Víctor Condori
Historiador
Una de las actividades económicas más golpeadas en la región por la guerra de Independencia, fue la producción de vinos y aguardientes que, desde el periodo colonial, había sido considerada la principal fuente de ingresos y prestigio para cientos de familias de la sociedad local.
Muy a pesar de ello, los inicios de la vida republicana no representaron ningún alivio para su ya crítica situación, contrariamente, los vinateros arequipeños se vieron obligados a enfrentar grandes dificultades como, la competencia de licores importados, de aguardientes más baratos (hechos de caña y frutas) y hasta de bebidas adulteradas.
Sin embargo, los peores inconvenientes para esta industria provendrían de la pérdida progresiva del exclusivo mercado alto peruano.
Nueva era, distintos cultivos
Como no hay mal que por bien no venga, la crisis vinatera en la región, alentó a diversos hacendados y empresarios arequipeños a dirigir sus esfuerzos y capitales sobre ciertos cultivos que no habían merecido la suficiente atención en años anteriores y hacia valles, mantenidos al margen de la producción de vinos y aguardientes.
Entre los principales cultivos estuvieron, el algodón, destinado a la exportación y los llamados de panllevar, como trigo, maíz, papas y hortalizas, para el consumo de la población; dentro de los valles, destacarían Tambo, Camaná y aquellos ubicados en los alrededores de la ciudad de Arequipa.
Estos últimos, como Tiabaya, Paucarpata, Sabandía y Socabaya, adquirieron una mayor importancia en los primeros años de la república, a causa de la expansión considerable en la demanda de alimentos, provocada por el crecimiento de la población en la provincia y, particularmente, la necesidad de asegurar los suministros de una fuerza militar de más de 3000 soldados destacados en la región.
¿Qué fuerza era esta? La primera división colombiana al mando del general venezolano Jacinto Lara, estacionada en diversas localidades del sur del Perú, entre 1825 y 1827.
Ahora, la creciente necesidad y no menos rentabilidad de los cultivos alimenticios durante aquellos años, bien podría explicar de un lado, la aparición de interesantes sociedades económicas destinadas a la ampliación de tierras de cultivo, constituidas por propietarios locales y empresarios extranjeros; y del otro, diferentes medidas y decretos relacionados con la agricultura impulsados por la administración bolivariana.
En ese sentido, en noviembre de 1826 Mariano García del Rivero, José del Rivero y Samuel B. Mardon, este último director de la Casa Gibbs de Arequipa, formarían una compañía para la producción de cultivos de panllevar, en unas tierras pertenecientes al primero de ellos, ubicadas en el pago de Congata. Y para “reducirlas al estado de fructíferas y darles agua correspondiente”, los socios aportaron un capital inicial de 4000 pesos.
EL DATO
“La principal grandeza de Arequipa consiste en la agricultura. Su campiña es tan fecunda que produce cuanto se le siembra”.
Disertación económico-civil sobre el departamento de Arequipa (1825)
La política bolivariana
Entre las primeras medidas adoptadas en favor de dicha actividad y la producción de alimentos en la provincia de Arequipa, se podría considerar, la eliminación de un impuesto colonial, que gravaba con un peso de plata toda fanega de trigo (43 kg) comprada por las panaderías.
En segundo lugar, el reparto de tierras entre las poblaciones indígenas que carecían de ellas, “para aumentar el número de propietarios e incrementar la producción”; además de la venta, de tierras pertenecientes al Estado y las comunidades, que hayan sobrado “del reparto hecho a los indios y las baldías”.
Como consecuencia de ello, en 1825, los vecinos Juan Zumarán y Francisco Laborenia constituyeron una compañía para trabajar nada menos que 7500 topos de tierras eriazas, las mismas que fueron compradas al Estado peruano en pública subasta. Estas tierras, se hallaban ubicadas en las pampas de La Caldera en el valle de Vítor. Luego de adquiridas, los socios se comprometieron a darles “la respectiva agua para su cultivo del modo y forma que tienen acordado”.
Junto a aquellas medidas, el gobierno de Simón Bolívar buscó fomentar también, el desarrollo de importantes proyectos de irrigación en el departamento.
Así, a principios de 1826, autorizó al prefecto general Antonio Gutiérrez de la Fuente, la promoción de varios proyectos, para “dar agua a las tierras” en las provincias de Tacna, Arica y por supuesto, Arequipa. En esta última, dos iban a ser los más importantes: el de Camborda, en el distrito de Cayma y el de Vincocaya, en el actual distrito de San Antonio de Chuca, en Caylloma.
El proyecto Vincocaya
El proyecto de Vincocaya, el más importante de su tiempo, tenía como principal objetivo, aumentar el volumen de agua del principal río de la ciudad, llamado Chili, y, como segundo, extender considerablemente el potencial agrícola de la provincia y de paso, crear nuevas oportunidades de inversión para decenas de familias y empresarios de la localidad.
El 10 de marzo de 1826, un grupo de vecinos de la ciudad de Arequipa encabezados por el minero de Caylloma, Pedro Murga, decidieron conformar mediante escritura pública una ambiciosa compañía por acciones, encargada de construir diversas presas y canales con el fin de desviar hacia la cuenca del río Chili, las aguas de los ríos y lagunas ubicadas en las partes altas de la ciudad y, de ese modo, irrigar unas 6000 hectáreas de tierras eriazas.
Dicha sociedad, fue conocida durante aquella época con el nombre de Proyecto Vincocaya y contaría con el respaldo de las principales autoridades del gobierno nacional y local, encabezadas por el libertador Simón Bolívar, su asesor personal y maestro de juventud, Simón Rodríguez y, cuando no, el prefecto del departamento, general Gutiérrez de la Fuente.
El monto inicial de este ambicioso proyecto fue establecido en 100 000 pesos, divididos en 100 acciones de 1000 pesos cada una. A fin de generar la suficiente confianza y asegurar la mayor participación del vecindario arequipeño, las autoridades del gobierno se convirtieron en los principales accionistas, adquiriendo un total de 16, dejando las otras 84 acciones para el público interesado.
De manera complementaria y buscando dar ciertas facilidades para realizar los pagos, los directores del proyecto no exigieron a los socios la inmediata cancelación de las acciones, contrariamente, permitieron que estas puedan ser completadas progresivamente dentro de un plazo determinado y conforme lo requirieran los avances de la obra.
Por ejemplo, con el objetivo de adquirir las herramientas y demás útiles para iniciar los trabajos, los accionistas debían entregar un adelanto de 200 pesos y “en las demás serán las datas de cien pesos hasta el completo de los 1000”.
Según esta misma escritura, la sociedad necesitaba contar para su buen funcionamiento con un director de la obra, “que entienda en el dique y canal de Vincocaya y en la apertura de las acequias, poniendo los operarios de confianza, y todo lo recolectado en dinero”.
Junto a él, se debían nombrar cinco colaboradores escogidos entre los principales asociados, “con quienes unidamente deben entenderse el director y cuantos tengan que tratar y contratar sobre artículos pertenecientes a la obra”.
Los seleccionados para integrar esta primera junta directiva fueron, el referido minero Pedro Murga como su flamante director, el hacendado de Arica, Mariano Miguel de Ugarte y los reconocidos vecinos de la ciudad, José Díaz de Barreda, Manuel Marcó del Pont, Marcos Vargas y el presbítero Fernando Arce y Fierro, como colaboradores.
Lamentablemente, aquel temprano optimismo duró poco. Un mes después de solicitada la primera cuota, muchos asociados al no poder cumplir con la entrega del depósito de los 200 pesos antes señalados, tuvieron que ceder personalmente sus acciones o hacerlo a través del cuerpo directivo de la empresa, quienes inmediatamente posibilitaron la admisión de nuevos socios en su reemplazo, tanto nacionales como extranjeros.
Fin del proyecto
Con el paso de los meses, la cantidad de socios morosos en relación a las siguientes cuotas continuó aumentando increíblemente y para enero de 1827, cerca de la mitad de los accionistas no habían entregado aún la cuarta data. Muy a pesar de las presiones de los directivos y la venta de las referidas acciones a nuevos inversionistas.
Aquella lamentable situación, estuvo lejos de modificarse en los años posteriores a la salida del Libertador. Para inicios de la década de 1830, diversos inconvenientes como las lluvias estacionales, la ausencia de mano de obra y, sobre todo, la falta de capitales detuvo el progreso de la obra; y para 1845, el mayor proyecto de irrigación en la historia del siglo XIX, sería completamente abandonado.