Consejo de Minería ratifica la licencia de construcción a favor de Southern Perú y casi al mismo tiempo el premier dispone revisar vigencia del estudio de impacto ambiental.
Rolando Vilca Begazo
La indefinición del gobierno del presidente Martín Vizcarra, para sacar adelante el proyecto minero Tía María, en el Valle de Tambo, una vez más quedó en evidencia.
El Consejo de Minería, órgano autónomo pero adscrito al Ministerio de Energía y Minas, ratificó la licencia de construcción de este proyecto a favor de la minera Southern Perú, pero casi al mismo tiempo el primer ministro, Vicente Zeballos, anunció la revisión de la vigencia de su estudio de impacto ambiental.
De esta forma, por un lado el Consejo de Minería declaró infundados los recursos de revisión de la autorización de inicio de obras, presentados por el Gobierno Regional de Arequipa y los agricultores del Valle de Tambo; y por otro, el mismo Gobierno nacional lanzaba una especie de ‘salvavidas’ para apaciguar los ánimos de los opositores al proyecto minero.
Aunque hasta el cierre de la presente edición no se conoció el detalle de la resolución de este órgano autónomo, pero adscrito al Ministerio de Energía y Minas, solo la empresa Southern Perú, a través de un comunicado, reconoció haber sido notificada por la “ratificación de la autorización de construcción del proyecto Tía María”.
Entre tanto, desde Lima, el primer ministro, Vicente Zeballos, si bien reconoció la importancia de la inversión privada “social y ambientalmente responsable”, reafirmó que el Gobierno “no va a imponer el proyecto minero Tía María, si no existen las condiciones ambientales y sociales para su desarrollo” (SIC).
De igual forma, anunció que una comisión técnica del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), “realizará una supervisión documentaria in situ, para evaluar si las condiciones de viabilidad contenidas en el estudio de impacto ambiental del proyecto aun siguen vigentes”.
Culpa a Vizcarra
El fallo del Consejo de Minería —filtrado primero a los medios de comunicación— provocó la reacción iracunda del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, quien responsabilizó al presidente Vizcarra por ordenar el sentido de esta disposición.
“Ese Consejo de Minería que depende del Gobierno [nacional], ha tenido que emitir esa sentencia por orden del presidente Martín Vizcarra”, cuestionó.
Además, anticipó que una vez que reciba la resolución que desestima la revisión y el pedido de nulidad de la licencia de construcción, interpondrá un recurso (acción contenciosa administrativa) ante el Poder Judicial, por considerar que la licencia de construcción de Tía María “es ilegal y antitécnica”.
“Esperemos que el Poder Judicial sea autónomo y no se someta al Gobierno de facto de Martín Vizcarra”, agregó.
“Buena señal”
Por su parte el vicepresidente de Finanzas de Southern Perú, Raúl Jacob, destacó que con el fallo del Consejo de Minería “no solo se da viabilidad a la ejecución de un proyecto que tendrá un impacto positivo para el desarrollo de la provincia de Islay, sino que también se da una buena señal a la comunidad [internacional] de inversiones, mostrándonos como un país que cumple sus compromisos”.
De igual forma, el funcionario reiteró el compromiso de la minera de iniciar el desarrollo del proyecto cuando el clima social sea más favorable. Y para ello, “seguirán trabajando de la mano con la población dando a conocer las bondades del proyecto y ejecutando acciones que contribuyan al desarrollo local”.
Protestas se radicalizan
Entre tanto desde el Valle de Tambo, los opositores al proyecto minero anunciaron la radicalización de las protestas que se mantienen desde julio pasado, en rechazo a la ratificación de la licencia de construcción.
Hasta el cierre de la presente edición, dirigentes sociales y autoridades municipales evaluaban las diferentes acciones que asumirían en los siguientes días. A la par, la Policía Nacional del Perú se declaró en ‘alerta absoluta’ para evitar el bloqueo de la carretera Panamericana Sur por parte de los manifestantes.