Rolando Vilca Begazo
Revertir la brecha de infraestructura que tiene el país a través de la asociación público privada (APP) —que es el mecanismo que ejecutó más inversiones en los últimos 16 años— nos tomaría unos 50 años, según explicó el director general de Concesiones en Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Yaco Rosas Romero.
A la fecha, según la Asociación para el Fomento de Infraestructura Nacional (AFIN), la brecha de infraestructura pública para los próximos cuatro años asciende a US$ 69 000 millones; pero si nos orientamos hacia la próxima década, la cifra bordearía los US$ 160 000 millones.
Ahora, el ritmo de inversiones que se concretaron a través de las APP fue en un promedio de US$ 3 000 millones por año. De tal forma que necesitaríamos más de medio siglo para ejecutar todas las obras que demanda el Perú a fin de atender los requerimientos en los sectores de transportes, energía, telecomunicaciones, salud, agua y saneamiento, y educación.
“A los países asiáticos les tomó como 25 años resolver su déficit de infraestructura y a nosotros nos tomaría el doble”, apuntó Rosas Romero durante su presentación en el X Congreso Anual sobre la Región Arequipa (CARA 2016). El sector que concentra la mayor brecha en infraestructura es el de transportes (36 %), seguido de energía (19 %), telecomunicaciones (17 %) y salud (12 %).
¿Por qué las APP?
Para Yaco Rosas, la única forma de revertir la falta de infraestructura pública es a través de la inversión privada y en ese escenario la asociación público privada (APP) se constituye en un instrumento muy atractivo si es que se promueve y se adoptan algunas modificaciones a la norma que la regula, para agilizar la ejecución de proyectos.
Además, a diferencia de la inversión pública de parte del Estado, las APP garantizan la sostenibilidad de las obras a futuro porque incluyen los costos de operación, mantenimiento y posterior transferencia al finalizar la concesión establecida.
“Además en el esquema tradicional (inversión estatal), el sector público es el responsable de proveer el servicio, mientras que en la APP el privado nos garantiza su funcionamiento porque de allí mismo recupera la inversión”, señaló.
A esto se pueden añadir los beneficios que se obtienen por la reducción de costos y la selección de la empresa con mayor respaldo para que garantice la utilidad futura de la obra.
¿Cómo vamos en Arequipa?
A nivel de la región Arequipa, si bien no se cuenta con una evaluación económica del costo de la brecha en infraestructura, sí se manejan algunos indicadores elaborados por Aurum Consultoría y Mercado, para saber cómo estamos y qué falta por hacer para mejorar los servicios de transporte, educación y saneamiento básico.
Así, por ejemplo, en cuanto a la red vial, se conoce que el 77.5 % de las carreteras no están asfaltadas. A nivel de provincias, el panorama es más complicado. En Caylloma —que cuenta con la mayor extensión de vías (1 978 kilómetros) —, menos del 10 % del total (154 kilómetros) está pavimentado. Similar situación ocurre en Castilla, La Unión y Condesuyos.
A nivel de infraestructura educativa, resultaba sorprendente que a diciembre del 2015, tres de cada diez colegios públicos no contaban con las conexiones de los tres servicios básicos (agua, luz y desagüe).
En saneamiento, a nivel regional el 79.2 % de hogares cuenta con agua potable dentro de la vivienda; pero si desagregamos este indicador por distritos vemos, por ejemplo, que en Cayma solo el 69.1 % de familias tiene este servicio, mientras que en Tiabaya se llega a 72.7 % y en Paucarpata al 83.5 % de la población.
En cuanto a alcantarillado, el 62.5 % de hogares en la región Arequipa cuenta con red pública de desagüe dentro de la vivienda; sin embargo existe una marcada diferencia entre el ámbito urbano y el rural. Hacia fines del 2015 solo el 10.7 % de la población ubicada en el área urbana carecía de alcantarillado, mientras que esta deficiencia en la zona rural crecía hasta 72.2 %.
El indicador con mejores resultados es el de acceso a energía eléctrica. El 95.5 % de hogares de la región tiene alumbrado; y a nivel provincial, La Unión con 67.5 %, Caravelí con 88.1 % y Castilla con 88.2 % son los que tienen menor cobertura.
