Pierre Velarde Rendón
Profesor del Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente de la Universidad Católica San Pablo
Cada 28 de abril, el mundo se detiene un instante para recordar que el trabajo, siendo la actividad que sostiene familias y mueve economías, puede también arrebatar vidas. Es una fecha que invita a la reflexión colectiva, a preguntarnos –con honestidad– si estamos haciendo lo suficiente para que cada trabajador regrese sano y salvo a casa al final del día.
Las cifras nos ayudan a responder esa pregunta. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de 3 millones de trabajadores fallecen cada año a causa de accidentes y enfermedades de origen laboral. No se trata de estadísticas abstractas: son padres que no regresaron al hogar, jóvenes que apenas iniciaban su primer empleo, familias enteras que perdieron de manera abrupta e irreversible a quien era su sustento.
En el Perú, la realidad es mixta y merece leerse con matices. Por un lado, el sector minero registró apenas 17 fallecidos en 2024, la cifra más baja desde que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) comenzó a recopilar estadísticas en 1970, lo que demuestra que la inversión sostenida en prevención genera resultados concretos. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) registró un total de 44 602 notificaciones laborales en 2025, el pico más alto desde 2011, con 228 accidentes fatales. Comparando diciembre de 2025 con el mismo mes de 2024, los accidentes mortales crecieron en 47.4 % y las enfermedades ocupacionales en 60 %. Estas son señales que no deben leerse como fatalidad, sino como una convocatoria urgente para actuar.
Los sectores más afectados son manufactura, actividades inmobiliarias y comercio; y la causa más letal es tan antigua como prevenible: el 50 % de los accidentes mortales se produce por caídas de personas. Lima y Callao concentran el 90.7 % de los casos no mortales, pero fuera de la capital, Arequipa encabeza las cifras regionales con 57.5 %. Los varones representan el 82.1 % de los accidentes fatales.
Frente a este panorama, el Estado ha intensificado su presencia. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad en el trabajo en todo el país, ejecutó 64 484 inspecciones entre enero y noviembre de 2025, con especial presencia en Lima, Arequipa, La Libertad y Junín. Este año, además, la OIT recuerda que los riesgos ya no son solo físicos: los factores psicosociales, carga de trabajo, ambigüedad de roles y ausencia de procesos justos también deterioran vidas, solo que lo hacen con mayor lentitud.
La respuesta, entonces, es que avanzamos pero no lo suficiente. No porque falten normas, pues el Perú cuenta con un marco legal sólido en seguridad y salud en el trabajo, sino porque las normas por sí solas no salvan vidas. Lo que transforma una cultura laboral es la convicción de cada actor: el empleador que protege a su trabajador como parte de su responsabilidad ética, el trabajador que reconoce la prevención como un derecho propio, y el Estado que asume la fiscalización como instrumento al servicio del bienestar colectivo.
La OIT ha documentado, además, que la siniestralidad laboral representa cerca del 4 % del producto bruto interno mundial cada año, pérdidas que se traducen en ausentismo, tratamientos médicos, incapacidades y compensaciones. Estas cifras confirman que invertir en prevención no solo es lo éticamente correcto, es también la decisión económicamente más racional y sostenible. El 28 de abril nos recuerda que la seguridad no es un destino, sino un camino que se recorre cada día, con convicción y con todos los actores del sistema.