Alonso Begazo Cáceres
Profesor del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo
La gobernabilidad se entiende, de manera general, como la concurrencia de condiciones mínimas que permiten el ejercicio adecuado de la acción de gobierno. En sentido contrario, la ingobernabilidad describe un contexto disfuncional que obstaculiza la capacidad gubernamental. En el Perú, lamentablemente, nos encontramos instalados en este segundo escenario.
Semanas atrás, el Instituto Nacional de Estadística e Informática publicó su informe Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones, correspondiente al periodo julio–diciembre de 2025. Entre los datos más reveladores se encuentra uno que parece repetirse año tras año: el 60.3 % de la población considera que la corrupción es la mayor preocupación ciudadana. El fenómeno se expresa en diversas prácticas –sobornos, coimas o tráfico de influencias– que erosionan la confianza y deterioran el tejido institucional.
Esta tendencia no es nueva. Ya en 2019, el Barómetro de las Américas señalaba que el Perú era “el país más preocupado por la corrupción”. Sin embargo, esta reiteración invita a una reflexión más profunda: ¿la corrupción es únicamente un problema de índole política o se trata de un mal que ha calado en nuestro entramado social, alimentado por la propia indiferencia ciudadana?
La pregunta no es menor. La gobernabilidad no depende solo del desempeño formal de la autoridad, sino de todas las condiciones sociales, cívicas y comunitarias que permiten ejercerla eficazmente. Por ello, sin una participación social equilibrada, informada y activa, cualquier esfuerzo institucional queda inevitablemente debilitado.
Este punto permite comprender que la gobernabilidad se teje a partir de la cooperación entre la autoridad, el ordenamiento jurídico y la comunidad política. Esta última no es un elemento pasivo, somos socios activos y corresponsables del bien común.
Pero ¿qué fundamenta esa corresponsabilidad? La tradición clásica ha respondido mediante la noción de sociabilidad: el bien humano es esencialmente un bien común, no solo porque necesitamos a otros instrumentalmente, sino porque el vivir bien solo es posible en comunión. El florecimiento de cada persona se construye en el reconocimiento y promoción del bien del otro. Así, “mi bien es que tú realices tu bien” y, al mismo tiempo, “tu bien es que yo realice el mío”.
Esta visión de bien común solo puede ser alcanzado deliberando con nuestros conciudadanos sobre los fines compartidos. Ello exige espacios públicos de encuentro, donde ciudadanos diversos aprendan a comprender sus diferencias. En este marco, no existe comunidad humana más compleja y decisiva que la ciudad, entendida como la comunidad amplia que integra a los múltiples grupos e individuos.
Sin un mínimo de coordinación entre individuos y grupos sociales, difícilmente podría hablarse de libertad o de una convivencia ordenada. Por ello, resulta indispensable fortalecer los lazos que distinguen a la sociedad política, pues estos garantizan ese bien común que sostiene la vida colectiva y la legitimidad de las instituciones.
En este sentido, la democracia participativa aparece como un horizonte indispensable. Su objetivo es ampliar los mecanismos que vinculan al Estado con la sociedad, acercando la toma de decisiones al ciudadano. Desde esta perspectiva, la democracia representativa se ve fortalecida por una democracia participativa, en la medida que consolida las precondiciones cívicas que hacen posible un régimen verdaderamente democrático.
Entonces, la pregunta inicial vuelve a nosotros con más fuerza: ¿estamos ante una crisis de gobernabilidad o ante una crisis de ciudadanía? Porque sin ciudadanos activos, corresponsables y orientados al bien común, ninguna estructura institucional —por más elaborada que sea— podrá sostenerse.
Discusión sobre el post