Renato Sumaria Del Campo
Periodista
«La problemática de la ‘comunicación’ en el campo político ha sido en los últimos diez o quince años entendida casi exclusivamente en los términos demarketing. Quien habla hoy de ‘comunicación política’ tiene en cuenta, en la mayor parte de los casos, cuestiones concernientes a la imagen mediatizada de los políticos y al rol de los ‘consultores en comunicación’ que aconsejan a los políticos». Este es el apunte del fallecido semiólogo Eliseo Verón, en su ensayo, Mediatización, comunicación política y mutaciones de la democracia.
“Como en el modelo del mercado en el cual se inspiran, nos encontramos ante un actor político estrictamente racional. El actor orienta su comportamiento en función de su interés individual”.
Siguiendo las ideas del sociólogo italiano Alessandro Pizzorno, Verón desarrolla una crítica a posturas neoutilitaristas que buscan teorizar el sistema político democrático desde una mirada puramente económica. Concretamente, el argentino apunta a la introducción de la lógica de mercado en lo que llama la “racionalidad del comportamiento político”.
En un escenario ‘ideal’ de decisiones libres y de discernimiento en función del costo–beneficio, donde lo que prima es una lógica de mercado, la información juega un rol central.
“Como en el modelo del mercado en el cual se inspiran, nos encontramos ante un actor político estrictamente racional. El actor orienta su comportamiento en función de su interés individual. Desde este punto de vista, uno de los componentes del sistema democrático sería la libertad del individuo para decidir cuál es su interés. La adecuación del comportamiento a los objetivos indicados por el interés supone, en este actor racional, un cálculo de la relación entre costos y beneficios. El campo político aparece así como un mercado de oferta de procedimientos y decisiones (programas), entre los cuales el actor elegirá libremente en función de su interés”.
Y en un escenario ‘ideal’ de decisiones libres y de discernimiento en función del costo–beneficio, donde lo que prima es una lógica de mercado, la información juega un rol central.
El apunte es pertinente para preguntarnos cuánta información es capaz de recabar un elector antes de emitir su voto. Si el objetivo es buscar el mayor beneficio individual posible a través de la elección de un candidato, y si para ello se debe pagar el costo de estar informado, con su consecuente inversión de tiempo y esfuerzo, ¿cuánto estará dispuesto a pagar un elector de estratos sociales bajos o sin acceso a fuentes adecuadas? Y sin ir ‘tan abajo’, ¿la información recogida por un lector medianamente leído, alcanza para conocer plenamente al candidato por el que pretende votar?
El análisis de Verón no concluye aquí. En él, sin embargo, encontramos una conclusión interesante que sirve como reflexión sobre esta compleja realidad que nos toca afrontar a los peruanos de tener menos de un mes para conocer a cientos de candidatos, que lucharán por 130 cupos para un Congreso que durará apenas año y medio: “El voto emitido sobre la base de un juicio general es el voto de un incompetente”. Que Dios nos ilumine.