Geraldine Canasas Gutiérrez
Con la elección del presidente de la república elegimos de manera indirecta a la primera dama. En nuestro país el desenvolvimiento y las acciones de las esposas de los mandatarios han generado diversas polémicas e incluso se las ha vinculado con hechos de corrupción, lo que ha motivado un debate en torno al rol que actualmente desempeñan.
Formalización
Para el analista José Carlos Requena la función que realiza la primera dama debería de formalizarse y convertirse en un cargo dentro del aparato estatal, sin embargo, esto sigue siendo un tema ignorado por los políticos de turno. “El Gobierno haría bien en abrir un debate para luego formalizar el cargo porque no tiene ningún sentido que el consorte del presidente no tenga definido jurídicamente el rol que la realidad social le asigna”, señala.
“El gran error de las decisiones que se toman en el país es que se legisla o regula de acuerdo con la coyuntura y yo creo que lo más sensato es regular de acuerdo con lo que la realidad indica, y en este caso la realidad nos dice que por lo general las personas que asumen este cargo son casadas y que directa o indirectamente dedican tiempo a alguna labor social, entonces es correcto crear un cargo y delimitar funciones”, afirma el analista político.
Para Requena, la formalización y delimitación del cargo evitaría los excesos de protagonismo político que han tenido varias de ellas: “Eliane Karp de Toledo tuvo no solo representatividad, sino también peso político al punto que se le asignó un despacho y personal, que me parece lo más acorde y sincero. Lamentablemente, aquí hubo un exceso de protagonismo porque no hubo una delimitación de funciones”.
Con la elección de Alan García Pérez la iniciativa del despacho de la primera dama se disuelve y con ello también la asignación presupuestada. “Para muchos, quitar la oficina y el personal fue positivo, pero hubo un retroceso; por ejemplo, en Estados Unidos hay una oficina, dinero y personal formal para la esposa del presidente y esto es asumido por la gente, yo no creo que algo así deba ser ocultado o llevado en perfil bajo. Por el contrario, debe ser formalizado, así también aseguramos que se rindan cuentas después del uso de los recursos públicos”, dice Requena.
Público versus privado
Sobre los hechos delictivos en los que han sido vinculadas las ex primeras damas Eliane Karp (caso Ecoteva), Nadine Heredia (caso Prodin) y actualmente Pilar Nores por los aportes hechos por la empresa Odebrecht a su ONG Trabajo y Familia, Requena comentó que esto no debería estar permitido, pues “de haber un cargo formal, la primera dama asumiría su rol de funcionaria pública y no debería presidir ninguna ONG u organización particular por muy bueno que sea el fin que tenga, así se evitaría poner en cuestión los intereses particulares que podrían deslindarse de este tipo de funciones”.
También afirma que, al no haber un cargo delimitado con funciones específicas, esto contribuye a que haya informalidad y, por ende, muchas veces a que esto derive en hechos delictivos o corruptos. “Si algo no está delimitado ni normado muchas veces ocasiona que los altos mandos encuentren mecanismos informales para proceder en diferentes circunstancias y eso no le hace nada bien al Gobierno y en general a nuestro país”.
“En la medida en que haya delimitación y en la medida en que las personas que ocupan estos cargos sean conscientes de sus límites y sobre todo haya escrúpulos en esta gente —yo sé que es un poco difícil de encontrar—, pero si todo esto queda claro no tendríamos excesos ni presuntos hechos delictivos y así tampoco se temería al hecho de que la primera dama pueda hacer uso de los recursos públicos para las funciones que deba desempeñar”, concluye.