Sola

Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo.

La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos fue inhabilitada de la función pública por la mayoría congresal, obligándola a dejar su cargo como fiscal suprema de forma inmediata e inhabilitándola de la función pública por 5 años.

Dicha inhabilitación contó con el apoyo de todas las bancadas, excepto la de Cambio Democrático – JPP, integrada por los congresistas cercanos a Verónika Mendoza y los remanentes del Partido Morado. Y es que, la actuación de Ávalos siempre se vio cercana a los sectores afines a Martín Vizcarra —a quien debió su elección como fiscal de la Nación— y al presidente Francisco Sagasti —a quien no investigó—; y con este Congreso en que los enemigos de ambos son mayoría, todo parece indicar que hubo un ajuste de cuentas.

Lo cierto es que Ávalos en las últimas semanas dio por perdido el proceso en su contra y de forma desesperada abrió una cuenta de Twitter para intentar defenderse sin éxito, responsabilizando a Patricia Benavides —actual fiscal de la Nación— de su trágico desenlace, algo que no serviría de mucho.

Sería Patricia Chirinos la responsable de llevar la batuta de este proceso en el Congreso y la justificación que seleccionó fue la más débil de todas, la presunta omisión de Ávalos frente a las investigaciones de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo, y es que tan pronto Ávalos dejó de ser fiscal de la Nación, sus sucesores aceleraron dichas investigaciones.

Lo que Ávalos no pudo nunca justificar fue la demora para abrir la investigación a Vizcarra por el caso Richard Swing, ni la demora para llevar a acusación el caso de “Los cuellos blancos”, casos de peso que se quedarán sin respuesta.