María Alejandra Maldonado Adrián
Docente de Derecho – UCSP
¡Qué quilombo! Es una frase frecuentemente usada por nuestros hermanos argentinos cuando quieren decir ¡qué lío! Justamente las relaciones internacionales entre Perú y algunos gobiernos del continente se volvieron eso, luego que los representantes de Argentina, Bolivia y Nicaragua, felicitaran al candidato Pedro Castillo como presidente electo, incluso antes de que los propios peruanos sepamos el resultado oficial.
Fíjese, señor lector, que digo ‘representantes de Estados’, no digo Alberto Fernández (Argentina), los esposos Daniel y Rosario Ortega (Nicaragua) o Luis Arce (Bolivia). ¿Qué hay de malo en felicitar a alguien? Depende. ¿Lo hace en su condición de jefe de Estado? Pues si esos mensajes los analizamos desde la perspectiva del Derecho Internacional Público, esos hechos se enmarcan en lo que conocemos como actos unilaterales de los Estados que generan consecuencias en el ámbito de la comunidad internacional.
Por un lado, tenemos el reconocimiento de Gobierno y por el otro, la protesta. De acuerdo con el Derecho Internacional, el reconocimiento de Gobierno es una manifestación de voluntad de un Estado (por medio de sus representantes) mediante la que se reconoce o se da conformidad a un nuevo mandatario. Ese acto lleva implícita la verificación de la constitucionalidad.
Por el contrario, no reconocerlo, lleva implícita la declaratoria de que no se ha cumplido con el respeto al estado de Derecho en esa transición de mando. Esto último hará —seguramente— que las relaciones diplomáticas y comerciales entre dichos Estados no sean fluidas o no existan.
A comienzos del siglo XX, brillantes pensadores de la región estudiaron la institución del reconocimiento, siendo algunas de las más relevantes doctrinas las formuladas por Tovar (1907-Ecuador), Estrada (1930-México), Betancourt (1959-Venezuela), entre otras. Dependiendo de la política exterior de cada Estado, ante un cambio de Gobierno, estos actuarán: reconociéndolo (lo que usualmente ocurre), “No reconociéndolo si hay ruptura del hilo constitucional en la transición de mando” (Tovar), “No manteniendo relaciones diplomáticas ni comerciales con Gobiernos de facto» (Betancourt) o “No utilizando el reconocimiento como injerencia indebida en los asuntos internos de otros países” (Estrada).
El tema de reconocimiento a un nuevo Gobierno, lo vimos en Perú el año pasado, cuando pocos Estados del mundo (entre ellos Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile), reconocieron al presidente Merino, por el contrario, se publicaron tweets y pronunciamientos llamando a la cautela y mostrando preocupación por la situación política y de derechos humanos del momento (ej. Comunicado de la Secretaría General de la OEA del 11 de noviembre de 2020).
En contraposición, vimos como minutos después de la toma de posición del presidente Sagasti, se publicaron tweets de felicitación por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de Naciones Unidas (ONU), Unión Europea (UE), entre otros. Estos actos de la comunidad internacional, sin duda brindaron respaldo y hasta ‘algo’ de estabilidad política al nuevo Gobierno de transición.
En la política exterior reciente, encontramos ejemplos del uso del reconocimiento ante el cambio de Gobierno de otros países. Por ejemplo, a comienzos de 2019, vimos el indiscutible liderazgo de Perú en el Grupo de Lima al reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. En noviembre del mismo año, ante la crisis institucional de Bolivia y la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina, cancillería peruana reconoció como legítima representante a la presidenta Áñez, quien luego llegó a formar parte del antes mencionado Grupo de Lima.
Entonces, expresar reconocimiento es un acto soberano de los Estados y sobre eso no hay discusión que valga. El problema es, ¿cuándo se realiza?, pues de ser un acto legítimo puede convertirse en una injerencia indebida en los asuntos de otro Estado, lo cual es inaceptable de acuerdo con el Derecho Internacional.
Como hemos visto en noticias nacionales recientes, la primera línea de acción ejercida ante un reconocimiento apresurado de quien aún no es proclamado presidente, ha sido la diplomática. Mediante una correspondencia oficial de protesta, el Perú ha expresado a los embajadores de Argentina, Bolivia y Nicaragua su molestia por cuanto estos países, realizaron un acto de reconocimiento de Gobierno antes que los resultados finales de las Elecciones Generales de 2021 hayan sido anunciados por las autoridades electorales peruanas.
Ante esto, lo que diplomáticamente corresponde a Argentina, Nicaragua y Bolivia es presentar las debidas disculpas. ¿Lo harán?
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