Investigador en psicología social, Jorge Yamamoto, sostiene que se debe ‘mapear’ las percepciones de bienestar y felicidad de todas las partes en disputa.
Rolando Vilca Begazo
Ante el actual escenario de conflictividad que vive el país, no solo por el tema minero, sino también en el ámbito político e incluso por el incremento de la delincuencia y el maltrato familiar, el psicólogo e investigador en temas de bienestar y felicidad, Jorge Yamamoto, propuso la elaboración de un plan nacional de conciliación e integración.
“El mejor regalo que podemos dejar al país por el bicentenario de la independencia, no son las obras monumentales, sino un plan nacional de conciliación e integración para encaminar nuestro bienestar y desarrollo como país”, afirmó.
Yamamoto, explicó que la conflictividad en general está creciendo exponencialmente y aún no hemos tocado fondo, por lo que este clima social se podría agravar y generar más violencia.
“Esto es parte de una profunda crisis de valores y de una pérdida de civismo que nos pone en un estado medio salvaje, que implica que formemos tribus pequeñas y combatamos, simbólicamente y concretamente, contra las otras tribus”, explicó.
Es por ello, que consideró necesario asumir una estrategia nacional, con la intervención de “todos los peruanos sanos que quieren un mejor Perú para todos, sean comuneros, nativos, pobladores urbanos de cualquier región, líderes políticos o empresarios”.
Problema de
concepciones
Según Yamamoto, en la raíz de todo conflicto está la falta de conciliación de las distintas concepciones de bienestar y felicidad, que tienen las comunidades nativas, campesinas, los individuos en general, los mineros, empresarios o los mismos partidos políticos.
“Cada uno cree que su concepción de lo que es felicidad y desarrollo es la única y cuando aparece otra distinta o que se contrapone, esta es despreciada, ignorada o debe ser ‘evangelizada’ para que entre en su misma percepción. Ese es el caos de las narrativas que tenemos en la actualidad”, refirió.
Es en ese contexto, agrega Yamamoto, en que se inicia “el diálogo de sordos y se genera un conflicto emocional, que se transforma en un caldo de cultivo para que los líderes del caos capitalicen eso y se escale a las catástrofes conflictivas que tenemos en el Perú”.
Sector minero
En relación a la conflictividad social por la inversión minera, Yamamoto, dijo que ocurre lo mismo, porque mientras las comunidades campesinas o nativas defienden sus valores y su entorno como parte de su cultura, los empresarios en ocasiones privilegian “la ultra competencia, la participación en el mercado y el aumento de la productividad”.
No obstante, consideró que los grandes gremios y particularmente el sector minero “está llamado a resolver los conflictos sociales, porque son partícipes interesados y motivados y además tienen los recursos para ello”.
Plan nacional
Frente a este contexto, Yamamoto, sostuvo que es necesario “mapear todas las concepciones de bienestar que tienen las diferentes comunidades y sociedades del país y sobre esa base empezar a diseñar un plan de intervención”.
“Todo el mundo habla de planes de concertación de desarrollo, pero no tienen la base suficiente. No saben qué valores comunes pueden quedar de lado y qué valores no deben ser afectados para no despertar el conflicto”, apuntó.
Este trabajo no es sencillo ni basta con enviar a personas como ‘mochileros’ para que en una semana levanten información y obtengan conclusiones de las zonas de conflictos. Se trata de identificar los valores que tienen las personas y que definen sus metas de vida, los recursos que disponen para ello y medir el logro de esas metas.
“Cada uno cree que su concepción de lo que es felicidad y desarrollo es la única y cuando aparece otra distinta o que se contrapone, esta es despreciada, ignorada o debe ser ‘evangelizada’ para que entre en su misma percepción”.
Jorge Yamamoto.
Todo ello, se debe traducir en un mapa científico que permita armar experimentos matemáticos para observar cuidadosamente los resultados e introducir algunas mejoras. Así se puede llegar a un plan nacional de conciliación que no solo se aplicaría en una zona de influencia extractiva, sino para la ejecución de cualquier proyecto que tenga impacto social e incluso para atender los conflictos familiares.