IPE: coyuntura política dificulta pensar en reformas a largo plazo

 César Ventura Pizarro

 El presidente de la República, Martín Vizcarra, en su mensaje el 28 de julio, además de anunciar el proyecto de ley para adelantar las elecciones, presentó al país el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

En este documento, se establece una serie de iniciativas para mejorar la competitividad y la productividad del país en diferentes sectores, con el fin de impulsar el crecimiento económico a mediano y largo plazo. Esta hoja de ruta sugiere reformas integrales o parciales en varios temas sensibles.

Encuentro conversó con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), para conocer lo favorable y las carencias de este plan. La institución que representa es responsable de elaborar anualmente el conocido Índice de Competitividad Regional (Incore).

Largo plazo

Este plan, cuyo horizonte es el año 2030, busca ser el marco de diversas reformas en cuestiones tributarias, laborales, ambientales e institucionales, entre otras; y es esa amplitud la que genera dificultades para el logro de sus propósitos.

“El problema es que es supergrande. Es un plan ambicioso. Hay mas de 10 propuestas que pasan por una reforma legislativa y eso podría ser muy complicado [de lograr] con el actual ambiente político”, apunta Macera.

Además, el enfrentamiento político entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como un posible adelanto de las elecciones, retrasarían el inicio de las reformas planteadas. “En una coyuntura como esta, creo que es difícil pensar en soluciones estructurales a largo plazo. Ojalá que me equivoque”, advirtió el economista.

Es más, al incluirse temas tan sensibles como fomentar una reforma laboral y una tributaria o una ley para las micro y pequeñas empresas (MYPE), que requieren de evaluaciones consensuadas con todos los sectores comprometidos, se complica más el escenario.

“Por ahora, solo es papel. Está bien tener un plan. Hay que saludar el esfuerzo del Ejecutivo, pero nos hubiera gustado que algunas propuestas estén más desarrolladas”. Diego Macera.

Prioridades

Macera también comentó que este plan aborda temas que podrían tener un impacto positivo en la productividad y la competitividad del país, sin embargo, son abordados de forma muy resumida.

“Por ahora, solo es papel. Está bien tener un plan. Hay que saludar el esfuerzo del Ejecutivo, pero nos hubiera gustado que algunas propuestas estén más desarrolladas”, agregó. Entre ellas, el nuevo régimen para las MYPE, con cambios en temas previsionales y tributarios.

También existen aquellas iniciativas que no se tocaron pero que son muy necesarias. Para Macera, hay dos temas que debieron tener un espacio en este plan: la productividad agrícola y el crecimiento de las empresas.

En cuanto al primer punto, urgen medidas para mejorar las condiciones económicas de los agricultores a partir de un incremento en la producción de sus cultivos, pues este sector concentra a gran parte de la población en situación de pobreza en el país.

Por otro lado, Macera dijo que en la actualidad, “el 60 % de la población labora en MYPE informales, poco productivas y con escasa innovación”. En tanto que solo el 20 o 25 % trabaja en empresas grandes o medianas.

En ese sentido, promover el crecimiento de las MYPE en el país resolvería diversos temas pendientes. Sin embargo, aún no se asume ese reto. “El salto de una MYPE a ser una mediana empresa es muy difícil en el Perú. ¿Cómo lo hacemos? Se requiere de una estrategia conjunta en el ámbito laboral y el tributario”, cuestionó.

Empleo 

Quizás uno de los temas más sensibles de esta iniciativa es el empleo. Es más, pocas horas después de publicarse, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) pedía retirar este tema del plan. Esto, debido a que no fueron consultados sobre las modificaciones propuestas en el ámbito laboral.

Por su parte, Mauricio Matos, abogado laboralista y gerente sénior de la consultora Ernst & Young (EY Perú), le bajó el tono a la discusión al sostener que primero había que esperar el proyecto de ley respectivo, que a la fecha no existe. Lo que se tiene en este momento solo son guías para posibles modificaciones.

Sin embargo, Matos dejó en claro que para propiciar una reforma laboral o introducir cambios en su legislación se debería contemplar la participación de los actores principales del empleo en el país. “Lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) propone es que las normas sociales provengan del consenso de los actores”, recalcó.

En el país, este “consenso de actores” se materializa en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. El problema, detalla Mauricio Matos, es que este consejo se ha reunido muy poco. Además, la CGTP, por un lado, critica este plan, y, por otro, se retiró de este consejo por voluntad propia. “Así es complicado llegar a un consenso”, afirmó Matos.

Los cambios laborales

Entre lo que más llama la atención del plan que promueve la competitividad y la productividad en el país, en términos de empleo, están las opciones de prorrateo de los beneficios laborales.

Al respecto, Mauricio Matos recordó que el prorrateo en el pago de las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios (CTS) ya es posible en la legislación actual, pero con ciertas restricciones.

“Un trabajador puede determinar con su empleador sus gratificaciones o su CTS y dividirlas en armadas. Pero esta posiblidad solo está abierta para aquellos trabajadores que perciben más de 2 UIT al mes”, refirió.

La nueva iniciativa sugiere ampliar esta condición y ello podría desnaturalizar, por ejemplo, la concepción de la CTS como un fondo de desempleo. “Hay que tener cuidado, porque podría permitir que la CTS se vuelva de libre disposición”, afirmó Matos.