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La desigualdad en el Perú no se limita a la diferencia de ingresos económicos, también se manifiesta en el inequitativo acceso a los servicios públicos de calidad, a la protección social y a los espacios urbanos dignos.
Esta fue una de las conclusiones principales del panel “Reducción de desigualdades -Aprendizajes y retos en Perú”, organizada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico y la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Católica San Pablo.
Durante esta actividad, diferentes especialistas coincidieron en que superar este desafío exige abandonar miradas asistencialistas e integrar políticas públicas enfocadas en la persona humana. La urgencia es evidente en el ámbito laboral. María Eugenia Luyo Rodríguez, asesora de la Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo, recordó que la informalidad afecta al 70 % de los trabajadores del país y bordea el 60 % en Arequipa. Esta situación deja a millones de personas en condiciones económicas de subsistencia, sin acceso a salud ni jubilación.
Frente a ello, la abogada María Eugenia Luyo enfatizó que recientemente se aprobó la Estrategia Nacional de Formalización Laboral, la cual se debe implementar y para ello existe una comisión multisectorial. Asimismo, subrayó que el Estado debe dar el primer paso, pues el ciudadano no se formalizará si no percibe mejoras tangibles en servicios esenciales como salud, educación y pensiones.
Un pilar para dinamizar la formalización consiste en transformar el rol del Estado, pasando de una postura sancionadora a una de orientación y asistencia técnica. Luyo explicó que, dado que el 90 % de trabajadores informales se concentra en las microempresas, se plantea implementar Centros Integrados de Trabajo y utilizar sistemas de inteligencia para identificar cadenas de suministro, respondiendo a estándares internacionales de debida diligencia laboral. Este enfoque busca brindar herramientas a los pequeños productores en lugar de asfixiarlos con sanciones.
En el ámbito urbano, la reducción de brechas pasa por recuperar el entorno social e histórico de las ciudades. Al respecto, Ricardo Zimic Zare, consultor de comunicación estratégica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Perú, expuso los avances del Proyecto Rich (Resiliencia e Inclusión Urbana).
Esta iniciativa, financiada por el Ministerio de Desarrollo Alemán mediante un fondo concursable global en el que Lima fue una de las seis ciudades ganadoras en todo el mundo, ha seleccionado a Barrios Altos como piloto de intervención.
Zimic explicó que Barrios Altos, una zona próspera en el pasado, sufrió progresivamente un descuido estatal y social en su infraestructura que acentuó su vulnerabilidad. No obstante, el proyecto aborda este sector como un «patrimonio vivo», priorizando el tejido humano que habita en sus quintas y casonas de adobe y quincha por encima de los inmuebles.
Tras una primera fase de diagnóstico participativo realizada este año, el proyecto ejecutará desde 2027 una importante inversión para la remodelación y peatonalización de vías en Barrios Altos.
Las obras incluirán áreas verdes, espacios recreativos y accesibilidad para proteger a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Este modelo de recuperación comunitaria busca ser replicado en otros centros históricos del país.
Finalmente, el debate abordó la urgencia de redefinir el papel de la universidad, señalando que no puede mantenerse como una «isla académica», sin involucrase en su entorno social.
