Germán Chávez Contreras
Economista y profesor principal del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo
A un mes de las elecciones generales, debemos asumir la responsabilidad de analizar las propuestas de los 36 candidatos presidenciales. El país afronta un proceso electoral en el que no solo se elegirá la fórmula presidencial, sino también a senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. Es, sin duda, un complejo escenario electoral, que exige de nosotros mucha responsabilidad y amor al Perú.
Las propuestas políticas con incidencia económica deben analizarse bien antes de emitir nuestro voto, porque podrían afectar la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país, logrados a lo largo de los últimos 30 años. Gracias a esos fundamentos —y a pesar de factores externos, como la geopolítica, y del ruido político interno—, el Perú mantiene una economía reconocida por muchos como sólida.
Los candidatos se han dado cuenta del magnífico nivel de nuestras reservas internacionales netas (RIN), que están en el orden de los 90 mil millones de dólares, equivalente a más de 18 meses de importaciones del país. ¡Cuidado con echar mano de las RIN!, porque aumentaría inmediatamente el riesgo país, que es uno de los más bajos de la región (144 puntos básicos) y nos permite manejar costos financieros adecuados para fomentar la inversión privada en el Perú.
Han visto también que el déficit fiscal que fue del 2.2 % del PBI al cierre de 2025, está por debajo de la regla fiscal (Marco Macroeconómico Multianual) y que la relación deuda pública/PBI es del 34 %, muy cercana al óptimo que es de 30 %. Que esto no sea motivo para proponer —como ya lo están haciendo algunos candidatos— el incremento del gasto público vía transferencias, subsidios, bonos, etc., sin garantizar su financiamiento; pues esto traería como consecuencia un mayor déficit fiscal y/o el deterioro de la deuda pública del país. Incluso se ha llegado a proponer la reducción del IGV y la eliminación de otros tributos, sin el mínimo análisis de lo que esto provocaría; y el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) hasta llevarla a S/ 2000, sin proponer la mejora de la productividad laboral. El resultado de todo esto sería inflación pura y cruda.
El control de la inflación anual, que fue de 1.7 % a enero último, y la tasa de crecimiento promedio del PBI, superior al 3 % durante los últimos 21 meses, reflejan una fase sostenida de recuperación económica, después de la recesión registrada en 2023 (PBI: −0.6 %). A ello se suma el incremento, en casi 30 veces, del nivel de exportaciones (de US$ 3300 millones en 1990 a US$ 90 300 millones en 2025) y la caída de la pobreza del 54 % (2002) al 27 % (2026) a pesar de la pandemia. Estos logros se alcanzan con disciplina fiscal y monetaria, con protección de la inversión privada interna y generando condiciones para atraer capitales del exterior que impulsen la inversión real en la economía.
Para cerrar, solo queda decir que las propuestas de los candidatos y sus organizaciones políticas deben respetar la solidez de los fundamentos macroeconómicos, mantener la disciplina fiscal, buscar reducir aún más el déficit y mejorar la relación deuda pública/PBI. También se debe hacer el mayor esfuerzo por mantener la tendencia creciente de nuestras exportaciones y de las RIN, fortalecer la política monetaria y no salir del rango meta inflacionario (entre 1 % y 3 %), para lo cual la autonomía del BCRP es indispensable.
De igual forma, se debe trabajar con seriedad por la estabilidad jurídica, la permanente lucha contra la inseguridad ciudadana y el respeto a la Constitución peruana. Solo así podremos mantener la robustez de nuestros fundamentos macroeconómicos, indispensables para lograr el crecimiento sostenido de la economía y mejorar las condiciones de vida de las personas, aportando al bien común. Los candidatos no deben olvidar que la política es para servir a la sociedad y no para servirse de ella, y que deben esforzarse al máximo de sus capacidades y posibilidades para lograr una sociedad más justa, solidaria y reconciliada, es decir, una sociedad con condiciones más humanas para todos.