Christiaan Lecarnaqué
Uno de los asuntos que el nuevo Congreso bicameral no podrá evitar será el debate sobre la formalización minera, un tema que genera serios problemas en el Perú.
En Lima, incluso, se habla de una “bancada Reinfo”, integrada por diputados y senadores vinculados a esta actividad económica, señalada por la depredación de recursos naturales, daño ambiental y el incremento de la delincuencia en el país.
En este grupo de parlamentarios figura el virtual senador por Arequipa, Juver Nilson Flores Suárez, conocido por asesorar a mineros informales de la región.
“Quien ha dicho eso lo ha hecho con mala voluntad o no conoce nada. ¿Qué significa? Eso es absurdo, ¿cuál es su fundamento? No existe bancada Reinfo”, señaló molesto el senador por el Partido del Buen Gobierno (PBG).
A su juicio, sus críticos le atribuyen poderes que no tiene. “Qué poder tengo yo para legalizar a los mineros. Nosotros apostamos por la formalización”, afirmó.
Según El Comercio, además de Flores aparece Helard Sonco, de Puno, por Ahora Nación; Gilmer Trujillo, de La Libertad, por Fuerza Popular; y Jesús Pérez, de Apurímac, por Juntos por el Perú. Además, figuran los virtuales senadores Hugo Ccahuana, de Madre de Dios, y Andrés Avelino Ramos, de Apurímac, ambos de las filas de Juntos por el Perú.
También hay 12 congresistas reelegidos que votaron a favor de las ampliaciones del Reinfo y de la Ley 31989, que derogó un decreto que disponía que la policía incautara explosivos usados o transportados por mineros informales con Reinfo suspendido. Estos provienen de Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú, como Jaime Quito, el congresista por Arequipa que fue elegido como senador por el voto nacional.
¿Cuáles son los objetivos del senador por Arequipa?
Juver Flores no esconde sus objetivos. Su mirada está puesta en la formalización de la pequeña minería. En su opinión, hace más de una década los gobiernos aprobaron leyes que no se cumplen hasta la fecha.
“Se han hecho leyes faranduleras que no recogen la realidad ni viabilizan la formalización. Los malos funcionarios han amarrado el proceso para vivir de él y eso no se dice”, indicó.
Aunque no señala una medida concreta para impulsar este proceso, insistió en que promoverán normas para corregir o fortalecer la formalización.
“El Reinfo solo es el inicio del proceso. El Estado ya dio las leyes hace más de una década. Estos mineros no son ilegales, ya que están en proceso de formalización. Tenemos que concluir el proceso y eso vamos a hacer. Vamos a dar normas para corregir todo lo malo que se está haciendo”, indicó.
El líder del PBG, Jorge Nieto, tampoco elude este problema y, en su oportunidad, planteó la elaboración de una nueva ley minera basada en consensos entre los mineros informales, las empresas concesionarias y el Estado, con el fin de ordenar la actividad.
¿Qué proponen los partidos?
El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) señaló que, en sus planes de gobierno, solo 12 partidos políticos propusieron medidas concretas, aunque insuficientes, para resolver este problema. Otros 13 abordan la pequeña minería de manera declarativa, mientras que para el resto este asunto no existe.
Entre los partidos que disputan su pase a la segunda vuelta, Renovación Popular, por ejemplo, no se pronuncia sobre este punto, pese a que contaría hasta con tres representantes (Alejandro Muñante, Diego Bazán y Norma Yarrow) en las cámaras de diputados y senadores que votaron a favor de las ampliaciones del Reinfo.
Por otro lado, Fuerza Popular propone la creación de dos fondos, uno para facilitar el crédito y otro para dar incentivos tributarios que permitan el uso de tecnologías de automatización, trazabilidad y reducción de impactos ambientales.
Del mismo modo, plantea la creación de un régimen diferenciado para la minería artesanal y de pequeña escala con apoyo técnico y acceso al crédito formal. Además, señala que conformará comandos mixtos (PNP-FF.AA.-Fiscalía-Sunat) para combatir y reducir al 50 % la minería ilegal.
Asimismo, Juntos por el Perú plantea que el 70 % de los mineros artesanales pase a cooperativas o empresas comunales y que estas funcionen en parques mineros. En estos espacios operarían unas 600 cooperativas o empresas comunales.
Además, propone que el 100 % de las concesiones extinguidas pasen al control del Estado y que se reduzca el tiempo de caducidad de las concesiones a cuatro o cinco años. Finalmente, plantea controlar la cadena de valor del oro y que el 60 % de este metal se comercialice a través del Estado.
EL DATO
Según el Ministerio de Energía y Minas, la formalización de los mineros artesanales generaría un 1.5 % adicional del PBI. En contraste, la minería ilegal movilizó 11 500 millones de dólares en 2025, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE).
¿Cómo debería orientarse este debate en el próximo Congreso?
María Justiniani Romero, docente del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) y especialista en temas mineros, señaló que en la actualidad ya se discute reformar normas como la Ley General de Minería. En este caso, el Parlamento busca reducir los plazos de 30 a 15 años para evitar las concesiones ociosas o improductivas.
El punto, dijo, es que se aprueben cambios bien pensados que no hagan daño y, en consecuencia, abran las puertas a la minería ilegal.
En ese sentido, mencionó que uno de los problemas que enfrenta el proceso de formalización es que casi el 90 % de los pequeños mineros trabaja en concesiones ajenas, lo que evidencia, a su juicio, que se elaboran normas sin conocer la realidad. “El proceso desconoció este derecho adquirido anteriormente y esto es una debilidad estructural y legal en este proceso”, señaló.
De esta manera, la tasa de formalidad es baja y la mayoría de los pequeños mineros trabaja en la informalidad. Desde 2016 hasta la fecha, solo 1600 se han formalizado en Arequipa. “Van diez años de este proceso y no se ha logrado la formalización. Esto es una mala señal”, opinó.
En este caso, la solución no pasa por quitarle la concesión al titular, ya que ello generaría mayor inseguridad para las inversiones, sino en encontrar fórmulas que beneficien a ambos actores.
En esa perspectiva, Justiniani planteó desarrollar un trabajo conjunto que permita tanto al concesionario como al minero artesanal obtener beneficios económicos o tributarios. Citó también el caso chileno, donde las empresas incluyen a los pequeños mineros en su cadena de valor.
Finalmente, sugirió al próximo gobierno un acompañamiento constante para la obtención de los permisos requeridos, a fin de que los pequeños mineros artesanales se formalicen.
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