Geraldine Canasas Gutiérrez
El último informe de la Defensoría del Pueblo revela la existencia de un total de 171 conflictos sociales en el país. Solo en noviembre se han registrado seis incidentes y las alertas de nuevas confrontaciones se han incrementado de 25 a 32 casos. El panorama es aún más preocupante al comprobar que este mes se ha resuelto tan solo uno de los conflictos en todo el país.
Nuevas políticas
Para Iván Lanegra Quispe, exviceministro de Interculturalidad, la característica del gobierno de turno frente a temas relacionados con conflictos sociales ha sido el cambio de enfoque y de personas responsables en estos temas.
“Se ha creado una oficina dentro de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) que ha reemplazado la de Gestión y Diálogo y, a la vez, se ha creado un viceministerio. Esto, en principio, lo que quiere es lograr la consolidación de una línea política frente a cualquier contingencia social, es decir, el cambio empieza desde la institución”, señala.
Sin embargo, y a pesar de estas nuevas medidas, el especialista observa la misma forma de manejar estos temas respecto a periodos anteriores: “Muchos de los conflictos actuales son herencia de gobiernos anteriores que han preferido dejar transcurrir el tiempo, quizá por la dificultad y la complejidad de los mismos.
Y, claro, ahora tenemos bombas de tiempo que explotan cada nada y que nos permiten ver la radiografía de un país que no ha sabido dialogar a tiempo y, por ende, pierde; pierde la confianza de aquellos a quienes gobierna y pierde inversiones muy necesarias para el país”, agrega.
¿Y la consulta previa?
Uno de los mecanismos implementados para resolver conflictos sociales en el Perú es la consulta previa, incorporada a nuestra Constitución en 1994 y puesta en marcha en el 2011, pero cuya eficiencia es cuestionada debido a que no va acompañada de una correcta asesoría jurídica para aquellos que deciden utilizarla.
Al respecto, Lanegra sostiene que esta “solo es efectiva si se ha trabajado con mucho tiempo y observando todos los pros y contras de los actores involucrados”. “Los acuerdos a los que se llegan son vinculantes, es decir, tanto el Estado como los particulares y las comunidades tienen el deber de responder frente a lo acordado.
Por ejemplo, en el lote 192 [de Camisea] las comunidades, gracias a un acuerdo logrado mediante consulta previa, acordaron que cualquier tipo de renovación del contrato que tuviese que ver con los recursos de hidrocarburos de esas zonas deberá ser comunicado, de lo contrario, se procedería a iniciar los procesos legales pertinentes por incumplimiento, y actualmente es vigente”, explica.
El oportunista legal
Hasta hace unos años, a esta relación asimétrica entre el Estado, las empresas particulares y las comunidades o las poblaciones vulnerables se ha sumado también la presencia de otro actor: el abogado defensor.
Bajo esta figura encontramos a quien debería de defender los intereses de los pobladores, pero en la realidad la mayoría de las veces se ha convertido en el personaje que entorpece aun más las negociaciones.
“Importantes estudios de abogados han creado especializaciones. Muchos de ellos, frente a algún tipo de problema relacionado al medio ambiente, corren a ver si hay alguna posibilidad de crear procedimientos legales que generen algún beneficio para las comunidades. Pero la verdad es que la posibilidad de encontrar algún tipo de indemnización es un estímulo muy fuerte”, denuncia Lanegra.
El exfuncionario está convencido de que muchos abogados “crean un falso caso donde no hay absolutamente nada, y lo único que logran es embaucar a los pobladores para que les proporcionen algún tipo de ingreso”. “Esto —añade— no solo perjudica a las personas que caen en el juego, sino que muchas veces las peticiones que se derivan de los escritos y la intransigencia vestida de una supuesta legalidad han hecho que muchas empresas desistan de sus propósitos de invertir, y esto genera cuantiosas pérdidas”.