Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
La financiación pública de los partidos nació con una promesa sensata: fortalecer la democracia y cerrar la puerta al dinero ilícito. El resultado peruano sugiere otra cosa. La proliferación —hasta rozar los 40 partidos— no responde a un súbito fervor cívico (amor al chancho), sino al incentivo más prosaico de los chicharrones: las gabelas del erario.
A la vieja práctica de vender cupos se le ha sumado ahora un flujo asegurado de recursos para cualquier organización inscrita. En teoría, un partido es un vehículo ideológico para que líderes y programas lleguen al Congreso y a Palacio. En la práctica, la política se ha convertido en un negocio en el que la organización importa más como caja registradora que como proyecto de poder o de ideas.
La franja electoral ilustra bien este desvío. Concebida para garantizar presencia en medios y redes, su lógica era obvia: colocar mensajes donde haya audiencia. El escándalo reciente revela algo distinto: la canalización de recursos hacia medios vinculados a los propios candidatos o partidos, actuales o pasados. No es estrategia; es captura.
Los casos son elocuentes. En Primero la Gente, Marisol Pérez Tello terminó expulsando a Miguel del Castillo tras revelarse el direccionamiento de pauta hacia Canal Nativa, medio que él fundó. País para Todos, de Carlos Álvarez, concentró buena parte de sus recursos en el mismo canal. Fuerza y Libertad, de Fiorella Molinelli, entregó la totalidad a Sol TV, un canal regional. Y APP, de César Acuña, hizo lo propio con Cosmos TV, fundado por la UCV, su universidad.
El patrón es claro: la financiación pública no ha contenido los vicios; los ha reconfigurado. A seis años de la reforma política de 2019, el sistema no luce más austero ni más representativo, sino más fragmentado y, una vez más, ingenioso para privatizar lo público.