Deysi Pari
El mecanismo del canon, elegido por el Estado peruano para redistribuir los ingresos de la renta proveniente de la explotación de los recursos naturales –como los minerales y el gas–, fue calificado como un gran fracaso por la economista e integrante del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Roxana Barrantes.
“La gente no cree que ese recurso va a llegar. ¿Qué han hecho las universidades públicas con ese dinero?”, cuestionó durante una conversación con los también economistas y exministros de Economía y Finanzas, Pedro Francke y Luis Carranza, durante el Hay Festival Arequipa, realizado días atrás.
Ella añadió que, como las personas ya no creen que el dinero del canon les generará beneficios ni riqueza, optan por emprendimientos informales e ilegales, como la minería ilegal. De esa forma, este sector de la población genera sus propios recursos y resuelve las deficiencias en educación y salud que el Gobierno no logra cubrir.
Esta situación se agrava al observar que, mientras proliferan los emprendimientos de minería ilegal, a las empresas formales –que sí generan recursos para el Estado y tienen control ambiental y supervisión– no se les permite seguir desarrollándose.
Durante la conversación denominada “¿Es posible que el libre mercado promueva la equidad social?”, los economistas también discutieron acerca del capítulo económico de la Constitución. El debate se centró en cómo la falta de efectividad en la gestión pública ha impedido que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo social y reducción de las desigualdades.
Mal funcionamiento del Estado
Los expertos coincidieron en que el problema del canon es un síntoma del mal funcionamiento del Estado en general, exacerbado por la falta de meritocracia y la corrupción.
Luis Carranza afirmó que, aunque es “políticamente muy complicado dar marcha atrás” con el mecanismo del canon debido al sentimiento de pertenencia en las regiones, se requiere una reforma estructural fundamental basada en la meritocracia.
Carranza enfatizó que la corrupción tiene un costo altísimo. “Lo más caro para el país son las obras paralizadas”, afirmó. Se estima que hay 44 mil millones de soles en obras paralizadas en todo el país y, lamentablemente, Arequipa lidera el ranking de regiones con más proyectos de inversión detenidos a nivel nacional.
Por su parte, Pedro Francke sostuvo que la gestión y la corrupción se encuentran en el corazón de la incapacidad del Perú para progresar. También lamentó que el sistema de justicia peruano sea “inoperante” y “demasiado lento” con casos de corrupción, ya que demoran 10, 20 o más años en resolverse.
EL DATO
Se estima que hay 44 mil millones de soles en obras paralizadas en todo el país y, lamentablemente, Arequipa lidera el ranking de regiones con más proyectos de inversión detenidos a nivel nacional
Propuestas para mejorar
Ante la ineficacia del Estado, Carranza sugirió dos caminos para revertir esta situación. El primero es fortalecer el servicio civil e instaurar la meritocracia. Detalló que urge implementarla para asegurar que profesionales de primer nivel sean funcionarios públicos en el ámbito central, regional y municipal.
El segundo camino, añadió, es la compensación directa mediante el reparto de una parte de las transferencias del canon. Para generar bienestar en la población que habita dentro del área de impacto de la industria extractiva, Carranza planteó que se podría ofrecer una “compensación económica directa” a los ciudadanos una o dos veces al año. Esta medida debería estar acompañada de capacitación e incentivos para que el dinero se destine a inversión física o capital (como pagar deudas, construir una casa o costear la universidad de los hijos), y no solo a consumo.
Entre tanto, Francke hizo un llamado para un nuevo pacto social basado en derechos iguales para todos y una mejor recaudación, lo cual es esencial para reducir la desigualdad y el descontento que alimentan la conflictividad social.
Debate sobre el capítulo económico de la Constitución
El capítulo económico de la Constitución de 1993 también fue materia central de este debate. La discusión giró en torno a una pregunta clave: ¿por qué un país que ha sostenido un crecimiento económico no ha logrado reducir la pobreza y la desigualdad, ni proveer servicios básicos eficientes?
Roxana Barrantes defendió el núcleo del capítulo económico debido a que reconoce “una serie de derechos e instituciones que son fundamentales para poder llevar adelante la iniciativa privada”. Esta iniciativa, enmarcada en la economía social de mercado, señaló, tiene como fines sociales que las personas puedan desarrollarse.
Luis Carranza complementó esta visión al recordar que el artículo primero de la Constitución prioriza a la persona humana y su dignidad como el fin supremo del Estado. Para Carranza, el libre mercado es la “libertad de decisión de los individuos” bajo un “marco regulatorio que hace que funcione”. Sin embargo, el exministro de Economía advirtió que, para que haya crecimiento, la regulación debe desempeñar un papel importante en la gestión de problemas, incluyendo los monopolios naturales y los mercados intertemporales, como el mercado de crédito.
El país se ha empobrecido
Pedro Francke introdujo la perspectiva crítica y recordó que, tras 33 años de vigencia constitucional, Perú ha experimentado un “vasto crecimiento económico”, pero este no se ha reflejado en un bienestar uniforme, pues el país se ha empobrecido luego de la pandemia. “La desigualdad del Perú es una de las más grandes del mundo”, afirmó.
Francke atribuyó esta brecha al hecho de que el Estado ha fallado en la provisión de infraestructura y de servicios básicos –como educación y salud– para gran parte de la población, lo que lleva a cuestionarse: “Si [el problema] es la Constitución o es el propio Estado”. Roxana Barrantes sostuvo que la sociedad peruana no ha sido capaz de hacer una “redistribución efectiva” y enfatizó que, debido a las tasas de crecimiento actuales, una buena cantidad de peruanos no va a poder desarrollarse, lo cual “no es tolerable como sociedad”.
“La suerte de un joven está definida por la suerte de sus padres. Eso ya tendríamos que haberlo superado”, alertó Barrantes al citar un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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