OEA y TC deben restituir el orden democrático en el Perú

Rolando Vilca Begazo

En estos momentos la disolución del Congreso parece consumada y más aún con un proceso electoral en marcha para elegir el 26 de enero del 2020 a quienes completarán el periodo de los parlamentarios que hoy, en términos deportivos, quedaron fuera de juego.

Sin embargo, en opinión del ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola Hani, la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el propio TC podrían ayudar a restituir el orden democrático y constitucional en nuestro país.

Para ello, Urviola explicó que la OEA debe regirse a la Carta Democrática Interamericana que suscribieron los países americanos en el 2001, y donde se comprometen a garantizar “la “estabilidad de los estados democráticos, propiciando un estricto respecto al orden constitucional”.

“[El presidente Martín] Vizcarra ha concentrado su poder, porque tiene dominio de territorio y dominio de la fuerza [por el apoyo de las FF.AA. y la PNP], pero no tiene legalidad. Ha pasado a ser un presidente de facto”:

Óscar Urviola Hani, ex presidente del Tribunal Constitucional.

Ahora, si bien el secretario general de OEA, Luis Almagro, adelantó que la convocatoria a las elecciones congresales ‘complementarias’, es “un paso constructivo” por darse de acuerdo a los plazos constitucionales y “donde la decisión definitiva recaerá en el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación”; para Urviola estamos ante un gobierno de facto.

“[El presidente Martín] Vizcarra ha concentrado su poder, porque tiene dominio de territorio y dominio de la fuerza [por el apoyo de las FF.AA. y la PNP], pero no tiene legalidad. Ha pasado a ser un presidente de facto”, declaró a Encuentro. 

Urviola, aclaró además que pese a que la decisión de Vizcarra para disolver el Congreso tiene el respaldo mayoritario de la población, “eso no legaliza ni constitucionaliza” su actuación. Esto, “porque una cosa es la legitimidad que le otorga el reconocimiento popular y otra, conducirse dentro del orden legal y constitucional”.

Es en ese contexto en que consideró que, sin perjuicio de que este tema también sea abordado por el Tribunal Constitucional —donde tomará no menos de 3 a 4 meses determinar la legalidad o no de la actuación de Vizcarra— “es urgente que se busque una solución rápida” a partir de la intervención de la OEA.

“Un gesto inicial sería convocar a los cancilleres [de los países miembros de la OEA] para analizar el caso peruano”, agregó. Esto, incluso en atención al pedido hecho por el presidente del congreso disuelto, Pedro Olaechea y de la renunciante a la Segunda Vicepresidencia de la República, Mercedes Araoz.

El engorroso camino del TC

En cuanto a la participación del Tribunal Constitucional, Urviola, recordó que esta institución no puede intervenir “de oficio”, ni tampoco es un “órgano consultivo”, por lo que se requiere de la presentación de una demanda de ‘conflicto competencial’ para que pueda intervenir.

Recordemos que, el pasado lunes de 30 de septiembre, Vizcarra interpretó que el Congreso negó de manera “fáctica”, y por segunda vez, la cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo, y por tal razón dispuso la disolución del Congreso, en aplicación del Art. 134 de la Constitución. 

“Este es un Gobierno democrático y sometido a lo que manda la Constitución. Si hubiera esta circunstancia extrema [para que el TC intervenga], obviamente tendremos que allanarnos. Somos respetuosos de la autonomía e independencia de los poderes [del Estado]”

Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros

Además, en la legislatura anterior del fenecido Congreso —cuando estaba como presidente Daniel Salaverry—, el pleno acordó presentar un ‘proceso competencial’ ante el TC en relación a la aplicación de la cuestión de confianza, pero esto nunca se concretó.

Ahora, Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente del Congreso —que sigue en función—, podría hacer cumplir ese acuerdo y formular la demanda respectiva ante el TC. 

Pero también hay que advertir que este procedimiento tiene varias complicaciones. Por un lado está el tiempo prolongado que tomará su desarrollo y por otro, si es que se logra la ‘correlación de fuerzas necesaria’ para obtener el voto mayoritario de cuatro de los siete miembros del TC a fin de emitir un fallo final.

Lo bueno de seguir este camino, es que el premier Vicente Zeballos, admitió que de llegarse a esta “circunstancia extrema”, el Ejecutivo se allanará a la decisión final. 

“Este es un Gobierno democrático y sometido a lo que manda la Constitución. Si hubiera esta circunstancia extrema, obviamente tendremos que allanarnos. Somos respetuosos de la autonomía e independencia de los poderes [del Estado]”, declaró a una radioemisora de alcance nacional.

Lo malo, es que el fallo final podría salir cuando ya esté en funciones el nuevo parlamento, y si este considera ilegal la disolución del Congreso dispuesta por Vizcarra, generaría otro dilema jurídico para su cumplimiento. 

Un detalle más, seis de los siete magistrados del TC ya cumplieron su periodo para el que fueron elegidos y; ahora, el ex presidente del Congreso, Pedro Olaechea, a través de un oficio pidió al TC, incorporar a Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, su primo, como nuevo magistrado elegido el fatídico 30 de septiembre en el Congreso.

¿Otro obstáculo?

Poco se ha dicho sobre la labor que cumplirá la Comisión Permanente del Congreso durante el tiempo que durará la disolución de este poder del Estado. 

Este órgano integrado por 27 legisladores y donde, una vez más, Fuerza Popular —la bancada fujimorista— y sus aliados, tienen mayoría absoluta, seguirá ejerciendo una función de control.  

De acuerdo al Art. 46 del reglamento del Congreso, que se aplica de manera expresa en caso de su disolución, “durante el interregno parlamentario o receso parlamentario la Comisión Permanente ejerce sus funciones de control conforme a la Constitución política”.

Esto quiere decir, según Óscar Urviola, que su labor no será solo de órgano consultivo, sino que “revisará todos los decretos de urgencia” que dicte el presidente Martín Vizcarra, por lo que “tendrá que haber una relación fluida —entre ambas partes— para que pueda ejercer su gobierno”.

Es decir, aquí podría originarse un nuevo enfrentamiento si es que no se establece una relación armoniosa entre la Comisión Permanente y el Ejecutivo. Como mencionó Óscar Urviola, la coyuntura que vive el país es inédita y no tiene una normatividad explícita en el ámbito jurídico, por lo que los problemas que se presenten tendrán que superarse a través de otros mecanismos de diálogo y concertación, en beneficio del país.