San Gabriel: las demandas de Moquegua ante el inicio de operaciones de proyecto minero

Liz Ferrer Rivera

El 20 de septiembre, el Gobierno nacional creó un grupo de trabajo multisectorial en Moquegua para reanudar el diálogo entre el distrito de Ichuña y la empresa Buenaventura, titular del proyecto minero San Gabriel. La explotación de ese yacimiento, que se iniciaría en noviembre, representa en la actualidad uno de los principales conflictos socioambientales en la región de Moquegua.

San Gabriel es un proyecto de minería subterránea de oro y plata ubicado en Ichuña, en la provincia de Sánchez Cerro. Tiene proyectado producir de 150 000 a 160 000 onzas de oro anualmente, y la estimación inicial de la vida útil de la mina es de 14 a 15 años.

En 2024, Buenaventura anunció que las operaciones iniciarían en agosto de este año, pero el presidente ejecutivo de la minera, Roque Benavides, en su última declaración pública sostuvo que sería en noviembre. Respecto a los cuestionamientos de la población, Benavides explicó que estas situaciones suelen darse, especialmente en un contexto electoral como el que se viene en 2026.

Estas declaraciones provocaron la respuesta de Ichuña. El alcalde de ese distrito, Luis Ventura Bautista, aseveró que “el tema no está en paz” y existen demandas pendientes. Entre los reclamos está la creación de un fondo de desarrollo, la inclusión de otros pueblos en el área de influencia de la mina, la modificatoria del estudio de impacto ambiental (EIA) y los compromisos sociales de empleabilidad.

Niegan politización

El alcalde negó que el conflicto social esté politizado o sea manipulado por algún candidato a las elecciones generales o regionales. Por el contrario, destacó que para Ichuña el diálogo está abierto, pues aún no encuentran solución a sus demandas.

El 10 de marzo de 2025, el Gobierno dispuso conformar el grupo de trabajo de naturaleza temporal por el conflicto social de San Gabriel. Con la nueva disposición de septiembre, el grupo de trabajo amplía sus funciones y tiempo de vida. La minera, los ministerios involucrados, el municipio distrital y otros gremios tendrán representantes en la mesa.

El exalcalde de la provincia de Sánchez Cerro, Luis Concha Quispitupac, sostiene que una de las demandas más fuertes de Ichuña y de toda la provincia es el EIA de San Gabriel, aprobado en 2017. Parte de la población pide que se elabore un nuevo estudio debido a los ocho años que han transcurrido desde que el documento obtuvo el visto bueno del Gobierno.

Buenaventura ha repetido que el proyecto respetará la normativa ambiental, pero Ichuña no confía. Concha afirma que la postura de la población es comprensible ante la contaminación del río Coralaque, que habría sido propiciada por la actividad minera. Los desechos dañaron la calidad del agua de varios ríos y afectaron la salud de muchos agricultores que tendrán que convivir con los rezagos de este daño.

“El Gobierno nacional está muy afanoso de poder empezar San Gabriel, pero hay algo que olvida: lo importante que es Moquegua para la actividad minera. Buenaventura tiene más del 50 % del territorio de Sánchez Cerro concesionado, ¿por qué? Porque aquí hay mineral, y es a esa ventaja a la que debemos aferrarnos para lograr un diálogo con resultados”, destaca la exautoridad.

Fondo de desarrollo

La creación de un fondo de desarrollo y la inclusión de otras comunidades en el área de influencia de la mina también están en la agenda de Moquegua. En el pasado, la población protestó contra San Gabriel, pero por el momento esa medida está suspendida mientras la mesa avance.

Luis Concha sostiene que, aunque por ahora la población apuesta por el diálogo, es probable que, sin resultados a corto o mediano plazo, el conflicto se intensifique. Insiste en que el Gobierno debe poner especial interés en Moquegua, dado que el respaldo del Ejecutivo a la comunidad en un conflicto socioambiental puede mejorar las condiciones para que las negociaciones sean más justas.