¿Cuándo un candidato propone medidas contrarias a lo estipulado en la Constitución Política del Estado está fortaleciendo o debilitando la democracia?
Sucede que en el presente proceso electoral hay algunos aspirantes a autoridades que, aprovechando de la falta de información y la ausencia de debates programáticos, formulan aseveraciones que colisionan con los fundamentos básicos de la Carta Magna. Cuando se cuestiona la Constitución de 1993 y se propone reinstaurar la de 1979, se argumenta que la de 1993 carece de legitimidad porque proviene de un proceso autoritario. Se olvida que es la única constitución del Perú que fue sometida a un referéndum para su ratificación mediante el voto popular. Intencionalmente se deja de señalar que la Constitución de 1979 surgió en las postrimerías de la segunda fase del gobierno militar (Primera fase, 1968-1975. Segunda fase, 1975-1980).
Es cierto que se llevaron a cabo comicios para elegir a los constituyentes de 1979; pero, por entonces, el gobierno militar siempre afirmó que la Constituyente no podía dejar de lado las “grandes reformas” de su proceso revolucionario (ergo, las fracasadas Reforma Agraria, la creación de Comunidad Industrial y de la Comunidad Minera, etc.).Descalificar la Constitución de 1993, en función al proceso en el que se elaboró, significa desconocer que las doce constituciones previas tuvieron un origen similar y que su legitimidad social debe medirse en función a su período de vigencia. La de 1979 se promulgó en 1980 y rigió hasta 1992, doce años. La de 1993 tiene 23 años dirigiendo los destinos del país, ha tenido algunas reformas, pero en lo esencial mantiene los lineamientos de política que la inspiraron y que han hecho posible reducir la pobreza y seguir creciendo, a pesar de la presente administración gubernamental.
Adicionalmente, la Constitución vigente proclama la Economía Social de Mercado; en consecuencia, son las personas naturales y jurídicas quienes están facultadas a realizar actividades económicas. El Estado también participa en la economía, pero de manera supletoria, es decir, allí donde el interés de los privados aún no alcanza a brindar un servicio que resulta necesario para los demás pobladores.
¿Qué sucede cuándo algún o algunos candidatos, sean presidenciales o postulantes al parlamento, proponen medidas que atentan contra el espíritu de la Constitución? Por ejemplo, qué ocurre cuando con motivo de la campaña electoral uno se topa con avisos en los que se señala: “Alto al abuso de los colegios privados, regulación efectiva”. Analicemos la frase, en el país existe una variada oferta educativa, los costos de acceso a los colegios se determinan en función a la amplitud del servicio educativo que ofrecen, así como también tienen relación con la calidad de la infraestructura puesta a disposición de los educandos. ¿Se puede establecer una regulación efectiva sobre ellos? ¡No!
No obstante, lo que sí se puede hacer desde el Estado (en todos sus niveles) es brindar mayores facilidades de acceso para que más personas brinden el servicio educativo, así como para cualquier otra actividad económica. Si uno analiza los mejores salarios de los profesores en las escuelas particulares se dará cuenta de que éstos responden a la libre competencia, superando al salario promedio que el Estado pago a sus maestros.
El verdadero abuso está en aquellas escuelas en las que se ofrece a los padres enseñar alguna competencia a sus hijos y no cumplen u ofrecen una enseñanza de pésima calidad, allí es donde sí se requiere una supervisión del Estado en función al resultado esperado; si fuese el caso, el alumnado, en promedio, debería alcanzar un nivel de conocimiento del idioma inglés pre-establecido al momento de la oferta educativa.
Para consolidar la democracia y evitar que algunos candidatos colisionan con la Carta Magna y, por consiguiente, con el Estado de Derecho, se requiere que los organismos encargados de velar por la Constitución señalen qué propuestas resultan diametralmente opuestas al sentir de la Ley de Leyes.
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