Rolando Vilca Begazo
Los agricultores, las empresas de generación de energía hidroeléctrica, las prestadoras de servicios de saneamiento y las mineras del país deberán retribuir económicamente por beneficiarse de la cuenca hídrica que les abastece de agua. Esto será en aplicación de la Ley de Mecanismos de Retribución por Recursos Ecosistémicos, según aclaró la ministra del Ambiente, Elsa Galarza Contreras.
Dicha norma, aprobada en el 2014 y reglamentada en el 2016, establece que este aporte económico será destinado a financiar proyectos de conservación y de recuperación del ecosistema, así como a garantizar la sostenibilidad de la fuente de donde proviene el recurso hídrico.
“Esto ya se trabaja en 13 regiones del país y permitirá que un porcentaje de los ingresos que genera el uso del agua se destine a proyectos en las partes altas de las cuencas. El tema [pendiente] es definir cómo se aplicará el mecanismo y quién garantizará que se usen adecuadamente estos recursos”, refirió la funcionaria de Estado.
En el caso de Arequipa, Sedapar será la primera entidad que cumpla esta ley. Galarza adelantó que tendría que pagar de 1 a 3 % de sus ingresos para lo que sería este ‘canon hídrico’. “Las empresas de agua potable ya tienen la norma implementada con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), que determinará el monto que pagarán”, agregó.
Para el caso del aporte de los agricultores, la minera Cerro Verde y Egasa, que se abastecen de la cuenca del Chili, Galarza explicó que “se tendrá que determinar con los propios sectores [a los que corresponden]”, es decir, con los ministerios de Agricultura y Energía y Minas.
La titular del Ambiente señaló que en el país se perdió el 60 % de los glaciares, por lo que es necesario adoptar medidas urgentes que garanticen la disponibilidad del recurso hídrico. Así, la referida ley permitirá contar con un fondo económico que solvente no solo la conservación del ecosistema, sino la construcción de represas.
Ejemplo a seguir
Un buen ejemplo del compromiso que se puede promover a partir de esta norma, según destacó Elsa Galarza, es el acuerdo logrado entre los gobernadores regionales de Ica y Huancavelica, para que los agroexportadores de Ica aporten en la construcción de reservorios en la cuenca alta, situada en Huancavelica.
De igual forma, la empresa que abastece de agua potable a Lima, Sedapal, destinó un fondo de 26 millones de soles para financiar este tipo de proyectos. “Este dinero se puede canalizar a través del Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe) o del Fondo Nacional del Ambiente (Fonam), para diseñar un plan de inversiones y agilizar su ejecución”, apuntó Galarza.
Plan de inversiones
Lo que sigue es que el Ministerio del Ambiente, en coordinación con los gobernadores regionales del país, elabore un plan de inversiones en las cuencas de sus respectivas jurisdicciones. Una vez que se tenga esto, solo quedará sacarlas adelante con el fondo económico que aporten todos los beneficiarios de la cuenca hídrica.
Agilizan evaluación de EIA
De otro lado, Elsa Galarza explicó que se implementó una serie de acciones a fin de agilizar la evaluación y la aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA) presentados por inversionistas en el sector minero y de hidrocarburos.
“Antes, esto tomaba años y ahora el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) lo hace en siete meses”, indicó. Para ello se dispuso la simplificación de procesos sin que esto signifique la flexibilización de las exigencias medioambientales; además, se trabaja de manera coordinada con todas las de-pendencias que tienen que ver con la aprobación de los estudios de impacto ambiental.
Así también, como parte de la modificación del reglamento de evaluación ambiental, se permite la participación ciudadana desde la elaboración de las líneas de base que tomará en cuenta el futuro EIA.
De igual forma, se dejó de lado la presentación de estudios enciclopédicos y muy voluminosos, para entregar informes más analíticos que incluyan: el plan de reducción de impactos, el plan de contingencias, el plan de supervisión de la propia empresa, el plan de participación ciudadana y el plan de cierre. Todos ellos serán revisados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).