Barreto

Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo

En medio del paro de transportistas que paralizó Lima norte y el debate sobre la reforma del Código Procesal Constitucional, que podría beneficiar a los congresistas que la promueven, el ruido político volvió a sonar en el Ministerio Público.

Y es que la Fiscalía de la Nación ha dado por concluida la designación de Marita Barreto como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Esta es la remoción más importante en el ente de control, tras la destitución de Patricia Benavides como fiscal general en mayo pasado, debido a la operación Valkiria que había liderado Barreto.

Barreto era vista como la estrella de la política criminal contra los altos cargos del Estado pero, debido a información periodística que trascendió en los últimos meses, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió apartarla del cargo preventivamente durante 6 meses. Entre tanto, se investigan tres faltas muy graves: 1) haber ordenado a una fiscal que denunciara al director del dominical ‘Contracorriente’ de Willax; 2) la contratación en la fiscalía de un abogado que se habría encargado de escribir artículos académicos que luego firmaría con su nombre; y 3) por haber filtrado información reservada.

Si bien para los demás fiscales que conforman Eficoop se ha tratado de una medida desproporcionada, para otros actores políticos las imputaciones son muy serias y la ANC habría actuado desde sus atribuciones institucionales. De todas maneras, Barreto ha indicado que buscaría apelar la sanción.

Lo cierto es que la competencia política en el país sigue dándose en el Ministerio Público, donde la justicia, a todas luces, está siendo subordinada de la política, algo que no debería pasar en una democracia sana.