizar el embarazo, en cualquier momento en caso que se encuentren en riesgo la vida de la gestante infectada por COVID19”? ¿Acaso por “curar” a una paciente se tiene que eliminar a otra (reconocida como sujeto de Derecho)?
El gasto público en este tiempo debe ser muy preciso y minucioso, especialmente ante tanta necesidad médica: ¿Tiene sentido distribuir gratuitamente la píldora del día siguiente “a todas las usuarias que lo requieran, incluyendo adolescentes, sin necesidad de tener historia clínica y sólo a través de padrones”?
Un punto a precisar es que el Estado de Emergencia limita constitucionalmente algunos derechos fundamentales, pero no están limitados el derecho a la vida ni la patria potestad de los padres ante los hijos.
Pasando otra tema, serán más de 100 días que los peruanos estaremos “dentro de casa”. Circulan en las redes y en los medios de comunicación videos y fotografías que muestran desacatos sociales a este periodo y casos particulares que “absolutizados” se vuelven en la justificación del Gobierno para ampliar continuamente el Estado de emergencia. No dejemos de apreciar que estas medidas tienen sus consecuencias.
Así, es necesario dar una mirada al “peruano de a pie” que vive del día a día y no tiene literalmente que comer; al padre y la madre que deben laborar atender a los hijos en casa, con sus clases y tareas virtuales, además de trabajar contando con una sola computadora y – en muchos casos – sin esta; al empresario que mantiene cerrado su negocio y debe pagar planilla, y para reabrirlo tiene un protocolo tan extenso que lo podría llevar a la quiebra. Todas estas expresiones y más tienen un común denominador: la familia, principal protagonista en la lucha de esta pandemia.
Sin dejar de atender algunas situaciones de violencia y conflicto familiar, presentes incluso antes del arribo de la pandemia, la realidad familiar nos presenta un potencial irremplazable en el desarrollo humano.
Políticas de bonos familiares, reactivación laboral, licencias justificadas de labores, traslado de colegios privados a públicos, entre muchos más esfuerzos que se realizan nos muestra el esfuerzo del Gobierno nacional ante esta circunstancia.
Por último, una mirada en aquello que se nos viene. Lo más seguro es que no podremos vivir en adelante como si esto no hubiera pasado. La enseñanza tan grande que nos dejará el COVID19 muestra dos frentes muy claros: i) La necesidad de pasar de la coacción al deber. Medidas promovidas por el Estado como la cuarentena o el toque de queda son excepcionales, la regla es saber responder sin necesidad de éstas, donde prevalece el solo deber (lo bueno se debe hacer porque corresponde y no porque lo imponen); ii) Saber que una convivencia humana requiere de la consideración del otro, no podemos vivir aislado en nuestro propio “yo”, necesitamos ver al “tú”, como otro “yo”, consciente que no existe ni existirá realización personal ni como país sin una mirada al bien común. Así lograremos una mejor convivencia humana “sin virus”.