Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
El brutal asesinato de Paúl Flores, vocalista de Armonía 10, ha sido la gota que colmó el vaso de la indignación ciudadana.
Acribillado en un ataque con ametralladora contra el bus de la agrupación, su muerte no solo enlutó al mundo de la cumbia, sino que dejó en evidencia el colapso de la seguridad en el país.
La delincuencia desatada ha convertido el último año en uno de los más violentos, mientras las autoridades se lavan las manos y evaden su responsabilidad.
Durante su velorio y en diversos programas de televisión, representantes del gremio musical denunciaron que las principales agrupaciones del país son víctimas de amenazas y extorsiones por parte del crimen organizado. Les exigen miles de soles a cambio de no atentar contra sus vidas, en una muestra más de que el Estado ha cedido el control del territorio a los delincuentes.
En este contexto, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue censurado por el Congreso, pese a contar con el respaldo inquebrantable de la presidenta Dina Boluarte, quien se negó a removerlo del cargo pese al caos que vive el país en materia de seguridad. Ni siquiera el crimen del conocido músico fue motivo suficiente, para replantear su continuidad.
El asesinato de Flores fue reivindicado por el líder de Los Injertos del Norte, quien se atribuyó el crimen con total impunidad. Esta es la consecuencia directa de un sistema que debilitó la prisión preventiva y dio alas al crimen.
La salida de Santiváñez podría ser un primer paso, pero el daño ya está hecho. Las víctimas de esta ola de violencia no volverán, y la seguridad de los peruanos sigue dependiendo de un Gobierno que, hasta ahora, ha preferido mirar hacia otro lado.
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