Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
Días atrás, Patricia Benavides intentó retomar el cargo de fiscal de la Nación, tras la disposición de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que sea repuesta. Recordemos que la anterior JNJ había retirado a la fiscal Benavides del cargo por un presunto tráfico de influencias vinculado a la investigación contra su hermana. Esta medida se tomó en medio de un escándalo mediático que involucraba acusaciones por canje de favores con congresistas. Es decir, Benavides habría negociado expedientes de investigaciones penales a parlamentarios a cambio de apoyo político en denuncias constitucionales que le convenía impulsar, como el caso de Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación.
La Junta de Fiscales Supremos –órgano responsable de nombrar al fiscal de la Nación– ha tomado posición y decidió ratificar a Delia Espinoza como titular en ejercicio del Ministerio Público y rechazó la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema. No solo eso, ha contraatacado a la JNJ con una investigación sobre sus integrantes, algo que no se había hecho antes, teniendo presente que la JNJ tiene la potestad sancionadora sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Se trata de un escenario que genera congoja de solo verlo, y revela no solo las peleas intestinas que se libran en el Ministerio Público, sino hasta dónde ha llegado el enfrentamiento faccional en su interior, una politización extrema de la justicia difícil de imaginar sino fuera porque la vemos con nuestros propios ojos.
Los caminos para dirimir este conflicto no son claros, mientras Benavides ha tomado el rumbo del Congreso de la República, Delia Espinoza ha buscado ampararse en el Poder Judicial. Habrá que esperar algunos meses para conocer el desenlace de esta truculenta historia, donde el Tribunal Constitucional podría tener la última palabra.
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