Deysi Pari
Machu Picchu, emblema turístico del Perú y maravilla mundial, nuevamente es materia de controversia.
La polémica ahora es motivada por el Proyecto de Ley 11277, que tiene por objetivo crear una autoridad autónoma para la gestión integral del Valle Sagrado y del Parque Arqueológico de Machu Picchu. Esta iniciativa legislativa ya fue aprobada en primera votación en el Congreso de la República, pero aún debe ser ratificada en una segunda.
Sin embargo, el planteamiento ha sido rechazado por 35 gremios empresariales, que consideran que la medida representa un riesgo para la sostenibilidad del santuario turístico más importante del país. Los involucrados suscribieron un comunicado conjunto, entre ellos Comex Perú, las cámaras de comercio de distintas regiones, la Cámara Nacional de Turismo del Perú, la Asociación Pyme del Perú, la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo, entre otros. La Confiep, por su lado, también rechazó la disposición.
El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, Fernando Santoyo, sostuvo que este proyecto pretende crear una autoridad solo regional, desconociendo el rango nacional e ignorando las funciones técnicas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), así como la presencia del sector privado.
“El proyecto de ley quiere que se reduzca a un tema regional, lo que es un atractivo y patrimonio mundial”, alertó.
En su opinión, lo que se necesita es una autoridad autónoma de alcance nacional que permita atender con prontitud los riesgos advertidos por la Unesco, vinculados a la sobrecarga turística, la insuficiente infraestructura y las deficiencias en la gestión administrativa.
“Esto evidencia una visión limitada de lo que es la gobernanza de un atractivo turístico de los peruanos y de rango mundial”, afirmó Santoyo.
Proyecto fue introducido de manera subrepticia
Por otro lado, la congresista cusqueña Ruth Luque advirtió que el Proyecto de Ley 11277, ingresado el 5 de diciembre a debate, correspondía exclusivamente a la delimitación de la provincia de Canas en Cusco. Sin embargo, resulta que el texto que se aprobó no tenía nada que ver con Canas, sino con la creación de esta autoridad.
Por ello, los gremios empresariales señalaron que la propuesta legislativa fue introducida de manera subrepticia, “como disposición adicional en un proyecto ajeno”. Destacan que no tuvo un debate técnico adecuado, no hubo consulta multisectorial y no se evaluó su impacto económico, ambiental ni turístico.
Asimismo, Ruth Luque manifestó que la propuesta debió haberse presentado como una iniciativa legislativa independiente para garantizar transparencia.
Gobernador de Cusco respalda propuesta
El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, afirmó que la referida propuesta no responde a una circunstancia política, como lo manifestaron los gremios empresariales.
“Esto responde a lo que demandan estos tiempos y a una adecuada gestión del territorio, porque han convertido Machu Picchu en un espacio de negocios personales y de agrupaciones”, aseveró.
Cuando sustentó el presupuesto para el año 2026 en la Comisión de Presupuesto del Congreso, Salcedo presentó una propuesta similar. Al referirse a ella, el gobernador cusqueño expuso que su planteamiento es integral, interinstitucional, multidisciplinario, pero acusó a los empresarios de hacer “oídos sordos” y solo hacer caso “a sus billeteras”.
En su opinión, el Gobierno Regional de Cusco sí podría asumir la gestión, además, impulsaría un ordenamiento territorial en el Valle Sagrado cuando el Aeropuerto de Chinchero entre en funcionamiento.
Cámara de Comercio advierte otros riesgos
Fernando Santoyo, titular de la Cámara de Comercio de Cusco, afirmó que el proyecto nunca fue consultado con los gremios empresariales ni operadores turísticos, sino que fue impuesto “entre gallos y medianoche”.
Concluyó que la pretendida autoridad excluye de toda capacidad de opinión al sector privado, además, incorporaría a un espacio de gobernanza con siete municipalidades del Valle Sagrado de los Incas que no están necesariamente vinculadas a Machu Picchu para tomar decisiones.
“Sería un espacio regional y municipal para tomar decisiones sobre un patrimonio nacional”, afirmó.
Roger Valencia, presidente del Instituto Cusqueño de Economía, a través de una radio nacional manifestó que las autoridades autónomas son regímenes de excepción porque se tienen que exceptuar del mandato de los ministerios y del gobierno nacional.
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