Asesor legal sostiene que el proyecto es inviable porque afectaría zona declarada ecosistema frágil, donde no puede haber actividad extractiva.
Rolando Vilca Begazo
El gobernador regional Elmer Cáceres Llica está convencido de que la única solución para resolver el conflicto social que se vive en el valle de Tambo, en la provincia de Islay, es la cancelación definitiva del proyecto Tía María. Y para ello, dijo que recurre a varios “candados legales” para sustentar su propuesta.
Recordemos que el presidente de la República, Martín Vizcarra, después de una accidentada reunión que sostuvo el 24 de julio con un grupo de gobernadores regionales del sur y alcaldes de la provincia de Islay, prometió volver a Arequipa en una semana con una solución integral para este reclamo social.
“Hay un proceso de revisión [de la licencia de construcción de Tía María] iniciado por el Gobierno Regional de Arequipa, que será fundamentado y ampliado con documentación que se presentará ante el Ministerio de Energía y Minas para que se evalúe y en función de ello, se tome la decisión más adecuada”, señaló en esa ocasión.
De manera inmediata, Cáceres Llica anticipó la estrategia que seguirá a través de varios “candados legales” para lograr que Tía María “no vaya”.
Entre estas acciones, además del recurso de revisión, anticipó la nulidad de la servidumbre otorgada por la gestión de Yamila Osorio a Southern Perú para que esta empresa haga uso de 49.5 hectáreas durante 21 años, como parte de la ejecución del referido proyecto minero.
LO DIJO
Walter Paz admitió que de acuerdo con el resultado que se obtenga del recurso de revisión, se evaluará si se recurre al Poder Judicial para interponer una acción de amparo a fin de evitar la ejecución del proyecto Tía María.
Los candados
Al día siguiente y como parte de un inusual “mensaje a la región” difundido por redes sociales, Cáceres Llica firmó la anulación de la servidumbre “otorgada indebidamente” a Southern Perú el 30 de julio de 2018, a través de la Resolución n.° 150-2018-GRA/GGR, suscrita por el gerente general de entonces José Luis Rodríguez Silva.
Entre las irregularidades encontradas en este procedimiento, según Walter Paz Valderrama, gerente de Asesoría Legal del Gobierno regional, está un presunto favoritismo político de la exgobernadora Yamila Osorio hacia la minera, ya que ella misma, mediante un memorándum dirigido al jefe de Acondicionamiento Territorial, pidió “dar prioridad al expediente de Southern Perú”.
“Lo que se hizo [al aprobarse este pedido de servidumbre] es un favor político que demuestra que el poder económico anda de la mano del poder político”, declaró a Encuentro Walter Paz.
Otro hecho que llama la atención es que esta servidumbre, otorgada a cambio de un pago de S/ 948 173.21 más el IGV, se dio sobre un terreno que forma parte de las lomas de Cachendo, declaradas ecosistema frágil según la Resolución n.° 153-2018-MINAGRI-SERFOR, del 18 de julio del 2018, y que en mérito a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre debería ser protegido.
Es decir, desde 12 días antes de que Rodríguez Silva firme la resolución de servidumbre, existía una norma legal que impedía atender el pedido de Southern Perú.
Recurso de revisión
En relación con el recurso de revisión presentado el 19 de julio ante el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas, Paz Valderrama aclaró que no solo solicitaron la nulidad de la licencia de construcción de Tía María, sino también la cancelación del proyecto en su totalidad.
Esto, debido a que “sería ilegal que se mantenga un proyecto minero que pretende establecerse en zonas de un ecosistema frágil, lo cual está acreditado legalmente”.
“Esto no puede permitirse porque la ley forestal establece que no pueden haber labores extractivas en estas zonas por su naturaleza de riesgo”, Walter Paz Valderrama, gerente de Asesoría Legal del Gobierno Regional de Arequipa.
Paz Valderrama explicó que el ecosistema frágil que comprende las lomas de Cachendo, ubicadas en los distritos de Deán Valdivia, Mejía y Cocachacra, tiene una extensión de 8000 hectáreas, de las cuales 800 serían ocupadas por Southern Perú para sus operaciones mineras.
“Esto no puede permitirse porque la ley forestal establece que no pueden haber labores extractivas en estas zonas por su naturaleza de riesgo”, detalló.
Otro argumento legal está vinculado al proceso de desalinización del agua de mar que usaría Southern Perú.
De acuerdo con el informe n.° 183-2019-MINEM-DGM-DTM/PB, que respalda la licencia de construcción, la empresa minera no presentó la licencia para el uso del agua de mar, la memoria descriptiva del proyecto ni mucho menos la autorización para ejecutar tales obras.
De igual forma, Paz Valderrama señaló que la resolución que otorga la licencia de construcción (n.° 328-2019-MINEM-DGM/V) no tiene ningún fundamento que sustente tal decisión. “Se debía utilizar argumentos técnicos y legales para ello, pero solo dice ‘visto el informe [n.° 183-2019-MINEM-DGM-DTM/PB], se aprueba y autoriza la construcción’, como si se tratase de una monarquía en la que no se justifican las razones y solo se debe acatar lo que ordena la autoridad”, cuestionó.
Para tomar en cuenta
Según el diario Gestión, la consultora de riesgo político Eurasia Group, con presencia en Estados Unidos, Inglaterra, Brasil y Singapur, señala que “como están las cosas, el desarrollo de Tía María todavía parece lejano”, además, “el conflicto que rodea a Tía María destaca que el malestar social sigue siendo un desafío clave para la inversión minera en el Perú”.
Más candados
Otro “candado legal” estará en manos de los alcaldes de la provincia de Islay y el distrito de Cocachacra. En ambos casos se emitiría la resolución de alcaldía u ordenanza municipal que sustentaría la imposibilidad de construir el proyecto Tía María.
Esta decisión se fundamenta en las recomendaciones del informe técnico que avala la licencia de construcción, en el que se señala que Southern Perú “debe intensificar su relacionamiento social con las poblaciones de la zona de influencia de este proyecto”.
Cáceres Llica adelantó que ambos municipios (Islay y Cocachacra) emitirán la norma municipal que demostrará que no hay diálogo, y ello significa que no hay licencia social, por lo tanto no puede haber construcción.
¿Agilizaron todo?
Otro detalle que llama la atención en el caso Tía María es la celeridad sui géneris con que varias instancias del Ministerio de Energía y Minas actuaron para emitir la licencia de construcción.
De acuerdo con el portal de investigación periodística Ojo Público, el 5 de julio último, Raúl Jacob Ruisánchez, vicepresidente de Finanzas de Southern Perú, se reunió con Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas, y tres días después se aprobó el permiso minero, pese a existir dos recomendaciones pendientes de subsanar.
El 8 de julio, se recibió una carta de Óscar Gonzáles Rocha, presidente de la minera, en la que asume su promesa de no iniciar la construcción de Tía María sin generar un espacio de diálogo.
Casi de inmediato, Alfredo Rodríguez, jefe de la Dirección General de Minería, remite un memorándum a la Oficina General de Gestión Social, adjuntando la misiva de Southern. Dicha oficina emite una opinión favorable y recomienda reforzar el relacionamiento social con las comunidades de las zonas de influencia.
Y para cerrar el circuito, ese mismo día, la Dirección Técnica de Minería emite el informe n.° 183-2019-MINEM-DGM-DTM/PB, de 20 páginas, que es tomado en cuenta para redactar la Resolución n.° 328-2019-MINEM-DGM/V, que aprueba la licencia de construcción.
Las recomendaciones se refieren a que en un plazo de 20 días, que se vence el 6 de agosto, la minera debe presentar el estudio hidrológico de la zona del proyecto y el análisis de estabilidad geoquímica del depósito de residuos minerales para evitar la generación de acidez en el suelo.
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