César Ventura Pizarro
La activación del proceso arbitral que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) inició contra la empresa concesionaria Cobra por el caso Majes – Siguas II, abre un nuevo capítulo en la interminable ejecución de este megaproyecto.
Juan Fernando Mendoza Banda, árbitro independiente y mediador, además de docente de Derecho en la Universidad Católica San Pablo, confirmó a Encuentro que, en tanto no se supere este u otros procesos, las obras no podrán continuar. Es más, el abogado prevé que la gestión del gobernador Rohel Sánchez no vería el reinicio de este proyecto.
El 31 de agosto, a través de su procuraduría, el GRA solicitó a la Cámara de Comercio de Lima (CCL) iniciar un proceso arbitral de derecho por incumplimiento del contrato de concesión a la empresa Cobra, consesionaria del proyecto Majes – Siguas II. Días antes, esta empresa notificó al GRA la activación de la caducidad del mismo acuerdo legal, a partir de las 00:00 horas del 1 de septiembre, también por incumplimiento de obligaciones.
Las acusaciones
Ambas partes se acusan de incumplir obligaciones del contrato de concesión. Cobra afirma, entre otros motivos, que el GRA no cumplió con ceder la totalidad de terrenos saneados para la ejecución de la fase 1 y 2 de este proyecto. Por su parte, el gobernador Rohel Sánchez, señaló que sí se realizó la entrega de la totalidad de terrenos para la fase 1 y el 99 % para la etapa 2. Además, a manera de disculpa, dijo que este hecho no es una causal grave para activar la caducidad del contrato y que la empresa se niega a resolver estos asuntos a través del trato directo.
La institución regional también acusa a Cobra de no realizar un avance en la construcción de las obras de forma proporcional al presupuesto transferido hasta el momento.
“Debería haber un avance del 70 % de inversión en el proyecto, pero la ejecución llega a menos del 10 %. Se gastó en ampliaciones, construcción de campamento, pero hubo inversión directa”, recriminó Rohel Sánchez.
La autoridad detalló que, hasta la fecha, el Estado peruano transfirió US$ 162 millones a la concesionaria, y adicionalmente esta alega haber ejecutado US$ 205 millones, que en total sumarían US$ 367 millones invertidos en el megaproyecto.
“¡Dónde está esa inversión! Por eso es que, en el proceso [de arbitraje], solicitaremos una auditoría internacional para verificar estas inversiones”, reclamó el gobernador regional.
De igual forma, el GRA señala que Cobra ejecutó obras de la segunda fase del proyecto sin contar para ello con el expediente técnico aprobado. Con ello se habría incumplido una de las cláusulas del contrato. Por último, tampoco se inició obras en la primera fase, después de que se firmara la adenda 13 del contrato.
Pedido de arbitraje
Ante este escenario, será un tribunal arbitral de la CCL el que defina qué entidad tiene la razón. Mendoza Banda estima que pasará entre uno y dos meses para el inicio de las audiencias. En las semanas previas se notificará a las partes, para que respondan a tales acusaciones y luego, se definirá a los árbitros que conformarán el tribunal para que se resuelva el caso.
Una vez iniciado este proceso, el mismo contrato de concesión fija 45 días como límite de tiempo para la resolución en esta instancia. Sin embargo, el mismo documento da la posibilidad de ampliar el plazo, sin límites, siempre y cuando el tribunal lo solicite para recaudar más información sobre el caso.
De esta manera, la decisión final de este proceso, en el mejor de los casos, se daría en tres a cuatro meses, es decir, al cierre de este año. Cabe también la posibilidad de que la empresa concesionaria solicite el inicio de un arbitraje internacional, que también está contemplado en el contrato de concesión.
Para Mendoza Banda este nuevo escenario es muy probable, dadas las circunstancias a las que se llegó en esta controversia. Así, el plazo de espera podría ampliarse. Es más, el abogado precisó que también es factible que se llame a un tercer tribunal para determinar una postura final sobre las decisiones del primer y segundo tribunal.
Todo este panorama extendería aún más el plazo de resolución del conflicto. Es por eso que bajo estas condiciones, Mendoza Banda cree que la fecha de reinicio del megaproyecto no está en un futuro cercano, e incluso, sobrepasaría los años de gestión del actual gobernador Rohel Sánchez Sánchez.
Las obras de “puesta a punto”
En tanto transcurran estos procesos, las obras que permitirán la construcción de la represa Angostura para irrigar 38 500 hectáreas, no podrán retomarse. Así las cosas, la afirmación del gobernador Rohel Sánchez de que “el proyecto integral se ejecuta con Cobra o sin Cobra”, se cumpliría más tarde que pronto.
Tal vez por eso anunció que el GRA, a través de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), avanzará con el mantenimiento de túneles de Majes I y la construcción de una represa intermedia. Ambas obras no forman parte de Majes – Siguas II, pero son esenciales para su desarrollo y dependerán del financiamiento del Gobierno nacional.
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