Manuel Bedregal Salas
Economista
La ley aprobada en el Congreso –y recientemente promulgada por el Ejecutivo– que aumenta paulatinamente, durante los siguientes cuatro años, los fondos para inversión de las municipalidades de todo el país a través del denominado Foncomun, puede convertirse en una herramienta eficaz para mejorar los servicios públicos locales y generar competencias descentralizadas.
Las críticas a esta iniciativa se han centrado en la posible mayor corrupción que podría generarse y en las escasas competencias de gestión existentes fuera de Lima. Además, indican que se incrementa el incentivo perverso para que los alcaldes no se esfuercen en recaudar el impuesto predial ni en cobrar por los servicios municipales.
El argumento de una mayor corrupción no es consistente con los hechos. Los mayores casos de corrupción de la historia de nuestra querida patria se han producido a partir de decisiones de funcionarios y autoridades del Gobierno central y algunos gobernadores regionales, ante quienes los alcaldes alcanzarían el nivel de carteristas. Esto puede resolverse con mejoras en el sistema de inversión pública y, en última instancia, a nivel de los partidos políticos, que deberían ser sancionados por no elegir adecuadamente a sus candidatos.
La falta de competencias de gestión, que se menciona como otro argumento, es el principal problema del Estado peruano en su conjunto. Es verdad que la ejecución de inversiones es más difícil en municipalidades del interior del país, pero la solución pasa por capacitar y acompañar a los funcionarios a cargo de esta labor.
Por ejemplo, se podría capacitar en gestión pública a los estudiantes de las universidades de todo el territorio nacional, para que se conviertan en la contraparte técnica. Es más, premiar a alumnos, docentes y autoridades que muestren una mejora en la ejecución del gasto, puede ser una salida en donde todos ganan. Los universitarios estarían ávidos de participar en un trabajo de campo tan motivador.
La mismísima Lima no se salva de la falta de capacidad de gestión. Según un informe de El Comercio, en el primer trimestre de 2025, en los distritos limeños de San Isidro, Magdalena, La Molina o Pueblo libre no se llegó ni al 10 % de ejecución presupuestal. Otros, como San Borja, Jesús María y Surquillo no alcanzaron el 15 %.
Respecto a la baja recaudación del impuesto predial, es evidente la desidia municipal. Según un informe del grupo Propuesta ciudadana, en las municipalidades de Arequipa se recauda solo el 12.2 % de los tributos municipales. Los pobladores no pagamos, tal vez, porque no percibimos un servicio municipal adecuado o por la falta de inversiones que se deberían –y ahora se podrían– hacer.
En este caso, podría condicionarse el aumento del presupuesto propuesto en la referida ley a una mejora en la recaudación. Es decir, “te aumento los fondos para inversión, pero proporcionalmente al incremento en tu recaudación. Si no recaudas más no recibes más”. Una especie de “oferta de 2 por 1”, que motivaría a los alcaldes y funcionarios a recaudar más tributos municipales.
Nuestro país es extenso, está separado por desiertos, cumbres y zonas de selva. La migración interna es imparable. Algunos pueblos del interior del país se están quedando sin población, mientras que las grandes ciudades están colapsadas. Descentralicemos, mejoremos los servicios públicos y generemos competencias en todo el territorio.
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