En Arequipa, ¿cuál es el balance del proceso de formalización minera?

Deysi Pari

Desde que se inició el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, en Arequipa solo 400 casos culminaron este procedimiento, beneficiando a más de 1400 mineros artesanales, según cifras de la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM).

En el camino quedaron alrededor de 4000 mineros que tienen vigente su inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero que aún no completaron el proceso. Además, hay otros 12 mil que están con el registro suspendido; es decir, abandonaron los trámites, sin embargo, en la práctica siguen explotando mineral.

El extitular de la GREM, Iván Prado Barreto, estima que en Arequipa hay cerca de 100 mil personas dedicadas a la minería artesanal, principalmente a la extracción de oro.

Gobierno publica reglamento

A fines de 2024, Dina Boluarte promulgó la Ley 32213, que ampliaba el plazo del proceso de formalización por 6 meses y que vence el 30 de junio de 2025; aunque también autorizaba que pueda ser prorrogado otros seis meses, por única vez.

Esta norma estipulaba, además, que el reglamento para su implementación debía estar listo en un plazo de 30 días. Sin embargo, el gobierno recién lo publicó este 18 de mayo.

Antes de ello, el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin Perú), Máximo Franco Bequer, señaló a Encuentro que hicieron sus aportes como sector implicado. También alcanzaron propuestas para la nueva Ley de Minería Artesanal y Pequeña Escala (Ley MAPE).

El reglamento dispone la creación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), una plataforma para supervisar el camino que siguen minerales, explosivos, insumos químicos y otros productos fiscalizados. También establece causales para la exclusión de mineros del Reinfo. Y algo que ha causado controversia es que se permitirá heredar el Reinfo de padres a hijos.

Con estas nuevas condiciones, la competencia para formalizar a los mineros artesanales pasó a manos de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Si los plazos se vencen seguirán operando

Con el reglamento ya publicado, ahora los plazos comienzan a correr y quedaría poco más de medio año —si se prorroga por 6 meses más el plazo inicial— para formalizar a miles de mineros, de lo contrario, pasarían a la ilegalidad. Aunque esto también depende de cómo avance la elaboración de la nueva Ley MAPE.

Máximo Franco Bequer advierte que si los plazos se vencen, los mineros seguirán explotando el mineral. “Estamos con la voluntad de hacer lo correcto, pero nos empujan a la informalidad. ¿De qué vamos a vivir? ¿O vamos a morir de hambre? Ya hemos hecho inversiones”, señaló.

Proceso estará en manos del Minem

Antes de que salga el reglamento, el titular de la Dirección General de Formalización Minera del Minem, Máximo Gallo, confirmó que su despacho asumiría la competencia de formalización, debido a que los gobiernos regionales “no dieron la talla”.

El funcionario reconoció que hacer lo que no se hizo en más de 12 años es una “tarea difícil”, aunque también afirmó que ya identificaron a 4 mil mineros a nivel nacional que podrían formalizarse en dos meses. Allí se encontraría la base minera de Alto Molino, en la provincia de Condesuyos en Arequipa, que comprende unos 450 mineros.

Máximo Gallo comentó que también quieren entablar un acuerdo con los mineros artesanales de Secocha, en la provincia de Camaná.

El problema es el contrato de explotación

No obstante, para el dirigente de Confemin Perú, Adolfo Franco Bequer, el proceso seguirá fracasando mientras no haya una verdadera ley de formalización y se cambien algunos procedimientos. “Con estas normas, pueden pasar 500 años y seguiremos en lo mismo”, sentenció.

Desde su punto de vista, el principal problema para viabilizar la formalización minera, es obtener el contrato de explotación. El Gobierno pide que se acredite la titularidad del terreno mediante este contrato; pero los titulares de las concesiones no quieren suscribir ese acuerdo, salvo que se acepten sus condiciones respecto al pago de regalías  y comercialización del mineral.

Los mineros tampoco ceden. Según el dirigente, ellos no firmarían un contrato que les genera pérdidas. Allí está el entrampamiento, más aún si se toma en cuenta que, según los cálculos de Confemin, el 97 % de los mineros artesanales trabaja en concesiones de terceros.

Su propuesta es que exista el contrato, pero que también se dé otra alternativa como el derecho de servidumbre. Su idea es que, si una concesión no ha sido explotada, el Estado le pueda dar este derecho de servidumbre al minero artesanal y este le paga las regalías al titular de la concesión.

Máximo Gallo, director de Formalización Minera, reconoció que ese es un gran escollo. Han dialogado con algunos titulares y lograron acuerdos en Cajamarca.

Otro problema, según el dirigente de Confemin, es que hay una gran cantidad de concesiones que no son explotadas. Su propuesta es que se reviertan para que ellos puedan entrar allí.

El funcionario del Minem afirmó que, en el país, hay 70 % de concesiones que están en manos de pequeños mineros y, de ese porcentaje, hay una buena cantidad que no produce. Gallo sostuvo que la Ley MAPE tiene que solucionar estos problemas.

Problemas en Arequipa

Para el exgerente regional de Energía y Minas, Iván Prado, el problema se agudizó también por la burocracia que existe en los gobiernos regionales. Tras su paso por dicha dependencia, observó que la Gerencia Regional de Medio Ambiente demoraba en la revisión del Instrumento de Gestión Ambiental de Formalización Minera (Igafom), que es un requisito para este proceso.

“Nunca hubo el interés de esa gerencia de formalizar”, mencionó. Como ejemplo, dijo que encontró expedientes que estaban 6 años en revisión.

También reiteró que dentro de la Gerencia de Energía y Minas habría una red de corrupción, ya que “trabajadores o exgerentes” asesoraban a los mineros para buscarle vacíos a la ley y seguir operando.

Como ya se conoce, uno de los conflictos más fuertes en Arequipa ocurrió con la mina Calpa, en la provincia de Caravelí. Atico Calpa y Calpa Renace son dos asociaciones que se enfrentaron por los terrenos concesionados a la empresa Intigold Mining S.A.

Prado señaló que este conflicto tiene como trasfondo los problemas por la propiedad de los terrenos.

Para el dirigente de Confemin, Adolfo Franco Bequer, este problema se resolverá solo con el diálogo entre las asociaciones, pero lo fundamental es que salga la nueva ley.

Extensión del plazo no es clara

César Montes de Oca, profesor del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo, analizó este proceso. En su opinión, lo que el Gobierno busca con la ampliación del proceso de formalización es mostrar, por un lado, que sí quiere formalización, pero por otro, dar más carta blanca. “Es un doble discurso”, afirmó.

El docente cuestionó que en tan poco tiempo se pretenda formalizar a tal cantidad de mineros. Para él esta claro que eso no se logrará y desencadenará un escudo protector para la informalidad que, bajo el amparo del Reinfo, declarará la producción minera que no es formal y se podrá comercializar a nivel nacional e internacional.

Pese a todo, Montes de Oca remarcó que el proceso en Arequipa tuvo un mejor resultado que en el resto del país, aunque no significa que sea bueno.

Incidió en que es importante tener una autoridad fuerte que guíe el proceso y genere un acercamiento. En su opinión, lo que hay que hacer es generar conciencia generalizada sobre el cumplimiento de las normas. Esto debe ir de la mano con las políticas de control y supervisión. Además de generar incentivos tributarios, económicos y sociales para que se logre la formalidad.