Ir al contenido
El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara Castillo, considera que aún falta perfeccionar los mecanismos para fortalecer la democracia y la lucha anticorrupción en el país.
La denominada ley de muerte civil que se acaba de aprobar, ¿es suficiente para erradicar la corrupción en el país?
Es un paso muy importante que hay que valorar, pero para erradicar [la corrupción] se necesitan medidas adicionales. Y se ha formado una comisión de integridad que va a proponer algunas de estas acciones.
¿Qué medidas adicionales se deberían incorporar?
Por ejemplo, se requiere de medidas que den mayor transparencia a la gestión pública; necesitamos una nueva ley de gestión de intereses o ley de lobbies, como se le llama; necesitamos regular las compras del Estado; y necesitamos democratizar y transparentar más la labor de los partidos políticos para evitar que intereses ilícitos ingresen a la administración pública.
Se alega que esta ley de muerte civil solo sanciona a funcionarios y no a quienes ejercen el cargo por elección popular, como alcaldes y gobernadores regionales.
Eso tiene que ver con un tema estrictamente formal. Para que afecte a quienes ejercen un cargo por elección popular se deben modificar leyes orgánicas, y el Congreso no puede delegarle al Ejecutivo [facultades para] la legislación sobre leyes orgánicas. El Poder Ejecutivo, mediante decretos legislativos, puede modificar leyes ordinarias pero no leyes orgánicas, eso es facultad exclusiva del Congreso de la República.
Es decir, la inhabilitación perpetua de alcaldes o gobernadores regionales que incurran en actos de corrupción, ¿debería ser incorporada por el Congreso para perfeccionar esta norma?
Exactamente, y es lo que nosotros hemos propuesto: una modificación a la Ley de Elecciones y a la Ley de Partidos Políticos, para que el Congreso apruebe que quienes cometieron delitos de corrupción, narcotráfico, terrorismo o violación sexual no puedan postular a cargos de elección popular.
El mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que la muerte civil debería aplicarse también a los empresarios que incurran en actos de corrupción.
Sí, es una propuesta que merece ser discutida.
Desde Transparencia, ¿qué otros aspectos deberían complementar la lucha anticorrupción?
Hay varios temas importantes. Debemos mejorar la selección de los jueces y fiscales; reformar el Consejo Nacional de la Magistratura [que designa a estos magistrados] es fundamental para luchar contra la corrupción.
¿Qué mecanismos se deberían establecer?
Hay que cambiar la forma de elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). No puede ser solo a través de los colegios profesionales [como ocurre actualmente]. Nosotros pensamos que deben elevarse los requisitos para ser un miembro y hay que darle participación al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y al Banco Central de Reserva (BCR), para que ellos también participen en el proceso de designación.
¿Estas instituciones que menciona deberían tener voz y voto?
Que por lo menos un miembro del CNM sea propuesto o designado por el Tribunal Constitucional, que otro sea propuesto por la Defensoría del Pueblo, que uno sea propuesto por el BCR y que haya tres producto de un concurso público de méritos con la participación de Servir. Que estas instituciones, que son confiables, propongan en algunos casos, evalúen en otros o designen [directamente] a los miembros del CNM.
¿Y qué requisitos adicionales se deben incorporar para la designación de estos miembros?
Hay que establecer que no pueden ser miembros quienes tuvieron algún conflicto de interés, quienes hayan tenido alguna sanción disciplinaria. El CNM designa a los jueces que llegarán a ser vocales supremos, también al jefe de la ONPE, y la Reniec, es una instancia muy importante. Lo que hemos visto es que en estos diez años, después de establecerse los mecanismos de conformación del CNM en la Constitución, se ha demostrado que no están funcionando bien y hay que cambiarlos.
Dentro del campo electoral, ¿qué cambios proponen?
Uno es el de la democracia interna. Las organizaciones políticas deben dar la oportunidad a todos sus militantes y simpatizantes de elegir a todos los candidatos que participen en las elecciones municipales, regionales y nacionales; y estas elecciones deberían ser obligatoriamente conducidas por la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y la Reniec. Además, si esto se produce, se puede eliminar el voto preferencial.
Otro tema fundamental, en reforma electoral, es elevar los requisitos para ser candidatos. Lo que dije hace poco: prohibir a quienes fueron condenados por terrorismo, narcotráfico, corrupción, homicidio o violación sexual que sean candidatos a cualquier cargo de elección popular.
Otro tema es la fiscalización del origen de los aportes económicos que reciben las organizaciones políticas regionales o nacionales.
Eso es muy importante. Hoy, cuando un partido o movimiento político no informa sobre sus gastos a la ONPE, la única sanción [que recibe] es una multa que luego no se tiene cómo cobrarla. Nosotros planteamos sanciones de carácter político, por ejemplo, que se establezca que si un partido político ocultó dinero o recibió aportes del narcotráfico, se le pueda incluso eliminar del Registro de Organizaciones Políticas. Además, si se descubre que un alcalde financió su campaña con dinero procedente de actividades ilícitas, eso debe ser una causal de suspensión o de vacancia, dependiendo de la gravedad.
El retorno de la figura de reelección de los alcaldes por un periodo más es necesariamente un indicio de corrupción.
Mi opinión personal, porque no es un tema que hayamos discutido en Transparencia para lograr un consenso, es que la historia reciente demuestra que igualmente hay autoridades municipales o regionales corruptas en su primer periodo como en su segundo periodo, es decir no es que para ser corrupto necesites haber sido reelegido. No hay pruebas de ello. El presidente regional de Ancash, César Álvarez, estaba en su reelección, sí, pero el de Pasco [Klever Meléndez] estaba en su primer periodo, y ambos están presos por delitos de corrupción. Creo que hay que limitar la reelección, pero no prohibirla de manera definitiva.
En el 2018 habrá un nuevo proceso de elecciones regionales y municipales, hasta entonces, ¿qué aspectos de la reforma electoral deben resolverse?
Por lo menos hay tres temas: el de control sobre el financiamiento de campañas electorales, las elecciones internas en partidos políticos y el de impedimento a postular para quienes fueron condenados por delitos de gravedad.
Hay uno cuarto, creemos que debe ser obligatorio para los partidos políticos el competir en elecciones regionales y municipales. Hoy, a los partidos políticos presentes en el Congreso, si no compiten en las elecciones regionales, no les pasa nada. Debería ser obligatoria, a partir de una participación gradual; de tal forma que al 2018 por lo menos presenten candidatos en el 40 % de circunscripciones electorales.
¿Esta obligación debería estar sujeta a alguna sanción?
Sí, a la sanción de que aquella que no participe en la elección pierde su registro como organización política. Podemos llegar a un 80 % de participación en tres periodos de elecciones regionales, porque somos conscientes de que hoy los partidos están debilitados a nivel de las regiones.
A nivel del Congreso, ¿cómo se puede mejorar la labor legislativa y el sistema de elección parlamentaria?
Un primer tema es que los congresistas no deberían estar cambiando de comisión cada año o a veces cada tres o cuatro meses. Deberían permanecer en un máximo de tres comisiones y por lo menos [durante] tres años seguidos, aunque lo ideal sería en todo el periodo de mandato, porque eso les da especialización.
En segundo término, creemos que se debe fortalecer el análisis costo-beneficio de los proyectos de ley. No basta con presentar la iniciativa legislativa, hay que fundamentar por qué esa solución es mejor que el problema que se quiere abordar. En palabras coloquiales, a veces el remedio es peor que la enfermedad. Ese análisis costo-beneficio en muchos casos se hace hoy de manera muy débil; el Congreso debería facilitar a las bancadas y comisiones una instancia que ayude con esta labor.
¿La renovación por tercios podría obligar a mejorar la labor legislativa?
No es un tema que hayamos discutido en Transparencia y personalmente tampoco tengo una posición definida, prefiero no adelantar una opinión.
¿El retorno de la bicameralidad al Congreso podría mejorar la eficiencia de este poder del Estado?
Allí sí te doy mi opinión personal porque en Transparencia hay opiniones a favor y en contra. Creo que la bicameralidad le haría bien a la democracia peruana. Habría que ver cuál es la mejor forma para que las regiones tengan una representación cabal y efectiva. El Senado le daría mayor calidad a la institución parlamentaria
El dato
Transparencia es una asociación civil que tiene por misión trabajar por el fortalecimiento de la democracia y la calidad de la representación política. Fue fundada en el Perú el 18 de julio de 1994 por un grupo de ciudadanos sin afiliación partidaria.
