Carlos Timaná Kure
Politólogo – Director del Centro de Gobierno de la UCSP.
Para los que pensaban que las malas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo habían sido superadas tras las pasadas elecciones, lo que aconteció el pasado domingo demostró que lo que se viene entre ambos poderes será más de lo mismo: confrontación abierta y a la que hemos asistido desde 2015, cuando comenzó en la última legislatura del Gobierno de Ollanta Humala y ha seguido en el gobierno de Pedro Pablo Kuzcynski y Martín Vizcarra.
Existía la expectativa de que, aniquilado el “monstruo fujimorista”, se tendría un Congreso fragmentado que facilitaría la gobernabilidad del presidente Vizcarra. Ha ocurrido todo lo contrario. El Parlamento, a pesar de tener 9 bancadas –no había tantas desde el Gobierno de Alejandro Toledo- actúa de forma cohesionada en sus votaciones y está mostrando una intensa producción legislativa, tanta que en menos de 24 horas armó una reforma de 5 artículos de la Constitución.
La aprobación, en primera instancia, que retiraba la inmunidad parlamentaria extendiéndola también al Presidente ha generado revuelo en la opinión pública, sobre todo en los medios de comunicación y es vista como una jugarreta que busca que se declare inconstitucional la medida en el mediano plazo y los congresistas puedan volver a tener la inmunidad, cuando pase por el control del Tribunal Constitucional, cuya presidenta, Marianella Ledesma, ha calificado de “blindaje” lo hecho por el Congreso.
Existen varios factores que están detrás de este nuevo hito en la discusión de sordos que mantienen desde hace años ambos poderes. El primero es que los congresistas están pensando en la elección presidencial de 2021 y en las regionales de 2022; de allí que para hacer las campañas busquen flexibilizar las medidas para que “financiadores” informales –en el mejor de los casos– y hasta ilegales –en el peor de todos– puedan ser elegidos y evadir la justicia. Como se dice: “favor con favor se paga”.
Así mismo, el Presidente necesita oxigenar el discurso anticorrupción que le ha dado réditos a lo largo de su mandato y la oportunidad se le presentó con la primera votación contra la reforma política que permitía la postulación de candidatos sentenciados en primera instancia. Utilizó hacia los congresistas el tonito que tanto le gusta a la gente y amenazó con convocar un nuevo referendo.
Lo que ha demostrado la rápida actuación de este Congreso es que este no va a caer en el juego del anterior y demostrará que su poder cuenta, y que en el arte de “gustar al pueblo” no le van a dejar la exclusiva al presidente. De hecho, la mayoría de las leyes tienen un tono populista que ha caído bien en la percepción de la ciudadanía. Tendremos un nuevo escenario después del 28 de julio cuando el Presidente no podrá disolver el Congreso tras dos negativas consecutivas a la cuestión de confianza al tratarse del último año antes de nueva legislatura, lo que podrá envalentonar aún más a los congresistas.
La gran pregunta es ¿por qué ambos poderes del Estado no cooperan? ¿Por qué no construyen una agenda común por el bien del país? Y la respuesta se encuentra en los indicadores de éxito. El presidente ha empleado una táctica de polarización que es la única que le ha funcionado. Solo el enfrentamiento con el Congreso le ayuda a mover al alza su popularidad. Por el lado del parlamento, todo recae en la forma cómo se eligen los congresistas. Los costos de campaña y la movilización de los votantes en una democracia como la nuestra necesitan transar con líderes que no solo son informales sino hasta ilegales. Son ellos los que con sus recursos ponen a los representantes y por lo mismo deben flexibilizar las condiciones para seguir en el juego. Por ello, ni cambian ni se dejan cambiar. De allí que este nudo va a seguir acompañándonos más allá del bicentenario. Tristemente.
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