Isabel Alvarez Cabana
Los regidores son elegidos por la población para asumir funciones normativas y de fiscalización de la gestión municipal, ya sea a nivel distrital o provincial; sin embargo, poco o nada se refleja de ello. Solo para poner como ejemplo, desde la Contraloría señalan que son escasos los concejales que presentan denuncias por hechos irregulares.
No obstante, el año pasado el Congreso modificó la Ley Orgánica de Municipalidades. El objetivo era fortalecer las atribuciones y responsabilidades de los concejos municipales, para ello se estableció que la función de fiscalización de la gestión se haga sin necesidad de comunicarla previamente.
Además, se agregó a sus obligaciones el pedir los informes que estimen necesarios para ejercer su función, los cuales deben ser atendidos en un plazo no mayor de 10 días calendario, bajo responsabilidad del gerente municipal.
Corrupción sin frenos
¿Por qué es importante que los regidores cumplan con su rol fiscalizador? En los últimos años, la Contraloría ha evidenciado actos irregulares en los gobiernos locales, en ejecución de obras, contrataciones, entre otros, que causan pérdidas económicas millonarias.
Según el informe “Incidencia de la corrupción e inconducta funcional 2021”, Arequipa fue la segunda provincia con mayor perjuicio económico en la ejecución de proyectos de inversión por 266 millones 826 mil 88 soles.
Esto evidencia la falta de control dentro de las instituciones del Estado. En el caso de las municipalidades, deberían ser los regidores quienes vigilen que no se cometan irregularidades, pero claramente no lo hacen.
En el municipio distrital de Socabaya, en Arequipa, por ejemplo, nadie dijo nada sobre la remodelación del despacho de alcaldía, donde se instaló un jacuzzi y una máquina trotadora, hasta que la Contraloría intervino en la comuna.
EL DATO
Una de las modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades establece que en todo municipio se debe asignar los recursos que permitan al concejo tener la capacidad logística y apoyo de profesionales para la fiscalización de la gestión pública.
Desconocimiento en gestión
Volviendo a Socabaya, para los especialistas en derecho municipal, Jorge Sumari y Juan Fernando Mendoza, al concejo no le competía debatir y aprobar la vacancia de la regidora Magaly Agramonte. La acusaron de cometer nepotismo.
Los hechos de los que se la acusa (empresas ligadas a su hermano y su esposo que contrataron con el municipio) ocurrieron en su anterior gestión 2019-2022. Los letrados coinciden en que este concejo no tiene competencias sobre actos irregulares ocurridos años anteriores.
Sin embargo, sí podrían tomar otras medidas como las denuncias penales. En ese sentido, Sumari sostiene que el accionar de los regidores solo demuestra su incompetencia.
Desinterés en fiscalizar
Las autoridades municipales llevan poco más de dos meses en el cargo y no muestran interés en realizar una buena gestión. Resulta que solo 172 de los más de 500 regidores de la región Arequipa, se inscribieron al programa de capacitación organizado por la Contraloría, que busca fortalecer su función de fiscalización.
Entre los temas que se tratan en el curso están “Estructura y funcionamiento del Estado, “Contrataciones del Estado”, “Ética e Integridad en la función pública”, “Ley de transparencia y acceso a la información pública”, entre otros.
Para Sumari, los ciudadanos postulan a los concejos municipales más por intereses personales que políticos.
A ello se sumarían los casos de familiares presentes en la gestión municipal. Algo que también ocurre en el municipio de Socabaya, donde el primer regidor es el padre del alcalde Roberto Muñoz, que, aunque no esté prohibido legalmente de ejercer el cargo, para Juan Mendoza existen conflictos de intereses en el tema de fiscalización.
“Tendría que inhibirse de esta función y cumplir solo la parte de normar ordenanzas”, sostuvo el también docente de Derecho en la Universidad Católica San Pablo.
IMPORTANTE
Juan Mendoza sostiene que, para mejorar el sistema de control de los regidores, se debería establecer que el plan de gobierno municipal esté alineado al plan de desarrollo concertado distrital o provincial. De esa manera se podría establecer sanciones por su incumplimiento.
Mayorías contra minorías
Mendoza explica que es difícil que los regidores de la agrupación política del alcalde realicen una fiscalización real, por lo que esta tarea quedaría reducida al papel de minoría u oposición. Sin embargo, lo que se observa en la práctica es que también cambian de posición política en el transcurso del tiempo.
Ahora, ¿qué pasa cuando los concejales sí cumplen su función? Sumari considera que son mal vistos por la administración municipal de turno y sobre ellos se inicia una campaña de represión, amedrentamiento e incluso venganza política.
Esto habría ocurrido en Socabaya, advierte Jorge Sumari. La agresión física hacia Magaly Agramonte se registró luego que pidiera cuentas por la juramentación de las autoridades ediles; mientras que el pedido de vacancia se presentó tras el escándalo denunciado por la instalación de un jacuzzi en el despacho de alcaldía. Agramonte solicitó información sobre estos trabajos de remodelación.
¿Cambio de requisitos o moralidad?
Este tipo de hechos generan inestabilidad política en los gobiernos locales, por ello, el abogado Jorge Sumari considera que se deberían modificar los requisitos para postular a estos cargos, con la finalidad de que se exija una formación mínima en gestión pública.
A decir de Juan Mendoza, sería complicado realizar esos cambios, que también se plantearon en algún momento para el presidente de la República y los congresistas.
Advirtió, que el sometimiento de algunos regidores a la mayoría es una práctica recurrente, por lo que para que haya un cambio, dependerá única y exclusivamente de cada persona.