Liz Ferrer Rivera
La contaminación del río Coralaque se ha convertido en la lucha histórica del pueblo moqueguano, que demanda la reparación de daños ambientales y sociales a una empresa minera y al Gobierno central. Esta historia, que comenzó hace más de 14 años, podría estar viendo sus primeros y reales visos de solución tras la última declaratoria de emergencia sobre 10 distritos moqueguanos.
Milar Zenteno Mejía, jefe de la Oficina de Diálogo y Prevención de Conflictos del Gobierno Regional de Moquegua, relata que todo se originó en la unidad minera Florencia Tucari de la minera Aruntani, una empresa dedicada a la explotación de oro. El pueblo y las autoridades moqueguanas responsabilizan a la minera de contaminar el Coralaque con metales pesados (arsénico en mayor medida).
EL DATO
El Gobierno central dispuso la declaratoria del estado de emergencia por 60 días calendario para los distritos de Coalaque, Chojata, La Capilla, Matalaque, Omate y Quinistaquillas de la provincia General Sánchez Cerro. También están incluidas Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal y Torata de la provincia de Mariscal Nieto.
El camino de la contaminación
El Coralaque es un tributario del río Tambo, cuya cuenca se encuentra, en su mayor parte, en territorio arequipeño. Zenteno explica que los primeros afluentes contaminados fueron el Margaritani y Apostoloni, los cuales son tributarios del Titire y el Aruntaya, y las aguas de estos van al Coralaque. Esa fue la ruta de contaminación que la minera ha negado en reiteradas oportunidades.
En agosto de 2024, la minera emitió un comunicado señalando que la contaminación del río Titire era generada por “causas naturales atribuibles a la característica geológica de la zona, cuyo efecto es acentuado por la presencia de más de 40 fuentes termales distribuidas a lo largo del Titire y en dirección a la cuenca del Coralaque”.
El funcionario del gobierno regional explica que la contaminación en los afluentes no solo ha generado un perjuicio ambiental, sino también otros daños colaterales. La salud de las personas de las zonas de influencia fue afectada, se halló presencia de arsénico en sus cuerpos, los pescadores de la zona perdieron su sustento de vida y la pobreza aumentó.
Diálogo y acciones
Zenteno reconoce que, desde el año 2021, el Gobierno ha emitido decretos declarando en emergencia distritos o adoptando acciones similares que no han representado una solución concreta a los reclamos de la población moqueguana; sin embargo, el panorama actual del caso Coralaque es distinto y más alentador que en el pasado.
Entre los nuevos factores están el decreto que aprueba el cierre definitivo de la mina, emitido en diciembre de 2024, y la aprobación del Gobierno del plan de acción multisectorial para la intervención en la cuenca del Coralaque. Antes, a pesar de los intentos de diálogo, no existían normas que respalden acciones concretas.
El 28 de agosto se publicó el decreto que establece el estado de emergencia en diez distritos de Moquegua. “Si bien no establece un presupuesto, sí señala que cada acción acordada se financia con el presupuesto institucional de los pliegos involucrados. De este modo, cada ministerio involucrado, así como el Gobierno Regional de Moquegua, deberán usar su presupuesto para ejecutar las acciones que les corresponde”, añade el funcionario.
También explica que existe una controversia sobre quién debe cerrar la mina. La minera ha demandado al Gobierno advirtiendo que debe ser el Estado peruano el que asuma el costo del cierre de la mina, en vista de que en el pasado usaron garantías financieras de la empresa.
El conflicto entre el Gobierno y la minera ha llegado al Tribunal Constitucional y está a la espera de una resolución. No obstante, Zenteno considera que no es justo que la población de Moquegua deba esperar una disposición judicial para resolver un problema de contaminación tan grave como este.
“Sabemos que quien contamina debe pagar [los daños ambientales], pero también el Estado debe garantizar las condiciones de vida libre de contaminación”, argumenta.
Para Moquegua el Estado debe asumir el cierre antes de esperar resoluciones judiciales o llegar a un acuerdo con la minera. Están en peligro la vida y la salud de una población inocente que no es responsable de lo ocurrido en el Coralaque y sus afluentes.
IMPORTANTE
El lunes 8 de septiembre, el Ejecutivo convocará la próxima sesión de la mesa de diálogo que aborda el caso de contaminación del río Coralaque. La reunión se efectuará en el auditorio del Country Club La Villa.
Más daños
Arequipa también es una región afectada por el caso Coralaque, ya que el río Tambo ha recibido las aguas contaminadas.
Diferentes estudios han demostrado la presencia de metales pesados en el recurso hídrico y en las propias personas.
El año pasado, en Arequipa, se declaró una nueva emergencia en el valle de Tambo. Uno de los planes más ambiciosos contemplaba la adquisición de plantas de tratamiento de agua; sin embargo, hace pocos días, el Gobierno Regional de Moquegua informó que ya no se concretará dicha compra.
Estos hechos también contribuyen a generar la desconfianza de los pobladores de Islay hacia el Gobierno, cuya imagen ya se encuentra desgastada por otros temas, como la ejecución del proyecto minero Tía María y la promesa inconclusa de una represa propia.
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