Más de 19 años viviendo en condiciones precarias, en medio de una quebrada

Isabel Alvarez Cabana

Hace más de 19 años, miles de ciudadanos ingresan y salen de Secocha y otros anexos del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en Camaná, debido a la actividad minera, sin embargo, las condiciones de vida nunca dejaron de ser precarias. Estar en medio de una quebrada fue una barrera para el progreso.

Tres horas de precipitaciones pluviales en la provincia de Caravelí, bastaron para generar un huaico que desembocó en dichas zonas mineras.

Este evento, que fue advertido en 2021 por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), deja hasta el momento 15 fallecidos y al menos 20 desaparecidos, además afectó a 1065 viviendas y a más de 4 mil pobladores.

Informalidad y precariedad

Helarf Portocarrero, exalcalde de Mariano Nicolás Valcárcel, señala que en zonas como Posko, Miski y Eugenia habían otras empresas mineras. Sin embargo, fue con la llegada e invasión de los mineros artesanales que creció la población, que se estima llega a más de 20 mil habitantes.

Con el tiempo, la población empezó a exigir a las autoridades la instalación de servicios esenciales, colegios, puestos de salud, entre otros. En algunos lugares se logró colocar energía, a través de la electrificación rural, no obstante, no tuvieron suerte con el agua y desagüe.

En Secocha, el agua que se consume la sacan del río sin tratarla y es trasladada en depósitos de 1 m3 en camionetas. A decir del exalcalde provincial de Camaná, Marcelo Valdivia, las condiciones de vida son precarias. Advierte que por las calles discurren los residuos de los quimbaletes (molinos de piedra) que contienen mercurio.

Peligro inminente

El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explica que en el país existen unas 300 quebradas que pueden estar en alto riesgo, pero la recurrencia de los flujos de detritos o huaicos no son frecuentes, eso lleva a la población a engañarse sobre la ausencia de peligro.

Es lo que sucedió en Secocha. De acuerdo a información del Senamhi, en el lugar no suele llover.

“La información básica nos dice que si hay una quebrada, históricamente tuvo que haber un río o un deslizamiento de flujo, ello debe advertirnos que no se debe habitar dichas zonas. En algún momento tiene que generarse el proceso que en el pasado le dio origen”, precisa Tavera.

Además, el Ingemmet advirtió hace dos años que las quebradas presentan material propenso a ser removido por las lluvias.

El escenario vivido en este sector de Camaná debe ser el primer indicativo para realizar un estudio técnico de la zona y tomar decisiones acertadas, a fin de evitar que en el futuro se vuelva a producir un desastre, sostiene Tavera.

Será difícil la reubicación

Durante su visita a la región, el pasado martes, la presidenta Dina Boluarte anunció la instalación de viviendas modulares en las zonas afectadas, sin embargo, también invocó al Gobierno Regional de Arequipa a sensibilizar y convencer a las familias de que deben trasladarse a otro lugar.

Para el gobernador Rohel Sánchez esta medida será bien complicada por la cantidad de sectores —desde Urasqui hasta San Juan de Chorunga— que están instalados por años y se dedican a la minería. Ello podría conllevar problemas sociales, no obstante, aseguró que dialogarán con la población.

Portocarrero informó que durante su gestión se notificó a la población sobre el riesgo, se intentó desalojar, pero no hubo resultados. Explica que a pesar de haber terrenos disponibles en la parte alta del distrito, donde podrían ser reubicados, no sería nada sencillo.

La mayoría de los habitantes provienen de otras regiones, suelen trasladarse constantemente y se estima que los electores no llegan ni a 3 mil.

Más de 50 en alto riesgo

De acuerdo al informe “Escenarios de riesgo por superávit de lluvias para enero a marzo 2023” del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, en Arequipa se identificaron 318 centros poblados en riesgo muy alto a movimiento en masa.

En la misma situación están 50 mil 606 personas, 13 mil 562 viviendas, 26 establecimientos de salud y 124 instituciones educativas.

Para Tavera, se requiere estudios de evaluación de todas las quebradas habitadas, para ello, es necesario que los gobiernos locales o regionales soliciten el apoyo de las instituciones técnicas como el IGP, que anteriormente ayudó en la elaboración de estudios de suelos.