En Miraflores una persona fue intervenida 17 veces por no usar mascarilla.
Rolando Vilca Begazo
¡El colmo! En el distrito de Miraflores un ciudadano fue detenido y sancionado 17 veces por no usar mascarilla. Esto evidencia el poco interés de un sector de la población por cumplir las disposiciones sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 en Arequipa.
Ante esta situación, el jefe de la IX Macro Región Policial, Gral. PNP Víctor Zanabria Angulo, en declaraciones a una emisora local, señaló que estos infractores serán denunciados penalmente, ya que las multas que se les impone no son un escarmiento suficiente para disuadir este tipo de conductas.
Zanabria, que acaba de ser designado como el nuevo jefe del Comando Regional COVID-19 (en reemplazo del renunciante Percy Miranda Paz), dijo que está de acuerdo con fomentar la reactivación económica y comercial, pero a la vez reiteró que se debe cumplir con todos los protocolos sanitarios para ello.
En el caso de los conglomerados comerciales, señaló que “se han relajando los controles sanitarios”, por lo que incurrirían tanto en una responsabilidad penal, como en la comisión del delito contra la salud pública, al generar focos de contagio del coronavirus.
En relación al control ciudadano, Zanabria dijo que el Ministerio Público ya inició la revisión de aquellos casos de infracciones reiteradas para iniciar una investigación penal, como el ocurrido con el vecino de Miraflores.
Efecto disuasivo
Por su parte el especialista en Derecho Penal y docente de la Universidad Católica San Pablo, Federico Álvarez Neyra, aclaró que el delito que se configuraría en este caso, es el de desobediencia y resistencia a la autoridad, previsto en el artículo 368 del Código Penal y cuya sanción es de tres a seis años de cárcel.
La modalidad de este delito sería por desobedecer o resistir una orden impartida por un funcionario público en cumplimiento de sus atribuciones. Es decir —en nuestro caso—, por no acatar la orden del efectivo policial sobre las disposiciones sanitarias emitidas por el Gobierno y que buscan frenar la propagación del coronavirus.
“Por ejemplo, al negarse a cumplir la disposición de usar la mascarilla, ya comete un delito y cuantas veces sea infraccionado, se inicia un nuevo proceso penal”, agregó.
De esta forma, el parte policial de intervención será la prueba inicial para derivar el caso ante el Ministerio Público, que realizará todas las diligencias a fin de sustentar la denuncia penal ante el Poder Judicial.
Álvarez, también señaló que esta medida tendrá un efecto disuasivo muy importante, debido a las implicancias sociales de una denuncia penal. Desde el inicio del proceso, todo ciudadano presentará antecedentes penales, además tendrá que afrontar gastos, pérdida de tiempo y de no someterse al proceso, se podría dictar una orden de captura en su contra.
150 mil infractores
Por otro lado, el jefe policial Víctor Zanabria, señaló que hasta el momento se aplicó infracciones administrativas (multas económicas) a unas 150 mil personas en la región Arequipa. De las cuales 50% corresponden a quienes que participaron en diferentes reuniones sociales, como las llamadas ‘fiestas covid’, peleas de gallos, peleas de toros y competencias de vehículos.
El otro 50% restante, corresponde a los casos de incumplimiento de la inmovilización social obligatoria (toque de queda), el distanciamiento social y el uso de mascarillas.
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