Defensoría del Pueblo: “la delincuencia no distingue nacionalidad”

Kelly Castillo Mamani

Recientes actos delictivos que involucran —en parte— a ciudadanos extranjeros y el último video difundido a través de las redes sociales, donde se aprecia a bandas venezolanas y colombianas amenazándose mutuamente, han atemorizado a los residentes de Arequipa, quienes piden medidas para contrarrestar la delincuencia.

Sin embargo, estos hechos y ciertos mensajes de algunas autoridades y pobladores, estarían propiciando una animadversión contra los extranjeros, en especial contra los venezolanos. Es más, ya hay una afectación; están incentivado a no alquilarles habitaciones, no contratarlos para trabajos u oficios, entre otras formas de rechazo.

María Alejandra Maldonado, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica San Pablo, refiere que los actos delictivos suscitados, causaron terror y eso generó que no se acepte al extranjero, lo que no es correcto. “Migración no es lo mismo que delincuencia”, afirma.

“Veo con preocupación, cómo en el Congreso tiende a medidas populistas, por ejemplo, la iniciativa para prohibir que dos personas se movilicen en una moto (…) El delincuente no se enmarca dentro de la ley, el delincuente es delincuente, peruano o extranjero. Esa medida no afectará a los bandidos, sino al peruano que hace mototaxi o que transporta a su familia. Considero que son medidas con fuerte tiente contra la migración”, refiere.

Maldonado señala que, no se debe tender a la represión. Afirmó que, en Arequipa, hubo una campaña fortísima desde noviembre del año pasado, orientada a las personas que hacen delivery y que en su gran mayoría son migrantes. “Lo que están haciendo es cortar los medios de trabajo a los extranjeros. Si no les das para trabajar, ¿qué harán?”, sostiene.

“El Perú tiene la obligación de brindar seguridad a sus ciudadanos, pero no se puede discriminar, reprimir e ir en contra de derechos fundamentales alegando seguridad”, refiere.

Si bien estos actos que involucran a extranjeros “escandalizaron a la población”, no son la mayoría. Según la Defensoría del Pueblo, la policía reportó que del 100% de delitos, el 0.04% son cometidos por extranjeros, por lo que asociar el tema de inseguridad solo a ellos es un error.

“La delincuencia no distingue nacionalidad. Los delincuentes pueden ser peruanos, arequipeños, extranjeros, incluso hay algunos con saco y corbata, o sea no hay que estigmatizar”, dijo el representante del Defensor del Pueblo, Ángel María Manrique.

En ese sentido, “no cabe ninguna declaratoria de emergencia, porque se restringen derechos y libertades de todas las personas, pero tampoco cabe ningún tipo de estrategia que pueda generar xenofobia. No podemos criminalizar a una persona que tenga algún problema sobre su calidad migratoria”, sostuvo.

Agregó que, ninguna autoridad puede generar actos de discriminación por ninguna razón y tampoco se puede dar mensajes de estigmatización que puedan generar enfrentamientos entre los ciudadanos.

Para el representante de la Defensoría del Pueblo, el problema es el incremento de las bandas delictivas en Arequipa y para ello se necesita fortalecer el servicio de inteligencia de la Policía Nacional, para identificar y desarticularlas establecer una estrategia entre la policía, el Ministerio Público y migraciones.

El Ministerio Público, informó que, hasta el momento son investigados siete casos que involucran a extranjeros, dentro de ellos la balacera en Alto Selva Alegre y un acribillamiento en Mariano Melgar; trabajan para determinar si pertenecen a una organización criminal.

Manrique refiere que, cualquiera que cometa un delito debe ser sancionado, pero lamentó que ciertas autoridades estén priorizando el interés político y planteando estrategias demagógicas. “Parece que, están preocupados por identificar a un enemigo para justificar la inacción de su responsabilidad como autoridades”, enfatizó.

La directora de Relaciones Internacionales de la UCSP, refiere que una población asustada, puede —incluso— cometer actos inhumanos y eso no puede existir en un país civilizado como el Perú.

Según la policía, el nivel de victimización de la población es del 13% y la percepción de inseguridad es de 86%. Las autoridades deben trabajar por devolverle la confianza al ciudadano.