Gobierno quiere dialogar en Arequipa, pero ¿con quién?

Isabel Álvarez Cabana

En dos días de protesta en contra del Congreso y por el adelanto de elecciones generales, en Arequipa hubo un muerto y desmanes en establecimientos públicos y privados. El Gobierno declaró el Estado de Emergencia y busca generar el diálogo, pero aún no se sabe con quiénes.

Luego de reunirse con autoridades de la región, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, informó que se acordó instalar una mesa de diálogo, para lo cual deben identificar a los actores sociales.

La tarea de reconocer a representantes de los manifestantes es complicada. Hay pobladores que desconocen a los dirigentes que salen en los medios de comunicación y otros dicen ser ‘autoconvocados’. Para los especialistas consultados por Encuentro, el problema sería la presencia de personas con otros intereses detrás de estas protestas.

Sin liderazgo

Para el sociólogo Alipio Montes Urday, a diferencia de otras protestas regionales, en esta ocasión no se tiene un grupo de líderes visibles. Si bien gran parte de las manifestaciones fueron espontáneas, advierte que hay otros grupos organizados por violentistas, que no darán la cara.

“Son gente a la que no le interesa dialogar, que quisieran ver que el Perú arda”, recriminó.

Una percepción similar tiene el analista político Carlos Gómez de la Torre, quien señala que estas acciones no fueron motivadas por grupos organizados, sino por personas que tienen otro tipo de intereses. Para el también docente del Departamento de Derecho de la Universidad Católica San Pablo, detrás de ellos estarían, incluso, congresistas y dirigentes de izquierda.

También estarían presentes, según Alipio Montes, los prefectos y subprefectos que habrían sido parte del Movadef, el brazo legal de la organización terrorista Sendero Luminoso. “Se aprovechan de la indignación legítima que tiene la población”, afirmó.

Demandas no atendidas

Los atentados ocurridos en el aeropuerto internacional de Arequipa y en diferentes empresas, instituciones públicas y unidades de transporte, expresa Gómez de la Torre, responderían a una consigna para hacer daño, más que a un reclamo popular.

No obstante, ambos especialistas advierten que existe una demanda desatendida que llevó a la población a sumarse a las protestas. Gómez de la Torre indica que llevamos mucho tiempo de injusticia social, “no se hizo nada por los ciudadanos de escasos recursos económicos”.

Para Montes Urday, estos episodios son una expresión del desembalse de muchos años de frustración. La población vio una esperanza con Pedro Castillo, pero en la práctica no hizo nada por los pobres. Siempre se victimizó y culpó al Congreso de su inacción, y claro esta institución también hizo todo por sabotear su gobierno.

Crisis política

Gómez de la Torre señaló que el expresidente Pedro Castillo incumplió los compromisos que tenía con partidos políticos de izquierda, que lo habían llevado al poder, y que estos luego le dieron la espalda. Además, cuando se vio la oportunidad de disolver el Congreso, no se dieron cuenta de que no tenían el apoyo de las Fuerzas Armadas y policiales.

El fallido golpe de Estado, sostiene Montes, sumado a la mala gestión de Castillo como presidente, el sabotaje por parte del Congreso, la crisis internacional, además de la vacancia presidencial, abrieron la posibilidad de que los ciudadanos salgan a protestar.

Por eso, señala el sociólogo, la principal demanda de los ciudadanos fue —inicialmente— que se vayan todos, aunque después se incorporó el pedido de liberar al exmandatario.

Tiempo para nuevas elecciones

La presidenta Dina Boluarte presentó un proyecto de ley que adelantaría las elecciones generales para abril de 2024, con el fin de aplacar el descontento del pueblo. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada por los manifestantes.

Al país no le conviene adelantar las elecciones para 2023, como piden algunos, porque, para avanzar en resolver la crisis, se requiere hacer reformas (políticas y electorales) que aseguren una elección con la participación de mejores personas, explica Alipio Montes.

Carlos Gómez de la Torre, también sostiene que debe esperarse a 2024 para que haya presencia de gente nueva y nuevos partidos políticos, de lo contrario, el país tendría más de lo mismo. Además, hay normas y plazos que deben respetarse.

Donde también coinciden ambos, es en considerar que el Gobierno debe mejorar la comunicación con la población, llamar a la calma y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, controlar los excesos para dar tranquilidad a la población, que recién se recupera de la pandemia del covid-19.