Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
El país ha vuelto a demostrar su resiliencia con un crecimiento de 3.2 % el año pasado, liderando en la región con este indicador, como solía ocurrir hasta la era de Alan García. Sin embargo, el verdadero desafío sigue siendo transformar ese crecimiento en mejores servicios públicos, algo que el Estado, una vez más, no ha logrado materializar.
Con una informalidad que se mantiene en un preocupante 70 %, las arcas fiscales están debilitadas, mientras el gasto burocrático sigue en ascenso. Un claro ejemplo es el rescate financiero de Petroperú, que ha absorbido recursos que podrían haberse destinado a programas sociales clave, afectando directamente el desarrollo humano, sobre todo en las zonas más vulnerables.
Existen ejemplos de gestión eficiente, como el caso de «Legado», la entidad creada para agilizar las obras de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Bajo la dirección de Carlos Neuhaus, logró destrabar proyectos emblemáticos y demostrar que la eficiencia es posible. Sin embargo, en una polémica decisión, la presidenta Dina Boluarte ha optado por desmantelarla y transferir sus funciones al IPD, precisamente la institución que en su momento fue incapaz de ejecutar esas mismas obras.
La preocupación se intensifica ante la influencia de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, sobre el IPD. Muchos temen que las obras que ahora gestionará nunca se concreten y los recursos desaparezcan en el limbo de la ineficiencia y la corrupción. Si el IPD no ha sido capaz de mantener en buen estado la infraestructura que ya tiene, ¿podrá encargarse de construir una nueva? La respuesta parece obvia: muy poco probable.
De esta forma, la presidenta renuncia una vez más a obtener resultados, prefiriendo engreír a su entorno, algo que le saldrá muy caro en un par de años.
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