Víctor Condori
Historiador
La minería en la región de Arequipa, tradicionalmente ocupó un lugar secundario dentro de la economía colonial, en comparación a otras actividades más desarrolladas y lucrativas, como la producción de vinos y aguardientes y el comercio de importaciones.
Así, para fines del siglo XVIII, la totalidad de minas de la región —Caylloma, Condesuyos y Tarapacá— llegarían a producir unos 100 000 marcos de plata al año, que expresados en pesos serían cerca de 600 000. Vale decir, el equivalente a la tercera parte de toda la producción agrícola arequipeña.
El inicio de la guerra de Independencia en el sur, relacionada con la aparición de fuerzas insurgentes, la toma de pueblos y villas, el cierre de algunos caminos y el reclutamiento forzoso de decenas de operarios mineros, para engrosar las filas de ambos ejércitos, no hizo más que empeorar la frágil situación por la que atravesaba dicha actividad.
Lo que se reflejaría, casi de manera inmediata, en una notable reducción de la producción de plata en la Intendencia de Arequipa durante esos años, que pasaría de 37 000 marcos en 1820, a 10 000 en 1822 y unos insignificantes 3000 marcos en 1824.
En medio de la profunda crisis económica de nuestros primeros años republicanos, con las principales actividades económicas arruinadas por más de diez años de guerra, la minera comenzaría a generar grandes expectativas entre las autoridades del nuevo gobierno nacional, quienes vieron en ella, una importante fuente de riqueza y la palanca de nuestro ansiado desarrollo.
Visita general a las minas del Perú
Así en 1826, el gobierno del Libertador Simón Bolívar ordenó a todos los prefectos del Perú, el nombramiento de jueces visitadores, a fin de averiguar la situación real y legal de todas las minas existentes en sus respectivas circunscripciones; vale decir, el régimen de propiedad y el número de minas que en ese momento se encontraban trabajadas, inundadas, derrumbadas, agotadas y, sobre todo, abandonadas.
En el caso de Arequipa, el prefecto, general Antonio Gutiérrez de la Fuente, conformaría una diputación integrada “por cinco peritos de probidad y aptitudes”, con el objetivo de visitar las dos regiones mineras más importantes del departamento, Caylloma y Tarapacá.
Terminada la misión, unos seis meses después, se enviaron los respectivos informes al gobierno central. En el caso de la provincia de Caylloma, este documento indicaba que, de las 136 minas existentes en los 12 asientos de minerales, sólo 60 de ellas (44 %) estuvieron activas o en uso; mientras que, 26 (19 %) se encontraban inundadas; 23 minas, (17 %) completamente agotadas o extinguidas y 18 de ellas (13 %), habían sufrido algún tipo de derrumbe que imposibilitaba su laboreo permanente.
Para el régimen bolivariano, era de enorme importancia llevar un registro de la cantidad de minas que no estaban siendo trabajadas o habían sido abandonadas, en la medida que, una ley dada por ese mismo gobierno, estipulaba que: “todas las minas aguadas y desamparadas desde el año 1821 eran de propiedad del Estado”.
¿Y qué destino se pensaba darles? Básicamente, entregarlas en propiedad o arriendo a una o muchas compañías capitalistas nacionales y extranjeras, a fin de obtener los mayores ingresos posibles, que debían ser destinados según el gobierno, “a la extinción de la deuda pública”.
De manera complementaria, el Libertador buscó generar interés entre inversionistas del mercado de Londres. Así, en noviembre de 1825 mediante carta poder, autorizó a Gregorio Paredes y José Joaquín de Olmedo, ministros plenipotenciarios en Inglaterra, para que, a nombre del gobierno bolivariano, puedan promocionar la venta de un sinnúmero de minas ubicadas tanto en territorio peruano como boliviano. Respecto al Alto Perú, se habían registrado cerca de 5000 bocas de minas y el precio por todas ellas, “no bajará de 3 millones de pesos”, decía la orden.
Si era aceptada la propuesta, se procedería inmediatamente a la firma de los respectivos contratos y, a partir de ese momento, las compañías mineras podrían contar con la protección y una serie de privilegios otorgados por el gobierno bolivariano, en lo referente a la importación, liberados del pago de toda clase de derechos, “sus máquinas y herramientas para el trabajo”.
La Arequipa Mining Company
Al amparo de esta política favorable a la inversión extranjera, entre 1825 y 1826, se formaron en Arequipa varias sociedades para el laboreo de minas. Una de ellas, estuvo constituida por el comerciante inglés Guillermo Hodgson y varios reconocidos miembros de la familia de la Fuente y Loayza, propietaria de las famosas minas de Huantajaya, ubicadas en la provincia sureña de Tarapacá. El tiempo establecido, sería de 15 años.
Según el contrato principal, la familia de la Fuente y Loayza se comprometía a poner “todas las minas de nuestra pertenencia con nuestro influjo para el trabajo y fomento de ellas en beneficio de la compañía”. Mientras que Hodgson, proporcionaría, lo necesario para el trabajo de dichas minas, es decir, “dinero en efectivo, operarios inteligentes, azogues y cuantas máquinas se juzguen necesarias para el fomento de las mencionadas minas”.
Guillermo Hodgson, era un empresario británico con fuertes vínculos en el mercado de Londres, quien desde 1824 tenía instalada en la ciudad de Arequipa una importante casa de comercio. Después de la Independencia, lograría relacionarse con el círculo más cercano del Libertador y junto a otros comerciantes extranjeros, se habría de desempeñar como financista y habilitador del régimen bolivariano.
Durante esos años, entregó como adelanto cientos de miles de pesos para el pago de salarios y bonificaciones del ejército colombiano, todo ello a cuenta de un empréstito solicitado por el régimen bolivariano en el mercado de Londres, por 616 000 libras esterlinas.
Con respecto a la elección de Huantajaya como principal destino para dichas inversiones, esta no fue ninguna casualidad. Muy a pesar de su desfavorable ubicación en medio de uno de los desiertos más áridos del planeta, se trataría de una zona con las minas más ricas del departamento.
Así también lo manifestó Alexander von Humboldt, quien, luego de conocerla a principios del siglo XIX, sólo tuvo palabras de elogio para ella, “por las grandes masas de plata nativa que encierra…(que) anualmente dan de 70 a 80 000 marcos de plata”, indicaría el sabio alemán.
Desafortunadamente, la Arequipa Mining Company, nombre oficial de la empresa, tuvo una existencia fugaz y para 1826, las minas de Huantajaya volverían al control de la familia de la Fuente.
La Asociación Mineralógica
Por esa misma época, en septiembre de 1825, otro grupo de comerciantes extranjeros residentes en Arequipa, entre los que figuraban los ingleses Samuel Haigh, Santiago Ygualt, Roberto Page, Thomas Crompton y los arequipeños, José María Gutiérrez y Atanasio Hernández, acordaron la creación de una compañía denominada Asociación Mineralógica, a través de la cual “se comprometen a promover con sus propios fondos y el de sus comitentes el trabajo y laboreo del importante ramo de la minería”.
Como parte de los acuerdos de dicha sociedad, sus miembros debían aportar un fondo inicial de 100 000 pesos, reunidos los cuales, se nombraría una comisión de tres socios con amplios poderes para dirigirse inmediatamente a las provincias de Puno, La Paz y Oruro, a fin de comprar, arrendar o contratar “las minas de oro, plata y cobre que convengan trabajar”.
Los elegidos para esta tarea, fueron José María Gutiérrez, Atanasio Hernández y Tomás Crompton; este último, futuro cónsul de Gran Bretaña en el puerto de Islay, había residido durante muchos años en América del Sur y, por tal razón, poseía un amplio conocimiento de tales provincias, así como importantes vínculos políticos, sociales y comerciales.
De la misma forma que la sociedad anterior, la búsqueda resultó infructuosa, y en el ínterin ocasionó fuertes gastos a la mencionada sociedad, por lo que de común acuerdo y “por varias razones que les estimulan”, decidieron dar por finalizada aquella compañía, en abril de 1827.
El fracaso de las primeras inversiones mineras
El fracaso de estas y otras sociedades mineras constituidas durante los dos primeros años de vida independiente y no sólo en Arequipa, debería ser entendido dentro de un contexto de “alocada especulación financiera”, que surgió como consecuencia directa de la liberación de estas regiones del dominio español a partir de la segunda década del siglo XIX.
Donde, las fabulosas leyendas del “país del oro”, contadas una y otra vez durante tres siglos, alimentaron al parecer las más codiciosas fantasías en los ambientes empresariales de la capital londinense, siempre deseosos de encontrar negocios que aseguren una gran rentabilidad.
Pero, lamentablemente, como lo ha señalado el historiador José Deústua, “de la fantasía a la realidad hay una gran distancia que va a explicar la desilusión y el abandono posterior de estos faraónicos proyectos de inversión, así como la crisis financiera que sufrió el mercado de Londres”.
Efectivamente, a fines de 1825, se desató el denominado Pánico de Londres, considerada como la primera crisis del sistema capitalista y motivada, entre otras razones, por el incumplimiento de los créditos otorgados con cierta liberalidad por la banca londinense, a ciertos países emergentes como el Perú.
Al final, todo ello traería como consecuencia, la suspensión de créditos solicitados por las nacientes repúblicas latinoamericanas, además de la completa paralización de numerosos proyectos de inversión relacionados, precisamente, con la explotación minera.