Víctor Condori
Historiador
El establecimiento de numerosas instituciones administrativas y de gobierno en la región, a inicios de la república, como la Prefectura, el Ejército, la Corte Superior de Justicia y la oficina de Correos; junto a otras de origen colonial como la Tesorería, la Aduana, la Municipalidad (el antiguo Cabildo) y el Obispado, generaron grandes expectativas entre los vecinos de la ciudad por la obtención de puestos o empleos remunerados dentro de tales dependencias. Necesidad, que se haría cada vez más apremiante a causa de la crisis y posterior colapso de algunas importantes actividades económicas, como la viticultura, la ganadería y la minería.
Consciente de esta situación, en enero de 1825, el Libertador Simón Bolívar como encargado del supremo gobierno del Perú, estableció mediante decreto las llamadas Juntas de Calificaciones; vale decir, instituciones de carácter departamental integradas por diversas personalidades pertenecientes a diferentes instancias “de la administración civil, eclesiástica y militar”.
Su objetivo, recompensar con sendos puestos o empleos, a todos los peruanos que estuvieran en capacidad de demostrar sus grandes y desinteresados servicios en favor de la causa patriota, durante los cruciales y decisivos años de la guerra de Independencia.
La Junta de Calificaciones
En Arequipa, dicha junta se estableció en julio de 1825 y estuvo compuesta por el prefecto del departamento, general Antonio Gutiérrez de la Fuente, el deán Manuel Fernández de Córdova, el canónigo Dámaso Rodríguez y ocho reconocidos vecinos de la localidad.
A lo largo de ese año, 67 personas presentaron sus respectivos expedientes para ser evaluados, quienes pertenecían a distintos oficios o profesiones. Dentro de los principales, destacarían nítidamente los hacendados, sacerdotes y abogados, que en promedio alcanzaron el 87 % del total de postulantes.
Lamentablemente, la mencionada institución no llegaría a satisfacer las demandas de todos los solicitantes debido, entre otras razones, a que, luego de evaluar y aprobar los respectivos expedientes, sólo podía hacer la recomendación ante las instancias correspondientes para el otorgamiento de los respectivos empleos.
Sin embargo, su contratación o no, dependía muchas veces de otros factores además de su comprobado patriotismo; como, por ejemplo, la existencia de una plaza en particular, la destreza o formación profesional del solicitante y en algunos casos, la aprobación de los administradores o encargados de tales instituciones.
Por otro lado, esta oferta laboral obtenida a través de las Juntas de Calificación, comprendía en realidad cargos de menor nivel o jerarquía en la administración civil, militar y eclesiástica; como, guardias del resguardo aduanero, racioneros en alguna iglesia y en el mejor de los casos, encargados de una parroquia o curato. Lamentablemente, para cargos de mayor jerarquía, importancia y remuneración, se requería de competencia, experiencia y cierto respaldo económico.
Así, por ejemplo, el primer administrador de la Aduana de Islay, fue Marcos Ringlos, quien se había desempeñado como administrador del puerto de Quilca, durante los últimos años del gobierno colonial y los inicios de la república. De la misma forma, ocurrió en el caso de Mariano Basilio de la Fuente, importante vecino de Arequipa y propietario de las minas de Huantajaya en la provincia de Tarapacá; quien, a principios de 1825 fue nombrado intendente de Moquegua y en 1827, subprefecto de la provincia de Arequipa.
Como se ha señalado, además de los méritos para ocupar estos cargos, se solicitaba el depósito de cierta cantidad de dinero como fianza; en caso de no disponer de ella, muchos vecinos apelaban a sus buenas relaciones económicas, sociales o familiares, que, como podría entenderse, la mayor parte de la población no tenía.
Para acceder al cargo de intendente de Moquegua, que exigía una fianza de 26 000 pesos, el mencionado Mariano Basilio presentó una lista de 15 fiadores entre familiares, amigos e incluso, un comerciante extranjero, el inglés Tomás Crompton, futuro cónsul de Gran Bretaña en el puerto de Islay.
La participación de comerciantes extranjeros como fiadores, se volvería bastante frecuente en las mencionadas listas, no sólo por la disposición de sumas de dinero contante y sonante sino, sobre todo, porque algunos de esos cargos estuvieron muy relacionados con la actividad que ellos realizaban.
Por ejemplo, en 1827 para obtener el cargo de administrador de la Aduana de Arequipa, que exigía la entrega de una fianza de 8000 pesos, el contador Ignacio Novoa sería garantizado por seis fiadores entre los que se encontraban los comerciantes británicos Juan Robinson y Samuel B. Mardon, este último, administrador de la Casa Gibbs de Arequipa.
La política de empleos
Como sería fácil de entender, por encima de las atribuciones de las Juntas de Calificación y la potestad de los prefectos, estuvo la capacidad del Libertador de otorgar empleos sobre cualquier consideración habida y por haber y en cualquier rama de la administración civil, militar y eclesiástica.
Así, tenemos que, apenas terminada la guerra de Independencia nombraría directamente, o a través de su lugarteniente, el mariscal Antonio José de Sucre, a los flamantes prefectos de los departamentos de Huamanga, Puno, Cuzco y Arequipa. Y para fines de 1825, muy pocas autoridades de origen colonial pudieron mantenerse en el cargo sin intervención del supremo dictador del Perú.
Uno de los pocos casos, fue el de José Sebastián de Goyeneche y Barreda, reconocido obispo de Arequipa (1817-1859) y a quien no pudo obligar a renunciar a su cargo, como sucedió con monseñor José Calixto de Orihuela, obispo del Cusco; en tal situación y con el fin de controlar su labor en beneficio de la dictadura, Bolívar nombró al antiguo cura de Condesuyos y reconocido patriota Manuel José Fernández de Córdoba, primero como deán y luego, provisor del Obispado.
Precisamente, respaldado en este cargo de confianza Fernández de Córdoba se encargaría de seleccionar a los eclesiásticos patriotas, que deberían ocupar las sillas vacantes, además de separar a aquellos considerados “enemigos del sistema de Independencia de los que sirvan y poner otros en su lugar y, por último, hacer lo mismo con los empleados de la curia eclesiástica”.
Los cambios en el Cabildo Eclesiástico de Arequipa no se harían esperar. Varios antiguos miembros serían destituidos a causa de su relación con el fenecido régimen colonial y muchos otros, recomendados para curatos y canonjías, “por las penurias sufridas por su adhesión a la Independencia en el pasado”. Ahora, sea por nombramiento directo o por sus reconocidos servicios a la patria, algunos de estos nuevos líderes espirituales llegarían al cargo, más por razones políticas que canónicas y en no pocos casos, se haría evidente esa falta de idoneidad.
Uno de esos casos, estuvo relacionado con el sacerdote José María Delgado, quien en 1825 fue calificado por la referida junta, al año siguiente se presentó a un concurso de curatos y para 1827, “ya tenía abierto un proceso por inconducta moral” (Rojas Ingunza, 2007).
De otro lado, algunos nombramientos del Libertador, estuvieron motivados por aspectos administrativos y de gobierno, antes que por razones meramente personales. Así, por ejemplo, de los seis principales miembros de la Corte Superior de Justicia, tres habían sido importantes líderes de la sociedad colonial, “los vocales Mariano Esteban Llosa, antiguo regidor de Moquegua y Mariano Blas de la Fuente, antiguo regidor y alcalde de Arequipa y el fiscal Mariano Luna Villanueva, quien antes había servido como teniente asesor de Arequipa y el Callao”.
Uno de los casos más controvertidos de esta temprana época, estuvo relacionado con Toribio Fernando Pacheco, un antiguo funcionario real, quien fue seleccionado por el Libertador para el cargo de contador de la Tesorería de Arequipa en 1825; cargo pretendido por muchos vecinos, como Juan Agustín Lira, líder patriota de Condesuyos, al que le pareció una gran injusticia que un enemigo declarado, “quien había servido fielmente a Fernando VII pudiese conseguir un cargo por encima de un patriota”.
En la misma línea, el coronel Mariano Benavides denunciaría el pasado realista del tesorero Pacheco, a través de un folleto publicado en Lima con el título de Vindicación de un patriota honrado contra los ataques de un godo entronizado, el mismo que sería posteriormente contestado.
Entre las consecuencias generadas por este supuesto favoritismo del Libertador hacia muchos antiguos realistas, además del resentimiento de aquellos que se sentían injustamente postergados, estarían las numerosas denuncias públicas —verdaderas o falsas— contra los beneficiados. Así, en agosto de 1826 se publicó en el periódico El Republicano, lo siguiente:
El departamento de Arequipa que por tener la opinión contraria al sistema que nos rige, por razón de que algunos que han sido antagonistas de la patria se ven colocados en los primeros empleos y llevando las distinciones que debe caracterizar al verdadero patriota y los pechos que han causado las insignias del despotismo y de haber derramado la sangre americana, no debían profanar el busto del Libertador colocándolos en tales lugares; por ser mucha la diferencia que hay entre un león y un cordero.