Víctor Condori
Historiador
Durante los últimos años de la guerra de Independencia en la región, mientras algunas actividades económicas como la viticultura y la minería, entraron en franca decadencia, el comercio de importaciones experimentaría una notable expansión, que no fue interrumpida por la derrota del ejército realista en Ayacucho ni el establecimiento definitivo del sistema republicano, en los primeros días de enero de 1825.
Frente a tal situación, el Libertador Simón Bolívar, en su condición de jefe supremo o encargado del poder dictatorial en el Perú, se vio obligado a promulgar, tempranamente, un conjunto de decretos conducentes a la formalización de dicha actividad y, de paso, obtener los mayores ingresos en beneficio del gobierno nacional y local.
El puerto de Quilca
El primero de esos decretos fue dado en enero de 1825, a través del cual, la caleta de Quilca era elevada a la categoría de puerto mayor de la república y primero del departamento de Arequipa; según justificaba el decreto, “observando la concurrencia de buques mercantes en el puerto de Quilca y la utilidad que resulta a la república este tráfico”.
De manera complementaria, también se ordenó la construcción en dicho puerto, de oficinas administrativas, habitaciones de vivienda, un cuartel para la fuerza de resguardo y, sobre todo, los depósitos destinados al almacenaje provisional de las decenas de bultos con mercancías que llegaban del extranjero o eran enviadas hacia él, desde la ciudad de Arequipa.
Dentro de los principales productos que ingresaban al puerto había tejidos de distintas variedades, zapatos, sombreros, guantes, vajilla, bisutería, joyería, papel, libros, alimentos enlatados, vino y cerveza, perfumes, muebles, herramientas, hierro y azogue. Y entre los que se extraían, la cascarilla o corteza de la quina, la lana de oveja y la plata amonedada y en barra.
Muy a pesar de la intensa actividad en Quilca, al no ser un puerto natural, encontrarse a casi 200 km de distancia y presentar notorias limitaciones con vistas a una mayor expansión del comercio, el Libertador ordenaría ese mismo año, buscar un lugar en la costa arequipeña con las mejores condiciones para fundar un nuevo puerto.
El puerto elegido fue Islay y desde un comienzo contaría con la aprobación de Bolívar; sin embargo, pese a manifestar mejores condiciones para la actividad comercial: tener una rada más protegida contra vientos y oleajes, una mayor profundidad y estar a sólo 130 km de la ciudad de Arequipa, carecía de la infraestructura necesaria para su funcionamiento. Por tal motivo, su inauguración como puerto mayor tardaría varios meses, hasta agosto de 1827, es decir, un año después de la salida del Libertador del Perú.
Construcción de caminos carreteros
Mientras una parte de las mercancías o efectos europeos que llegaban a la ciudad de Arequipa a nombre de reconocidas casas extranjeras, eran distribuidas dentro de la provincia, un porcentaje importante de ellas serían enviadas a lomo de bestia hacia los departamentos vecinos de Puno, Cuzco y Ayacucho, a través de un largo, accidentado y fatigoso camino de arrieraje, que cruzaba las provincias de Arequipa y Lampa, a más de 4000 m s.n.m.
En sentido contrario, por esos mismos caminos ingresaban diariamente a la ciudad proveniente de dichas regiones altoandinas, lana de oveja y camélidos, cientos de cabezas de ganado ovino y vacuno, cueros, sebo, charqui, bayeta y tocuyo, coca, queso fresco y de paria, vajilla de cerámica, colchas y frazadas. Estas últimas provenientes de Cochabamba en Bolivia.
Precisamente, a fin de mejorar el transporte de mercancías a través de aquellos accidentados caminos, en julio de 1825, el Libertador dio un decreto ordenando la construcción de tres caminos carreteros “de ruedas en lugar de herradura, que tienen en comunicación las ciudades de Arequipa, del Cuzco y de Puno”. Asimismo, dispuso que de las tesorerías de los tres departamentos se destinaran mensualmente cerca de 2000 pesos, con el objetivo de asegurar su construcción.
Este importante proyecto, fue encargado personalmente al coronel de ingenieros Clemente de Althaus, alemán de nacimiento, vencedor de Napoleón en Waterloo y héroe de la Independencia del Perú. Para ello, debía contar con el apoyo logístico de los prefectos de las tres ciudades en mención, quienes estarían obligados a proporcionar de manera regular, algunas herramientas, alimentos frescos y, sobre todo, trabajadores.
Comercialización de vinos y aguardientes
Una de las actividades más perjudicadas por la guerra de Independencia, fue la producción de vinos y aguardientes, debido a diferentes causas o razones.
Entre ellas destacan la ocupación temporal de los principales valles productores, como Vítor, Majes y Moquegua, por parte de las huestes patriotas; el reclutamiento de trabajadores y la confiscación de medios de transporte, como mulas, burros y caballos; y el cierre temporal de los principales mercados surandinos.
El inicio de la vida republicana, no representaría ningún alivio ni ayuda a la recuperación productiva de dicha actividad, contrariamente, los problemas se agudizarían aún más; a causa del ingreso al mercado local de distintas clases de licores importados y fundamentalmente, a la separación política del Alto Perú, convertida en la nueva república de Bolivia.
Esto último, fue considerado un duro golpe a los intereses de los hacendados arequipeños, en vista de que, durante siglos, las ciudades y centros mineros altoperuanos constituyeron el principal mercado de los licores arequipeños.
Vale decir, al convertirse en estado independiente, el gobierno boliviano implementó una política de altos impuestos a los licores importados, no sólo para agenciarse de ingresos necesarios, sino, particularmente, buscando proteger su incipiente industria.
¿Cómo enfrentó el gobierno de Simón Bolívar tamaña situación? Frente a las políticas arancelarias del nuevo Estado, llamado Bolivia en su honor y gobernado entonces por el general Antonio José de Sucre, en realidad, se hizo bastante poco; pero mucho, para proteger el mercado y la producción nacional y local.
Así, en el reglamento de comercio de 1826, se estableció un impuesto del orden del 80 % contra diversos productos importados, dentro de ellos, estuvieron en primer lugar, “los aguardientes de todas las clases, sea cual fuere su denominación”.
El reglamento de comercio de 1826
A fin de regular las principales actividades de importación y exportación, el Libertador promulgó el 6 de junio de 1826, el primer reglamento oficial de comercio de nuestra historia republicana. Constaba de 58 artículos y fue redactado por dos eminentes intelectuales, Hipólito Unánue y José María Pando, bajo la dirección del ministro de Hacienda, José Larrea y Loredo.
Luego de su promulgación, quedaría derogada una normativa provisional aprobada en septiembre de 1821, durante el gobierno protectoral del general José de San Martín.
Para facilitar el comercio internacional, este reglamento establecía el funcionamiento de cinco puertos libres: Callao, Islay (Quilca), Arica, Huanchaco y Paita. Con respecto a los derechos de importación, para casi todos los productos o efectos que se introducían durante el periodo colonial, se estableció un impuesto único de 30 %. Mientras que el oro, la plata, el azogue, las herramientas, las armas, las máquinas, las semillas y el pescado seco y salado, estaban exonerados de su pago.
Paradójicamente, aunque Bolívar ha sido considerado como un abanderado de las políticas de libre cambio (Gootenberg, 1997), el reglamento en mención imponía algunos aranceles verdaderamente proteccionistas (hasta 80 %); como decía el texto, contra todos los productos considerados en ese momento “perjudiciales a la agricultura o industria del Estado”.
Además de los aguardientes, estuvieron comprendidos, los jabones, la ropa hecha, los zapatos y botas, la pólvora, el salitre y azufre, el azúcar, los tocuyos o tejidos burdos, el tabaco, el aceite de comer, las sillas de montar, las velas, los muebles de madera, las calesas y catres, entre otros.
Con respecto a los metales preciosos extraídos por los buques extranjeros, la plata sellada debía pagar el 5 % y el oro sellado, únicamente 2 %. De otro lado, “se prohíbe absolutamente la extracción de pasta de plata en piñas y barras, y las del oro en tejos y polvo, bajo pena de comiso”.
Con respecto a la plata amonedada, se permitía la extracción de un máximo de 25 pesos por persona, cantidad que debía estar consignada en una guía otorgada por las autoridades aduaneras. Ello, para impedir que se extrajese una mayor cantidad o peor aún, sin haber pagado los respectivos derechos, que era lo mismo decir, por contrabando.