Rolando Vilca Begazo
La venta de las acciones de Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano (GSP) debería de ser aprovechada por el Gobierno nacional para renegociar el costo de este proyecto, según recomendó el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi.
El tendido de este ducto que permitirá el abastecimiento de gas natural a las regiones de Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna demandará una inversión de US$ 4125 millones y, con los gastos de operación y mantenimiento por los 34 años de la concesión, llegará a US$ 7328 millones. Sin embargo, en opinión de Carlos Herrera estos valores se pueden reducir, como mínimo, en un 20%.
“Habría que revisar los documentos iniciales que dieron origen al contrato de concesión. Por información extraoficial de gente vinculada al sector en ese momento, se conoció que en el valor de la obra —fijado por ProInversión—había un margen de error de 40%. Entonces, en ese escenario sí se puede conseguir una reducción del costo”, explicó.
Acuerdo sellado
Al cierre de la presente edición se concretó el acuerdo de venta de la participación de Odebrecht, tanto en la operación como en la construcción del GSP, al consorcio formado por la empresa estadounidense Sempra y la ítalo-argentina Techint. De esta forma, se superaba la no-elegibilidad de Odebrecht para acceder a un crédito financiero que le permita ejecutar este proyecto.
Lo que sigue ahora es que el Gobierno peruano, a través de una nueva adenda al contrato de concesión original, reconozca la nueva composición del concesionario a cargo del GSP —se mantendrán Enagas y Graña y Montero—, para que el pool de bancos internacionales apruebe el préstamo por los US$ 4125 millones que cuesta la obra.
Tampoco debemos olvidar que este proyecto, como recuerda Herrera Descalzi, “no está en cero”, porque ya se realizaron algunas obras preliminares en Cusco. Como tal, el pool de bancos ya comprometió una inversión y ahora “presionarán para que el proyecto salga adelante sin ningún otro contratiempo”.
Renegociación
Es en estas circunstancias en que el Ejecutivo debería convocar al nuevo consorcio que asumirá el GSP para revisar la valorización inicial del proyecto. No obstante, Herrera Descalzi dudó de que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski “perciba esta oportunidad que tiene de conseguir un mayor beneficio para el país”.
Incluso, dijo que el Estado podría convocar a una nueva licitación del GSP porque el consorcio actual no puede continuar con el proyecto. “Aunque este escenario sería mal recibido por la población del sur, que tiene la idea de que cuando llegue el gas les cambiará la vida por completo; pero eso no ocurrirá, al menos, en el corto plazo”, argumentó.
Masificación
De igual forma, el exministro se mostró sorprendido por las últimas declaraciones del Presidente, al señalar que propondrá a los nuevos integrantes del concesionario del GSP un compromiso de masificación del uso del gas natural en el sur.
“Esa función no les corresponde. Ellos solo tienen a cargo la construcción y operación del gasoducto, y es muy diferente la labor de distribución. En todo caso, se podría plantear la inclusión de un socio adicional para que distribuya el gas en el sur, pero eso suena un poco serio porque se cambiaría el contrato”, agregó.
Grueso error
Otro problema que llama la atención, y que en opinión de Herrera Descalzi compromete la utilidad del GSP, es que hasta el momento no se hayan firmado contratos de abastecimiento de gas con grandes consumidores en el sur. Esto ocurre porque no habría disponibilidad de gas para venderle al sur y solo alcanzaría para atender la demanda del gasoducto del centro.
Así las cosas, el sector privado no se arriesgaría a realizar inversiones en industrias o plantas petro-químicas porque no ten-dría asegurado el suministro de su principal insumo (gas natural).
En el caso de una petroquímica, al margen de donde esté ubicado —en Matarani o Ilo— y que bien podría usar hasta el 50% de la capacidad de transporte del GSP, la ejecu-
ción ya está retrasada.
Solo su construcción tomaría no menos de dos años y medio; y si a eso se añade el cierre financiero del contrato de licitación —que tampoco se convocó—, los trámites para adquirir los terrenos y aprobar los estudios de ingeniería e impacto ambiental, podríamos llegar hasta los cinco años. Y la construcción del GSP tomaría tres años.
Es decir, si todo marcha bien, en el 2019 tendríamos un GSP que no se utilice, porque además el nodo energético que usará gas para generar energía en Mollendo no tiene un mercado asegurado para atender, salvo que mire hacia Chile.
Y como corolario, el consumidor eléctrico —usted y yo— veríamos incrementada la tarifa que pagamos actualmente hasta en 20% para pagar la construcción y el funcionamiento del GSP, porque así está establecido en el contrato de concesión.