Fernando Mendoza Banda
Abogado, especialista en gobiernos municipales y regionales
Se cumplieron seis días de la declaratoria del estado de emergencia en la provincia de Arequipa —por el aumento de la criminalidad—, y recién llegaron efectivos policiales de Lima, con desfile y presentación en la Plaza de Armas; claro, ocasionando caos vehicular sin respeto alguno a la ciudadanía arequipeña. Este solo hecho evidencia que realmente somos una “república bananera” y además, centralista, a más no poder.
La RAE, en su segunda acepción de la palabra “pantomima”, la define como “farsa” (acción realizada para fingir). De alguna manera, se hubiese justificado traer personal policial de Lima si la “circense” presentación de la PNP hubiese sido para mostrar a las bandas criminales y a sus integrantes detenidos y con proceso penal abierto; pero no fue así.
La justificación de los veinte días de emergencia se ha sustentado con un informe policial; pero ese plazo (que se ha fijado la propia policía), ¿será suficiente para mostrar resultados? De no ser así, esto no pasaría de ser una pantomima.
El profesor argentino Roberto Dromi describe como uno de los valores esenciales de un Estado de derecho a la “eficiencia”, que en resumidas cuentas sirve para: “lograr una administración racional del bien-estar general, no a una administración pasional del mal-estar común, acosada de legalismo y burocratismo con estructuras excesivas y obsoletas”.
Es evidente que, en la actualidad, el sistema penal peruano es obsoleto para nuestros tiempos de salvajismo y anomia social. La seguridad ciudadana es una responsabilidad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. Mientras que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana no es otra cosa que diluir esta responsabilidad entre los gobiernos regionales y locales, e inclusive en los mismos ciudadanos, quienes no cuentan con la competencia para poder actuar en contra de la criminalidad.
También es cierto que la PNP, la Fiscalía y los jueces están de manos atadas para hacerle frente a los criminales, quienes, con desprecio por la ley, terminan protegidos por ella. Sí, las actuales leyes atan de manos a las autoridades y dan carta blanca al accionar de los delincuentes. La policía debería contar para su patrullaje, con armas de largo alcance y cambiar el color de su actual uniforme, que sólo sirve para mimetizarse con el entorno y resta la capacidad disuasiva que conlleva su uso.
Las municipalidades y sólo ellas, porque los gobiernos regionales aún no tienen explicación para su existencia, deben avocarse a su finalidad, la de prestación y mantenimiento de los servicios al ciudadano y ejercer de manera plena y efectiva su facultad sancionadora administrativa, con multas severas como una finalidad preventiva.
Por ejemplo, los choferes del servicio de transporte público no obedecen la luz roja del semáforo; asimismo, la ley y reglamento que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, califica como infracción muy grave facilitar y consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y dentro de vehículos motorizados. Por lo tanto, perseguir y sancionar, sin misericordia, estas y otras actividades es función de las municipalidades y deberían hacerlo de inmediato; instalando cámaras de videovigilancia en la vía pública y en los semáforos, para aplicar la fotopapeleta que, además, está permitida en el Reglamento Nacional de Tránsito vigente.
La declaratoria del estado de emergencia, que significa suspender y limitar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos para, según dice, combatir la delincuencia, es como bombardear una ciudad con el pretexto de aniquilar una célula terrorista; donde justos pagan por pecadores.