Deysi Pari
Más del 80 % del canal Pañe-Sumbay, infraestructura hídrica vital para provisionar de agua a la ciudad de Arequipa, está dañado. A lo largo de sus 90 kilómetros, diferentes tramos presentan fisuras, desprendimientos de concreto y acero de refuerzo expuesto. También se hallaron forados, grietas y erosiones.
Estos resultados son parte del diagnóstico situacional del canal de trasvase, realizado por el fondo Alianza por el Agua, el primer fondo de agua de la región sur, promovido por la Universidad Católica San Pablo.
El estudio explica que el canal tiene aproximadamente 50 años de antigüedad y debido a que el mantenimiento fue insuficiente y de manera no preventiva, en algún momento podría colapsar y afectar el suministro de agua para la población, la agricultura y la industria de Arequipa.
El canal Pañe-Sumbay es parte del sistema regulado del Chili y permite aprovechar los recursos hídricos disponibles de la cuenca del Alto Colca. De esta forma, trasvasa el agua hacia las presas El Pañe, Bamputañe, Pillones y el dique Los Españoles. Con ello, el 57 % de la capacidad de almacenamiento del sistema de represas de Arequipa depende del canal Pañe-Sumbay.
En el diagnóstico, se evidencia la existencia de tramos completamente colapsados, donde “ya no hay canal”, así como el riesgo inminente de que este deterioro se propague, lo que podría ocasionar la pérdida de varios kilómetros de infraestructura e impedir el trasvase de agua.
Se pierde mucha agua
Aunque no existe una infraestructura que permita medir con exactitud y en tiempo real la pérdida del recurso hídrico, la Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca-Chili, estima que se pierden 14 hectómetros cúbicos de agua en esta infraestructura de trasvase.
El diagnóstico resalta que el impacto de esta pérdida es alto. Por ejemplo, empresas del sector productivo usan para su operación entre 10 a 12 litros de agua por segundo y, en este caso, se están “perdiendo más de 200 litros por segundo”. “Estamos hablando de unas 20 industrias que podrían operar con ese caudal que se pierde”, se advirtió.
Actualmente, no se puede predecir “en qué momento algún tramo crítico podría colapsar”, lo que genera una gran incertidumbre. Aunque ya se conoce el estado general del canal, es necesario realizar estudios más detallados para identificar con precisión los puntos más críticos y medir con exactitud cuánta agua se pierde en tramos específicos antes de planificar la intervención y ejecutar la rehabilitación.
Colmatación, sedimentos y vegetación
Otro problema identificado es la colmatación por sedimentación, que se origina por la acumulación progresiva de material fino o gravas arrastradas por el flujo del canal, también hay presencia de vegetación, tanto en los taludes como en el fondo.
El diagnóstico se realizó por tramos. Por ejemplo, el 65.3 % del canal Pañe se encuentra en estado regular. El 70.5 % del tramo Sumbay se halla en condiciones regulares y el 24.6 % en mal estado. El 73.5 % del conducto Blanquillo presenta un estado regular, el 81 % del canal Antasalla se halla en estado regular y el 11.5 % en mal estado. Asimismo, el 75 % del tramo Zamácola, presenta estado regular y el 24 % mal estado.
Alternativas para intervenir el canal
Durante una reunión realizada días atrás, por iniciativa del fondo Alianza por el Agua, especialistas de ProInversión, de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña, así como de Autodema analizaron las distintas posibilidades y alternativas para llevar a cabo la rehabilitación.
Mario Hernández Rubiños, director especial de Proyectos de ProInversión, sostuvo que este canal no solo requiere mucha inversión, por lo que se debe evaluar la sostenibilidad financiera; sino que se debe tomar en cuenta, que los recursos de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) son limitados.
El panel manifestó que es posible encaminar el modelo de financiamiento de obras por impuestos para intervenir el canal Pañe-Sumbay, debido a que permite una ejecución más rápida y eficiente.
Sin embargo, hay que encontrar la voluntad política de las autoridades, asegurar el presupuesto y definir a la entidad competente responsable de la infraestructura a intervenir. Explicaron que se debe comenzar por obras pequeñas, priorizando las zonas más críticas para su ejecución inmediata.
Dentro de las obras por impuestos, hay dos modalidades, una de ellas es la IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición). “Se puede formular [la propuesta] en tres a cuatro meses, requiere requisitos mínimos, y se puede ejecutar en 3 a 6 meses”, precisó el panel.
En relación a este tema, el exdirector de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña, Ronald Fernández Bravo, remarcó que es necesario que haya una normativa sobre cómo se debe administrar este tipo de infraestructuras. “Tiene que haber un organismo público especializado”, indicó.
Decisión urgente
Los especialistas coinciden en que la intervención es urgente y que mientras más se espere los costos y la complejidad aumentarán, pasando de ser un simple mantenimiento a la necesidad de “reconstruir algunos tramos del canal”.
A pesar de que todos los actores involucrados son conscientes de la gravedad del problema, el avance depende de la decisión firme de las autoridades.
Luis Gutiérrez, coordinador ejecutivo del fondo Alianza por el Agua, explicó que el objetivo es articular esfuerzos entre los sectores público, privado y académico, para hacer un llamado de acción a las autoridades, a fin de que el canal sea intervenido y se resuelva este problema a la brevedad posible.
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